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311 - Ecuador Escalada del conflicto por narcotráfico y militarización, sus impactos en el sector rural
Ecuador: Escalada del conflicto por narcotráfico y militarización, sus impactos en el sector rural
Por: Francisco Hidalgo Flor
Sociólogo, profesor de Sociología
Agraria en la Universidad Central del Ecuador.
Es una situación compleja la que atraviesa el Ecuador a inicios del 2024, ahora fuertemente marcada por el impacto del incremento de la violencia, que ha alcanzado tales niveles, que, si comparamos con los registros de fines del 2019, tiempos de prepandemia, se ha agravado en un 300%. Las masacres carcelarias de enfrentamientos entre bandas criminales provocaron en los últimos dos años alrededor de 170 víctimas. Si es de espanto, pero no se resuelve decretando situación de guerra. Poco ayuda, la reciente medida del gobierno del novel primer mandatario Daniel Noboa de declarar situación de “conflicto armado interno”.
Una situación es aquella de expansión de bandas de narcotráfico y masacres carcelarias, y otra distinta es un conflicto armado interno. Cabe preguntar: ¿Cuántos países en el mundo atraviesan por fenómenos como el crecimiento del narcotráfico y expansión de mafias?: muchos; y, ¿cuántos califican y proceden como situación de conflicto armado interno?: Ecuador y algunos más por allí.
Las causas que han provocado que Ecuador se convierta en un punto medular de los nuevos circuitos de tráfico de droga hacia los Estados Unidos y Europa obedecen más a razones externas que internas, y no se resuelven escalando militarmente el conflicto.
Entre los factores externos que se mencionan están: el incremento de cultivos de coca y producción de cocaína en las regiones fronterizas con Ecuador, el rol mas acentuado de mafias transnacionales con asiento en México para el narcotráfico con Estados Unidos y de mafias balcánicas hacia los mercados de Europa, que han buscado y alentado a “socios locales” en Ecuador, la expansión de la demanda en el “primer mundo”.
Entre los factores internos se encuentra la aguda crisis económica y de desempleo en el país, que afecta intensamente a los jóvenes de los barrios marginales urbanos y la corruptibilidad de jueces y policías, la permeabilidad para el uso de puertos en el litoral, en los embarques de exportación y de los circuitos financieros azuzados por la dolarización.
Lo más grave son los impactos en el conjunto de los sectores populares, urbanos y rurales, la expansión de las bandas de narcotráfico, junto a ello trata de personas y extorsión, peligro más agudo en los territorios de especial interés para estos sectores, las zonas cercanas a puertos, de cualquier dimensión que estos sean y el masivo reclutamiento de jóvenes, a veces casi niños/as. Esto se expresa principalmente en las provincias de la región litoral, y también en algunas de la amazonía, así como en zonas de frontera. Un ejemplo de ello es que el grupo que efectuó el asalto al canal de televisión TC, días pasados, estaba conformado por jóvenes entre los 16 y 24 años, que fueron incapaces de transmitir cualquier mensaje que no sea aquel de mostrar armas, dinamita y amedrentamiento a rehenes.
Las razones para la declaratoria político – militar de “conflicto armado interno” no están en la expansión del narcotráfico sino en otro lado, en los sectores y fuerzas que ven la ocasión de obtener con ello un consenso social que no lo han podido forjar de otra manera.
El estado de “conflicto armado interno”, declarado por el gobierno de Noboa no resuelve elementos inmediatos y mediatos de la problemática, y si beneficia a los cuerpos militares y la expansión de las redes del Departamento de Estado de Estados Unidos en el control de la seguridad del país y las fronteras, incluida la marítima. En estos días el principal portavoz gubernamental es el jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, y el embajador de los Estados Unidos concurrió a la reunión del Consejo de Seguridad del Estado.
Le permite al gobierno del nuevo presidente Noboa hacer uso de un discurso y apelar a tipo de políticas con mayor cuerpo de aquel que exhibió en la campaña electoral y en los primeros eventos gubernamentales (sus intervenciones públicas apenas duraban alrededor de quince minutos). Con el coro de los grandes medios de comunicación se expande el vocabulario de: guerra, armamento, restricción de derechos, unidad nacional, hasta se menciona la pertinencia de un “impuesto de guerra”.
