Construimos una lectura sudamericana sobre el acceso a la tierra y territorio en Sudamérica¹

Oscar Bazoberry Chali,
sociólogo, coordinador general Instituto para
el Desarrollo Rural de Sudamérica - IPDRS

Ruth Bautista Durán,
socióloga, investigadora Instituto para
el Desarrollo Rural de Sudamérica - IPDRS

El primer Informe Anual sobre Acceso a la tierra y territorio que publicamos concentró su atención en la propuesta metodológica, la discusión temática y la búsqueda de información. El equipo del IPDRS asumió la elaboración de aquel primer documento, abordando cinco países (Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú), y nuestros lectores y aliados, nos demandaron una lectura que establezca comunes y puentes para provocar mayores interpretaciones de la información y análisis propuestos. Llevamos, entonces, ejercitando esta lectura regional y comparativa, por cuatro años.

Varios autores nos mostraron que la temporalidad anual, mostraba pocos cambios, reiteraciones de contexto y hasta inmovilidad de contextos. No obstante a estos criterios, creemos que los cinco informes que ahora completamos, muestran con gran riqueza un ciclo historio peculiar, en el que efectivamente, podemos ver la reiteración de las temáticas, pero además, conocer el mecanismo de su reproducción en contextos nacionales, y por supuesto, en el ámbito regional.

Las preocupaciones de las poblaciones rurales, y de quienes, les gravitamos desde el ámbito del desarrollo, la academia y los activismos, están centrados en caracterizar las pulsaciones de la expansión capitalista en el campo, en su etapa más esclarecidamente extractivista y volcada a la disputa por los recursos naturales. Una etapa en la que más pronto de lo que esperábamos, se agotaron los discursos que daban por finalizado el neoliberalismo, y se renovaron los conservadurismos para justificar, entre otras cosas, a la violencia como la principal característica de la política hacia quienes persisten en demandar tierra y defender sus territorios, campesinos, indígenas y afrodescendientes.

De esta raíz se disgregan diversos temas, que decantan principalmente en la política. Quisiéramos que la plataforma digital del Movimiento Regional por la Tierra y Territorio, con sus más de 200 casos inspiradores de acceso a la tierra, esté aportando a respaldar también, un nuevo ciclo de movilizaciones y demandas territoriales, y también, demandas de mejores formas de gobierno y democracia.

1. Apuntamos a la ratificación de la Declaración de los derechos campesinos, por los Estados de Sudamérica

Desde el IPDRS proponemos que la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales”, en complementariedad con la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas”, se convierta en una herramienta de seguimiento a las políticas públicas y situación de la población campesina indígena en cada uno de los países y sus niveles subnacionales, de igual manera que venimos trabajando los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS).

Para el Informe 2019, solicitamos a las autoras y autores del “Informe sobre acceso a la tierra y el territorio”, incorporar una descripción respecto a las primeras reacciones de los gobiernos, actores políticos y sociales, respecto a la aprobación de la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales” por la 73º sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la que están representados prácticamente todos los gobiernos del mundo.

En el caso de los diez países de Sudamérica en los que trabaja el IPDRS, y a los que está destinado el informe del Movimiento Regional por la Tierra y el Territorio. Seis países votaron a favor: Bolivia, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela. Tres se abstuvieron: Argentina, Brasil, Colombia. Y Paraguay no votó.

El balance inicial no es alentador, se habría esperado una mayor discusión entre gobiernos y organizaciones, así como lineamientos más nítidos en las organizaciones multilaterales dependientes de Naciones Unidas, lo mismo que la cooperación internacional. Sin embargo, asumimos que es una etapa inicial, y como en otros casos, dependerá en gran medida de los propios actores beneficiados el que se cumplan los acuerdos, logrados por su propio esfuerzo, en el marco de las convenciones internacionales.

Un caso llamativo podría ser el de Bolivia, pues siendo uno de los principales protagonistas en las Naciones Unidas, en los últimos años de su tramitación y aprobación, a nivel interno no existe ninguna acción del gobierno, para visibilizar ese protagonismo y afirmar pasos en su incorporación a la legislación nacional. Es más, muchas de las leyes y decretos del año 2019 contravienen lo afirmado en la Declaración lograda en Naciones Unidas.

El caso de Chile y Ecuador, siendo signatarios de la Declaración en las NNUU, similar al caso boliviano, los gobiernos no hicieron ninguna mención y acción en el año 2019. Sin embargo, en ambos países, las principales organizaciones de campesinos, a nivel nacional asumieron la difusión del contenido de la Declaración, así como los primeros eventos de análisis sobre la importancia de la Declaración para respaldar la demanda de políticas públicas específicas para este sector.

