¿Es el campo rural una prioridad en los comicios electorales en Sudamérica?

Ruth Bautista Durán
Socióloga y responsable del área de
 Investigación del IPDRS.

El año 2021, estuvo marcado por una peculiar etapa de la pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2; y, además, en Sudamérica, por una serie de comicios electorales: elecciones presidenciales en Ecuador, Perú y Chile; elecciones legislativas en Argentina, elecciones subnacionales o regionales en Bolivia, Chile y Argentina; y un referéndum para convención constituyente en Chile. El 2021, también fue antesala electoral de Colombia y Brasil, y resulta un buen momento para observar el debate respecto al desarrollo rural. Buena parte de la discusión internacional del presente está sobrecargada por una polarización entre la izquierda y la derecha; no obstante, el ámbito agrario y territorial nos invita a aterrizar en aspectos prácticos y actuaciones políticas que ilustran con mayor claridad sobre los posicionamientos y vocaciones de desarrollo de las clases políticas.

Según diversos estudios, los partidos y agrupaciones políticas en la región, atraviesan una crisis de credibilidad y, pese al clima de polarización ideológica, se les atribuye un ejercicio más clientelar que programático. Una pregunta principal en estas cuestiones, podría ser ¿Es el campo rural una prioridad del debate electoral y político? Conocer si el tema está en la agenda política, los programas políticos de unos y otros partidos, agrupaciones y coaliciones, y hacer seguimiento de las expectativas de las organizaciones, podría señalar la viabilidad política de las demandas y reivindicaciones territoriales.

La gestión política de la pandemia ha mostrado una serie de conductas que revelan el posicionamiento de los diferentes gobiernos respecto a la desigualdad social y económica, y específicamente, respecto a las poblaciones rurales. La gestión gubernamental de la pandemia remite a una estructura de pensamiento respecto a la atención de la población en sus diferentes estratificaciones, a una forma de utilizar las instituciones públicas y fuerzas del orden y una vocación por el tipo de inversiones económicas priorizadas. Estas actuaciones y la crisis de institucionalidad, credibilidad y legitimidad política, que se ve en los últimos años también nos hablan de un desgaste generalizado de la democracia, como una forma de gobierno que nos costó tiempo, luchas y vidas; y que, últimamente, se ha visto reducida a la asistencia a comicios electorales, y no así, a una serie de decisiones que tienen que ver con los recursos naturales, el cambio climático y las diversidad de inversiones estatales por el bien común.

En el caso del Ecuador, los comicios electorales por la presidencia, se vieron marcados por la controversia y puso el foco, antes de la segunda vuelta, en una tensión entre el Movimiento Creando Oportunidades (CREO) que postuló a Guillermo Lasso y una izquierda más o menos representada por Andrés Araúz del Movimiento Revolución Ciudadana, y luego, por la Unión por la Esperanza (UNES), y el partido Pachakutik con Yaku Pérez. De los posibles candidatos, únicamente la FECAOL correspondía a una agenda campesina, pero la candidatura no prosperó. El resto de candidatos, con excepciones, representó la agenda empresarial del campo, que demanda tecnología, mercado de exportación, crédito y condonaciones. Ninguna de las instancias en competencia tocó el tema de la concentración de la tierra y la demanda de reforma agraria. De los postulantes, alguno tuvo relación directa con el sector agroindustrial, pero en general, se mostró que no existe una propuesta sobre el desarrollo rural. En los debates finales, la mayoría de los partidos se afirmaron en la subordinación campesina a la agroindustria, la producción para la exportación y los tratados de libre mercado. Los candidatos más progresistas abordaron temas de urgencia, pero perdieron fuerza en la segunda vuelta, más cuando Pachakutik quedó fuera por medio punto y, con la sospecha de un fraude, decidió convocar a las bases indígenas, campesinas y populares al “voto nulo ideológico”. Fue Lasso quien finalmente ganó -aunque en algunos territorios fue vencido por el ideológico nulo- dando pie a una continuidad de políticas neoliberales en este país.

El proceso electoral del Perú, señalaba como candidata preferida a Keiko Fujimori de Fuerza Popular; sin embargo, la primera vuelta dio la sorpresa de una mayoría, de Perú Libre y su candidato Pedro Castillo, un maestro rural que logró articular a varios sectores de la población. En cuanto a sus programas y propuestas sobre la ruralidad, Fuerza Popular hizo énfasis en aumentar los niveles de productividad y abordar la problemática del riego. El rol estatal se mostró como promotor de la productividad y la reducción de la pobreza, para lo cual fue principal el financiamiento, ampliar los recursos para el crédito, la implementación del seguro agrario ante desastres naturales, planificar la oferta de alimentos y ajustar los precios. Además, incorporó el tema de la protección de la producción nacional ante las importaciones.