A la par se anuncia la instalación de bases militares estadounidenses, que desde un par de años atrás ya tienen actividad abierta en la región insular de las Galápagos.
En todos estos operativos nada o poco se menciona del control e investigación a la circulación de capitales provenientes del narcotráfico en el sistema financiero nacional. Se han denunciado vínculos con sectores políticos gubernamentales, por ejemplo, la relación que tenían con familiares cercanos al ex - presidente Lasso. Pero de la banca y sectores como el inmobiliario nada se dice. La condición de un país dolarizado es un acicate para el lavado de este tipo de dineros.
Esta situación coloca en el centro de la preocupación nacional al tema de la crisis de seguridad y violencia, el ambiente de miedo se difunde. Uno de los efectos es que desvía la atención a los esfuerzos por fortalecer al campo popular, tanto organizativa como políticamente. En cambio, consolida a discursos de derecha y de conflagración. Aúpa la propagación de lo que pudiéramos denominar un “sentido común conservador” en la población ecuatoriana.
Impactos de la escalada del conflicto en los sectores rurales.
En el marco de este breve artículo, de mirada general y sintética sobre el conflicto marcado por la expansión del narcotráfico, la respuesta por la vía de decretar la situación de “conflicto armado interno” y la expansión de la violencia, en este punto nos detenemos en una rápida mirada respecto de la situación en el sector rural ecuatoriano, para lo cual colocamos cinco puntos clave:
El primer punto clave a considerar es que en el Ecuador es reducida la producción local de coca y marihuana u otro tipo de drogas criminalizadas, por lo cual zonas rurales dedicadas a la producción o procesamiento de este tipo de drogas es baja. Sigue siendo principalmente una región dedicada a la circulación y punto de embarque y envío hacia los mercados de Estados Unidos y Europa.
El segundo punto a indicar es que la afectación mas importante está referida a los nexos de las zonas rurales con las redes de narcotráfico, que afecta especialmente a los sectores exportadores y dentro de ellos a fases de la producción, comercialización y exportación bananera, de otras frutas y cacao. En el rango de producción bananera por el uso de pequeños aeropuertos para avionetas de fumigación en estas plantaciones, de hecho, se registran varias capturas de las llamadas “narcoavionetas” en haciendas medianas o grandes en la región litoral. En el rango de comercialización y exportación, se registra el fenómeno denominado de “contaminación de embarques”, esto es la colocación de paquetes de cocaína, en ocasiones llega al nivel de varias toneladas, en los contenedores de exportación de este producto, y también en otros como piña o cacao, en especial hacia los países europeos.
Un tercer punto es el impacto en la población joven migrante e itinerante entre zonas rurales y los barrios periféricos o marginales de las urbes con mayor impacto de las bandas de narcotráfico: Guayaquil, Durán y Esmeraldas, por lo cual se incrementa el nivel de “reclutamiento” hacia estas organizaciones delincuenciales.
Un cuarto punto, articulado a los anteriores, es el impacto en ciudades pequeñas o medianas rurales, en especial en la región litoral, que se convierten en zonas de reserva y acopio, tanto de droga, como armas y circulación de los miembros de las bandas, lo cual altera y trastorna las condiciones de vida en estas partes del campo.
Un quinto punto es la expansión del fenómeno de la militarización del país, el crecimiento de la presencia y control policial y militar de ciudades, barrios y recintos, de fuerzas directas o de redes de contactos e informantes, junto a ello la propagación de propaganda y criterios ideológicos que legitiman y aúpan esta militarización también de las zonas rurales.
A modo de conclusión, los fenómenos analizados: la profundización de la vía militar para enfrentar política y policialmente el conflicto y la expansión de las redes de mafias de narcotráfico, más el acentuamiento de un sentido conservador en la opinión pública, están cambiando la sociedad, la política y la cultura del Ecuador, que probablemente luego de la evolución de estos acontecimientos será muy distinto, en sus zonas urbanas y rurales y en su población.