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PRODUCCIÓN - DIÁLOGOS
271 - Venezuela un país devastado
Venezuela un país devastado
Manuel Gómez Naranjo:
mgomez953@gmail.com
Juan Fernando Marrero:
fernandomarrero63@gmail.com
Resumen del Capítulo de Venezuela del Informe
Por la Tierra y Territorio en Sudamérica 2019
Desde 1922, el petróleo sustituyó a la agricultura y la ganadería como principales productos de exportación, por tanto, el Estado se convirtió en el dueño de la riqueza del país, pasando a la nacionalización de la industria petrolera (1976). La agricultura y la ganadería fueron relegadas, a tal punto de convertirse en importador neto de alimentos, generando un proceso de estatización de la agroindustria y expropiación de tierras, ocasionando una caída significativa en los niveles de producción agrícola.
El año 2014, las importaciones agrícolas llegaron a ser de US$ 10.400 millones, pero empezaron a declinar a partir de 2015, llegando en 2018 a US$ 3.620 millones se estima que el 2019 no superará los US$ 1.300 millones. Existe escasez de alimentos por la ola hiperinflacionaria que sobrepasó los intentos del gobierno de controlar los precios, pero según el Banco Central de Venezuela la inflación cerró con 9.585,50 % (2019) y en 2018 fue de 130.060,20 %.
Hubo un desmantelamiento de la institucionalidad de apoyo a los productores (crédito, asistencia técnica, sanidad animal y vegetal, investigación) que, al día de hoy, es prácticamente inexistente.
El contexto político es confuso, algunos aspectos marcados por el papel que desempeña Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. El escenario posible para salir de esta dura situación es una transición negociada que permita ir a unas elecciones presidenciales con un Consejo Nacional Electoral neutral y observación internacional.
AVANCES EN EL ACCESO A LA TIERRA Y EL TERRITORIO
La Constitución de 1999 declara al régimen latifundista como contrario al interés de la sociedad y sienta las bases de un acceso a la tierra rural en el que se les reconoce a los productores agropecuarios, el derecho a la propiedad de la tierra, en los casos especificados en la ley respectiva. La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (LDTDA) del 2001 fortalece lo referido, y contiene disposiciones preferentes al considerar al género, la edad, la condición socio-económica y la ocupación precaria consuetudinaria, de los sujetos a favorecer por la política agraria, para luego obtener cartas agrarias o títulos de adjudicación, entregados por el INTI.
En el censo 2011 se registró a 725.128 personas que se reconocen como pueblos indígenas, adquiriendo el reconocimiento a su organización social, política, económica y costumbres propias, así como sus derechos originarios sobre las tierras que ancestralmente han ocupado y la demarcación de la propiedad colectiva de sus tierras, de acuerdo a lo establecido en la Constitución y la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas (2001).
El 2013, el sector oficial declara que 6 millones de hectáreas son afectadas y entregadas a campesinos y productores, bajo distintas figuras o instrumentos, cifra observada por los sectores y gremios productivos. Actualmente, el ocultamiento en estadísticas oficiales complica el cálculo de la superficie entregada en el 2019. Se debe considerar que los campesinos y demás productores que no cuentan con la titularidad de la tierra, se afectan los derechos de tenencia y sus garantías. Los títulos de adjudicación son el único instrumento de regularización que garantiza la propiedad de la tierra agraria al campesino y productor, ya que el título de adjudicación no otorga la propiedad plena.
CONFLICTOS EN EL ACCESO A LA TIERRA Y EL TERRITORIO
La expropiación de tierras privadas para la adjudicación o entrega de cartas agrarias y la demarcación de tierras indígenas son tema de conflictos ocasionados por la oposición de productores y grandes propietarios que sienten perjudicados sus intereses y derechos.
Por otro lado, se advierte que la principal causa de la conflictividad es la delincuencia, común y organizada. Distintas organizaciones campesinas denuncian el hurto de reses, robos de equipos e insumos, ataques de colectivos armados afines al partido de gobierno, las amenazas del INTI de entregar los fundos y fincas de campesinos y ganaderos a las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB), la confiscación discrecional de las cosechas (café, cacao, leche), las detenciones arbitrarias de campesinos y el asesinato registrado de productores y campesinos.