En el caso de Perú Libre, que fue el frente ganador de los comicios, su programa destacó el tema del riego, y dio mayor protagonismo al Estado en cuanto a la seguridad alimentaria como parte de la seguridad nacional, y propuso una mayor descentralización del Ministerio de Agricultura. Su propuesta incluyó la forestación y reforestación, el empadronamiento e industrialización de la hoja de coca. Un aspecto interesante, es que el protagonismo estatal en esta propuesta, cobraba importancia en el control de monopolios y señaló una posible reversión de tierras de grandes proyectos de irrigación hacia la pequeña producción. Estos temas no son menores en el contexto peruano, marcado por una fuerte presencia minera en diversos territorios, una falencia importante en el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas y un casi abandonado proceso de saneamiento y titulación de tierras colectivas. Los desafíos para este candidato que se mostró alineado al progresismo, son enormes.

En el caso de Chile, la mayoría de las propuestas políticas incidió en cerrar las brechas y desigualdades en la ruralidad, principio que lejos de fortalecer a las organizaciones campesinas e indígenas, pasa por su asociatividad -o subordinación- con los agronegocios destinados a la exportación. El Partido Republicano de José Kast planteó la descentralización de las políticas públicas agroindustriales y la modernización para la exportación. La Coalición Chile Vamos y su candidato, Sebastián Sichel, planteó la tecnificación del ministerio de agricultura y el fortalecimiento a las economías locales. El Partido de la Gente incluyó algunos aspectos de cuidado del medio ambiente, suelos, reforestación, pero también la posibilidad de incluir semillas transgénicas. En fin, el ganador final, por segunda vuelta, Gabriel Boric de la Coalición Apruebo Dignidad, considerando el repertorio de sus contendientes, ahora tiene un desafío enorme en el cumplimiento de sus planteamientos electorales respecto al desarrollo rural y los recursos naturales.

El programa de Boric propuso como objetivos el integrar la tecnología al sector agrícola, y avanzar en la soberanía alimentaria para la producción más justa y sostenible, transformar el sistema agroalimentario y proteger la biodiversidad. Si hay un problema socioambiental y humano en Chile, es el acceso al agua, y respecto a esto, Boric propuso consagrar el derecho humano al agua y saneamiento, tomando medidas de siembra y cosecha amigables con la naturaleza. Además, se compromete a no firmar el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP11), sin someterlo a una consulta ciudadana, entre otros temas, que sus antecesores, consideraron estratégicos.

En este nuevo contexto, lo que queda es hacer seguimiento a la implementación de estos programas que, en el caso de Perú, y más, Chile, implican compromisos que son de nuestro interés primordial. Y, además, estar pendientes de los comicios que trae el presente año. Para la ruralidad colombiana es imprescindible ahogar los focos de violencia que se han atizado con la pandemia, pues no han parado –como en toda la región– ni los proyectos extractivistas ni los asesinatos de líderes campesinos, autoridades indígenas y defensores del medio ambiente. Del mismo modo, la ruralidad campesina, indígena y afrodescendiente del Brasil tiene la oportunidad de, con un mejor contexto político, reactivar sus procesos de reivindicación que en estos años han dado pasos en retroceso, tanto en el acceso a la tierra, el reconocimiento de los pueblos indígenas y afrodescendientes, la demarcación de sus territorios, como en las inversiones a la pequeña producción; el derecho a la consulta previa y el respeto a los derechos campesinos e indígenas.

El Informe 2021 Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica, se encuentra en elaboración, una treintena de académicos, investigadores y promotores de desarrollo comprometidos con la soberanía alimentaria, están recopilando datos y problematizando el peso que tienen las demandas campesinas, indígenas y afrodescendientes en la región.

Llamamos a poner atención a la agenda de desarrollo rural de los partidos políticos, agrupaciones y coaliciones, pues se tratan de temas que son del interés de las poblaciones rurales y el gran aporte que estas hacen al resto de la sociedad. El destino y las decisiones sobre los bienes comunes naturales, no sólo garantizan la disponibilidad de alimentos para todas y todos, sino también la situación medioambiental, la conservación de la biodiversidad y las condiciones de vida de todos los seres del planeta.