En el caso del Perú y Uruguay, también signatarios de la Declaración coinciden en la importancia de este instrumento legal, pero en ambos casos, no lo adoptan como un instrumento para sus países, es más, la Ministra de Relaciones exteriores de Uruguay lo calificó como un apoyo genérico, que no crea nuevas categorías de derechos que no estén contempladas en otros instrumentos. En el Perú no se conoce una declaración oficial. En ambos casos tampoco se conoce de movilizaciones y acciones campesinas en relación con la Declaración. Venezuela podría entrar en este grupo, con la afirmación de que prácticamente se desconoce la temática y no ha sido considerada por el Estado y tampoco por las organizaciones sociales.

En el caso de Argentina, las organizaciones han dado los primeros pasos en divulgar y analizar los posibles efectos de la Declaración respecto a las demandas de las organizaciones, las políticas públicas e incluso los fallos judiciales que se sustentan en los marcos internacionales. Por otra parte, en Brasil, distintas movilizaciones del MST y de las organizaciones de carácter regional, han reafirmado la importancia de esta nueva herramienta como un instrumento para exigir a los Estados cumplir con las necesidades del sector campesino. En el caso de Colombia y Paraguay, se han comenzado a difundir los derechos, aún de una manera incipiente, dado que en ambos casos los gobiernos se han mostrado reacios al debate.

Independiente de la Declaración de la ONU, cabe resaltar que en el 2019, la Procuraduría General de Colombia, refuerza una sentencia de la Corte Constitucional de 2017, y dispone que “el Procurador General de la Nación, como defensor de los intereses de la sociedad” adoptará un conjunto de “acciones encaminadas al reconocimiento, protección y respeto de los derechos del campesinado”. Entre ellas, la de “Reconocer al campesino colombiano como sujeto de derechos integrales y sujeto de especial protección constitucional, en los escenarios determinados por la Corte Constitucional, que aporta a la economía del país, contribuye alianzas y articulaciones con otros sectores, y conserva la biodiversidad y los ecosistemas locales”. Exhorta e insta a las autoridades de todos los niveles a la protección de los derechos, a crear planes y programas desde un enfoque de discriminación positiva, y a la protección de hombres y mujeres líderes.

Una muestra de lo mucho que queda por hacer y recorrer para acompañar las demandas y luchas de los campesinos, desde los territorios concretos, las medidas de protección, el reconocimiento de los derechos integrales, y más aún en el reconocimiento de los Estados y la población a los múltiples beneficios para la sociedad y la naturaleza en la protección de las condiciones materiales que permiten la reproducción, instalación y retorno, de personas que voluntariamente optan por el campo.

1. Tierras colectivas y la insuficiencia de la política estatal

La población rural, campesina, indígena y afrodescendiente, suele embarcarse en largos procesos por ‘asegurar’ sus posesiones de tierra y territorios, bajo el lenguaje y las disposiciones legales vigentes. Una interpretación pluralista de todas estas normas, dispondría que desde el momento en que una colectividad adquiere un representante y define un proyecto común, se debe respetar su mínima estructura institucional y se debe garantizar el ejercicio de sus derechos fundamentales, en colectivo.

A más de tres décadas de suscrito el Convenio 169 de la OIT (1989) y una década de haberse celebrado la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), además de su ratificación, estos documentos suponen un impulso a los Estados del mundo a resarcir a los pueblos indígenas y afrodescendientes, por los históricos daños a sus territorios y ejercicio de derechos. Sólo Chile y Uruguay no han constitucionalizado este enfoque de derechos; sin embargo, la ratificación de estos documentos considerados como “instrumentos” de lucha y reivindicación por los pueblos, se ha convertido en mero formalismo, como muestra este Informe, en varios de los países donde se tienen los derechos colectivos, reconocidos, ratificados y constitucionalizados, éstos permanentemente se violan y desestiman frente a la necesidad de intervenir territorios por los recursos naturales o por dar curso a megaproyectos de infraestructura, agua y energía.

En Argentina, si bien existen más de un centenar de relevamientos territoriales, en los que se reconoce la ocupación actual, tradicional y pública de comunidades indígenas, este reconocimiento supone apenas el inicio de un proceso de titulación territorial y un instrumento para la defensa de su territorio. En Chile, el reconocimiento es parcial y se operacionaliza a través de un fondo, que permite otorgar tierras a familias indígenas, que fueron compradas a particulares, y éstas, resultan en medidas insuficientes respecto a las demandas nuevas e históricas que acumula el Estado chileno, sólo el pueblo mapuche demanda 10 millones de hectáreas de tierras despojadas.