La conflictividad ha llegado a niveles como el asesinato de campesinos, líderes y productores, hechos que provocan la organización social, a través de protestas y denuncias públicas en plataformas opositoras, como también en estructuras oficialistas como La Marcha Campesina Admirable y el Congreso Campesino.
Se denuncia una militarización para controlar la producción de café, cacao, arroz, lácteos y caña de azúcar, entre otros. Ejecutados por comandos militares o las llamadas milicias comunales.
El abandono de predios agrícolas, ocasiona una caída importante en la producción y suministro de alimentos. La drástica caída en la oferta agrícola se atribuye a la escasez de insumos por la crisis económica y social, a la inseguridad jurídica en el campo, a la expropiación de 6 millones de hectáreas y la violencia desatada en la cadena productiva, hasta su comercialización.
La situación de los productores de café similar a la de los productores de cacao. Son 59.000 en todo el país con una superficie sembrada de 207.143 hectáreas (según censo agrícola 2007-2008) y eran 290.000 el año 1992. Estos productores (mayoritariamente campesinos) sufren la persecución de los organismos públicos o del hampa organizada, lo que los empuja a abandonar la tierra, a cambiar de rubro o a resistir.
En noviembre se crea el Frente para la Defensa de la Seguridad Jurídica y Personal de los Productores y Habitantes del Medio Rural con el fin de reunir a diputados de la Asamblea Nacional, representantes de gremios productivos, academias, universidades y de la sociedad civil del sector agroalimentario, para denunciar ante las instancias nacionales e internacionales, la situación de violencia y delincuencia que se vive en el campo venezolano.
La explotación minera es un conflicto latente, en este tema resaltamos el proyecto Arco Minero del Orinoco (AMO) irrespetando la vida (daño ambiental) y costumbres ancestrales de los pueblos indígenas y forzando su desplazamiento de 111.843 Km2, para la cual se presentó un recurso de amparo constitucional introducido ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para la defensa de los indígenas y del ambiente, que está aún por decidirse.
ACCIONES CAMPESINAS E INDÍGENAS DE ACCESO A LA TIERRA Y EL TERRITORIO
La mayoría de las organizaciones campesinas e indígenas están influidas por el partido de gobierno y las organizaciones independientes son débiles para plantear reclamos y demandas a un gobierno con rasgos autoritarios. Las movilizaciones campesinas tienen ese carácter desarticulado y confuso tendiendo a actuar a favor del gobierno y tomar venganza con opositores, mediante la invasión a tierras productivas.
Disputas por la tierra: los contrarios se juntan por la defensa de la tierra. Se tejieron alianzas que integran a todos los actores afectados (medianos y grandes productores, campesinos e indígenas) y se constituyó (2018) la Red Agroalimentaria de Venezuela, la cual realizó (2019) encuentros y tratar temas asociados al sector agroproductivo y a la enorme inseguridad sobre la tenencia y propiedad de la tierra.
Los campesinos resisten a la tentación confiscatoria del gobierno. La reducción de los ingresos petroleros ha desatado en el gobierno una voracidad fiscal y corrupción en varios ámbitos, las cuales desatan acciones de resistencia para escapar al monopolio confiscatorio impuesto por el gobierno, llevaron a productores de café a vender el café procesado (molido) sin restricciones de precio.
Movimiento campesino “oficialista” le planta cara al gobierno. En julio se produjo la Marcha Campesina Admirable, colectivo progubernamental; sus planteamientos fundamentales eran: i) reclamar la investigación de alrededor 300 sicariatos (asesinatos por encargo) de campesinos por causa de la lucha antilatifundista; ii) exigir el reconocimiento del campesinado como centro de la soberanía alimentaria; iii) denunciar a la Guardia Nacional Bolivariana y Policía Nacional Bolivariana por acciones violatorias contra campesinos; iv) reconducir la política como: la distribuidora de insumos agrícolas Agropatria y otras dirigidas a los verdaderos productores; v) denunciar la poca asertividad de las políticas agrarias del gobierno nacional; junto a la intimidación por la violencia rural de parte de grupos paramilitares, guerrilleros y de naturaleza similar.