Hace algunos años, en Brasil se viene articulando una agenda antipopular, y ahora, el Senado promueve la vulneración a la legislación que protege los territorios indígenas, en busca de productividad antes que conservación, de empresas antes que pueblos indígenas. Lo que se vislumbra, en el peor de los casos es la expropiación a estas tierras colectivas, y como muestran otras experiencias en la región, ésta será posible si se logra neutralizar la autonomía de las organizaciones territoriales. La acción de neutralizar estos movimientos, pasa por políticas que incrementan sistemáticamente la violencia institucionalizada; pero además, y esperemos que les sea más dificultoso, permear políticamente a los liderazgos y sus formas de autogobierno y organización territorial.

En Bolivia, en el todavía gobierno de Evo Morales –y con continuidad con el nuevo gobierno–, uno de los decretos impopulares que terminó socavando la credibilidad del Estado, fue el DS Nº 3973 del 10 de julio de 2019 que autorizaba y promovía, la actividad agroindustrial en tierras comunitarias, lo que desnaturaliza el objeto social, político y ambiental de la demanda permanente de los pueblos indígenas y la sociedad boliviana.

El acceso a la tierra y territorio para las colectividades y formas organizativas rurales, resulta en un proceso en el que, los grupos sociales que viven mayor desigualdad y marginación se constituyen en sujetos colectivos con cada vez mayor protagonismo en sus logros, y no así, las instituciones públicas que dilatan, burocratizan y obstaculizan el derecho a la tierra.

Desde el IPDRS, en base a la información de los casos y los cinco informes anuales, estamos en condiciones de proponer y promover la propiedad colectiva, con sus propias y diferentes formas de organización, como el más adecuado sistema de asignación de derechos de uso y con un más adecuado enfoque de desarrollo territorial local. Sin duda, esto diferencia a esta iniciativa, y a la mayoría de los que participamos de ella, de otras corrientes que siguen promoviendo la individualidad, el derecho asistido por el Estado y el mercado inmobiliario, como el objetivo de las políticas de tierra en Sudamérica.

• El fuego como arma de ocupación de territorios, y en algún caso, de resistencia

En el año 2019 se mostró en su verdadera dimensión la naturaleza, los intereses y las consecuencias de los incendios en Sudamérica. La mayoría de ellos provocados por la actividad humana, por la ampliación de la frontera agrícola, la ganadería extensiva y también por las prácticas tradicionales.

Las proporciones que tomó el fuego en ecorregiones como la Amazonía, la Chiquitanía y el Chaco, provocó la alarma en las poblaciones de los territorios, la movilización de la opinión pública, y en algunos casos la atención de los mercados globales.

El núcleo de la deforestación masiva se encuentra en Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay, el territorio de la soya y de la crianza de ganado bovino para carne. Más de 100 mil focos de incendio, y más de 10 millones de hectáreas afectadas por el fuego.

Sin tomar en cuenta, situaciones como las de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, que también reportan incendios en la Amazonía, y otros países como Chile, en los que las características de sus cultivos industriales, eucalipto y pino, los hacen altamente propensos al fuego.

La tragedia que viven los ecosistemas, la biodiversidad, y en muchos casos las comunidades humanas que ven consumirse sus esfuerzos, formas de vida y esperanzas, tiene proporciones inmensurables cuando el fuego se descontrola y la humanidad queda a merced de la naturaleza, un fenómeno que pueden provocar los humanos, pero que en gran medida solo se detiene por otro fenómeno natural, la lluvia.

Organizaciones indígenas se movilizaron en distintas regiones de Sudamérica, para denunciar que se afectaban sus territorios, sus medios de vida y su sobrevivencia. Voces que fueron atendidas por organizaciones globales, activistas, organismos multilaterales y la iglesia católica. La agenda global incluyó la devastación de la naturaleza, el peligro de sobrevivencia de las personas, en un momento en el que el planeta rebasaba los límites y las alertas de expertos en clima sobre la sobrevivencia de la humanidad y los ecosistemas.

En el 2019, no solamente la población rural e indígena se movilizó por los incendios, las poblaciones urbanas, también fueron afectadas y se movilizaron. Aunque el humo llegó a gran parte de Sudamérica, la imagen que dio vueltas el mundo fue titulada “Cuando en São Paulo se hizo de noche a las tres de la tarde”. Se conocieron y registraron manifestaciones contra la acción de los Estados en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. Las acciones de las organizaciones y la sociedad civil, con una frenética actividad en redes sociales, desnudó el desinterés de los gobiernos de parar el fuego y su afinidad con los promotores de la ampliación de la frontera agrícola. En el momento más álgido, el presidente del Brasil salió a la palestra acusando a los activistas, la comunidad internacional, incluso a gobiernos de Europa, de manera sintética: de exagerar la situación y entrometerse en asuntos (léase recursos) de otros países sobre los cuales se tiene soberanía.

La presión de la población, los medios de comunicación, las redes, los observatorios, la comunidad internacional, obligó a acciones, generalmente tardías de los gobiernos de la región. El presidente de Colombia invitó a una reunión que llegó a ser conocida como el pacto de Leticia, por la población amazónica que les dio cobijo. Reunidos los presidentes de Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam, ratificaron los derechos de soberanía, la naturalización de esas prácticas en términos de progreso de la agricultura empresarial y sobrevivencia de la agricultura de pequeña escala, el rechazo a la intervención extranjera, creando una red de respuesta a desastres y monitoreo satelital, lamentablemente, no se supo nada más de este acuerdo.

Los incendios mostraron los escasos mecanismos con los que cuenta la comunidad internacional, la misma que firma tratados ambientales y promueve acciones individuales, para enfrentar desastres de proporciones globales. Más allá de los discursos, las organizaciones multilaterales no hicieron prácticamente nada, lo que mostró de manera descarnada su subordinación a intereses y políticas nacionales. En el caso de las sanciones de los mercados, también por presión de la sociedad europea, la respuesta fue mirar a otros consumidores menos exigentes como China y Rusia. Como en otros asuntos, en el plano internacional todo quedó entre políticas e intereses económicos, y poco se profundizó respecto al medio ambiente, biodiversidad y derechos de los pueblos indígenas y población local de los territorios.

Aunque es un fenómeno pequeño en comparación al que abordamos, cabe decir que al menos en Argentina y en Chile, las empresas y el gobierno acusaron a la población de utilizar el fuego como medida de protesta contra la expropiación de tierras, la expansión de cultivos agroindustriales y forestales, lo que no fue debidamente comprobado.

La sociedad civil, básicamente movilizada por jóvenes, hombres y mujeres, mostraron su apego a temas ambientales, su capacidad de movilización y conocimiento de la problemática global, en los meses más de mayor intensidad, la etiqueta #PrayforAmazonas fue tendencia mundial. Sin embargo, hasta diciembre, cuando las lluvias amainaron el fuego, la intensidad de la movilización también fue disminuyendo, y no quedaron suficientes bases locales, nacionales e internacionales, para prevenir la continuidad de estas prácticas.

1. ¡Rapiña! Los Estados vs. territorios subnacionales

La concentración, o en muchos casos reconcentración, de los poderes públicos en los países de Sudamérica, se encuentra estrechamente relacionada con la intervención sobre las voluntades, al margen de la sostenibilidad y la reducción de las desigualdades territoriales. Dos facetas, muestran las dos caras de la misma moneda: por una parte, la dependencia de los ingresos del Estado a los ingresos generados por actividades extractivas, y la relación entre los ingresos públicos y la inversión social, que no solamente constituye una razón de fuerza sobre localidades específicas, sino también un dispositivo discursivo que empatiza con la opinión pública, más propiamente con individuos, empresas y organizaciones con altas expectativas sobre las subvenciones y el empleo público; por otra parte, la permisividad de los gobiernos con actividades económicas, en todas las escalas, desde un asentamiento en áreas protegidas, hasta la deforestación en áreas altamente valiosas, la privatización del agua y la desprotección del mercado de trabajo.

En los capítulos nacionales sobre el acceso a la tierra y territorio, se ha tratado estas dos facetas de la política pública, y de los resultados político-electorales, con la imagen de un péndulo, entre nacionalismos de izquierda y neoliberales de derecha. Sin embargo, es posible afirmar, bajo una lectura minuciosa y regional, que en los países subsisten, conviven y se desenvuelven, con distinto énfasis y propósito ambas expresiones con una misma forma de gobernar y administrar la cosa pública, que prioriza un abstracto nacional dispuesto a sacrificar territorios particulares, y toda forma de vida y organización que allí se encuentre.