Pueblos indígenas entre la tentación del oro y el desgarramiento de sus identidades El 2016 se decretó “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco”, con 111.843 Km2, en la que están asentadas una cantidad importante de comunidades indígenas. Durante 2019, el Arco Minero del Orinoco fue un campo de batalla en el que algunas comunidades indígenas luchaban por proteger sus territorios, mientras que otras, pactaban con los factores en disputa para sacar provecho de la explotación. Mientras tanto, la presencia institucional del Estado se mantuvo ausente, en manos de las fuerzas irregulares y de componentes paraestatales que lucran ilícitamente la explotación minera.
PROPUESTAS PARA SOBREVIVIR A LA CRISIS
Las principales propuestas relativas a la lucha por el acceso y defensa a los derechos a la tierra se podrían resumir en los siguientes asuntos: Aprobación del Plan País (2019) por parte de la Asamblea Nacional (de mayoría opositora). Este Plan, a pesar de que ha sido ampliamente discutido en todo el país por una gran diversidad actores políticos, sociales y productivos solo puede ser operacionalizado de forma marginal porque el Poder Ejecutivo en funciones no reconoce sus fundamentos ni su enfoque. Introducción del proyecto de “Ley de cacao venezolano” a la Asamblea Nacional por parte de ASOPROCAVE.
La sociedad agraria está fuertemente movilizada realizando propuestas, marcos jurídicos para garantizar el acceso y la propiedad de la tierra, formulación de políticas públicas para apoyar el sector agrario, diseños institucionales para mejorar el desempeño del Estado, y hasta la elaboración del Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela en cooperación con el Sistema de Naciones Unidas en el que se establecen metas relativas a la seguridad alimentaria.
NORMAS QUE NADIE RESPETA
El gobierno venezolano es reconocido como un Estado interventor y autoritario, especialmente en los últimos 20 años de gobierno revolucionario.
El 2019, el Ejecutivo Nacional presenta la Ley Plan de la Patria o Tercer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación. Relacionado con las políticas agrarias de acceso a la tierra se dispone actividades concretas para lograr la soberanía alimentaria, garantizar el derecho a la alimentación y optimizar el proceso de la regularización y acceso a la tierra; fomentar la inclusión de los pueblos indígenas; el desarrollo de una política integral de utilización y disfrute de los recursos naturales que garantice la conservación, protección y sustentabilidad de la diversidad biológica y el sistema hídrico nacional.
DESMANTELAMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA
En Venezuela desde hace un par de décadas se acentuó un masivo proceso de desinstitucionalización. El gobierno revolucionario se ha caracterizado por: i) La sujeción absoluta de todos los poderes públicos al poder Ejecutivo, ii) La creación de una institucionalidad paralela para copar espacios que pudieran estar bajo el control de factores de oposición: Asamblea Nacional, gobernaciones, Alcaldías; iii) Impulso de movimientos sociales y organizaciones sociales adeptos al gobierno para contrarrestar las fuerzas sociales opositoras; y vi) La centralización de las instituciones públicas disminuyendo de manera progresiva las atribuciones que habían sido transferidos a los ámbitos regional y municipal.
Un ejemplo de lo dicho es que “…en Julio del 2017, el partido de gobierno autodesigna inconstitucionalmente un cuerpo legislativo paralelo a la AN, la “Asamblea Nacional Constituyente” (ANC) profundizando así, el estado de inseguridad jurídica ya desarrollado por el ejercicio de gobierno mediante decretos de emergencia económica, al no respetar la autoridad legislativa de la AN y promulgando a la vez, decretos y leyes irritas, denominados “Constitucionales”, pero que han permitido bajo falsa legalidad, acciones del Ejecutivo, que inciden directamente sobre la actividad económica del país”
Esta postura autoritaria y centralizadora del gobierno ha sumergido al país en un caos institucional donde todo se vale y donde la función pública se ha precarizado, al punto, que las instituciones del sector agrario son cascarones vacíos totalmente inhabilitados para servir a la sociedad.
Descarga el Informe Por la Tierra y Territorio 2019 en el siguiente enlace: https://ipdrs.org/index.php/publicaciones/libros/impreso/117