En el Informe 2019, existen casos de conflictos por asentamientos mineros y explotación de hidrocarburos (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), ampliación de frontera agrícola (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela), disputa y privatización de fuentes de agua (Brasil, Chile, Ecuador, Perú), transnacionalización de la propiedad de la tierra y los recursos naturales (Paraguay, Perú, Uruguay).

En prácticamente todos los países, han escalado los conflictos entre distintos sectores, en general los gobiernos priorizan los rubros de exportación, lo que pone en blanco y negro el apego a los sectores agroexportadores, el agrocapital y las tecnologías, redes y sistemas financieros propios de un mercado mundial que ha subordinado la sostenibilidad de los países de Sudamérica a las necesidades de consumo de países con mercados inagotables como la China.

Sin embargo, la afirmación anterior, no quiere decir que las actividades extractivas cumplan con las promesas en el plano económico, sea en la propia sostenibilidad de las inversiones, y menos aún en el aporte a los tesoros públicos, tomando en cuenta la dimensión de los crecientes gastos y compromisos de los Estados, y la volatilidad de los mercados mundiales. Los gobiernos de Sudamérica, de la línea política que fueran, se encuentran atrapados en una contradicción creciente, entre sus expectativas de sostenibilidad y política social, y la necesidad de flexibilizar normativas, especialmente ambientales y fiscales, para dar cabida a la inversión, sea pública o privada, nacional o extranjera, y correr con los costos ambientales y las contingencias de los mercados internacionales.

Con este orden de las cosas, en Sudamérica es perfectamente previsible el incremento de los conflictos y la violencia en el campo, con dimensiones inaceptables en los casos de Brasil, Colombia y Venezuela, y una creciente escalada en Chile y Paraguay.

Sin embargo, no son las autoridades subnacionales las que normalmente se movilizan para la defensa de los bienes del territorio y su propia población. Incluso es de lamentar que muchas de las autoridades subnacionales han seguido pasivamente el secuestro de sus competencias, en una actitud poco desafiante a sus propias responsabilidades. Y por supuesto, existen notables excepciones, como se pueden ver en los capítulos de este Informe.

En la mayoría de los países, las resistencias territoriales son protagonizadas más bien por organizaciones de la sociedad civil, grupos específicos como población indígena, pequeños productores, afroamericanos, mujeres, activistas, siendo también los que han sufrido persecución, ante el silencio, sino complicidad, de las instituciones.

En algunos casos es evidente el doble racero de académicos, intelectuales, políticos, e incluso dirigentes sociales, permisivos con los correligionarios y radicales con los opuestos. El caso más notable de la dimensión política que adquieren las gestiones de gobierno, son las respuestas a la situación de Venezuela en un extremo, y las respuestas a la situación en Brasil en el otro extremo.

Si una virtud tiene este quinto Informe, y que fue uno de los propósitos del método y estructura del reporte por país, es el de desnudar las contradicciones, los avances y los retrocesos, del Estado, de las políticas públicas, y de las propias organizaciones campesinas y rurales. Lo que indudablemente nos obliga a descentrar el debate de las miradas estatalistas como finalidad de los estudios sobre el acceso a la tierra y el territorio, enfocando el análisis en el conjunto de actores y situaciones donde es posible y necesario intervenir con mayor constancia.

1. Venezuela, relevancia y consecuencias para Sudamérica

El 2019 se cumplieron 20 años de la primera presidencia de Hugo Chávez, que sin duda fue uno de los artífices de una nueva corriente en la integración de la región, junto con Lula da Silva y Néstor Kirchner. Hoy en varios países de la región, bustos, estatuas, edificios, en memoria de aquellos tiempos, yacen caídos, destruidos y abandonados.

El desplome de las iniciativas de integración sudamericana, no han sido sustituidas por otras alternativas, es más, se ha roto todo propósito de articulación desde los Estados. Sin embargo, los procesos desde las sociedades continúan y transcienden fronteras, no de manera organizada, ni mucho menos en la construcción de sociedades alternativas y abiertas, más bien empujados por dificultades económicas y políticas, cuyo ejemplo más dramático es Venezuela, donde la salida forzada de la población, constituye la mayor crisis humanitaria migratoria que vivió Sudamérica en tiempos modernos. Se conoce las características de inserción precaria de esta población en los mercados laborales de servicios, la caridad y el empleo por jornada; mayoritariamente personas jóvenes y parejas con hijos, lo que lleva a suponer que los procesos de retorno también podrían ser masivos.

Hasta donde sabemos, el fenómeno migratorio es particularmente urbano, personas que han salido de ciudades y han migrado a ciudades, no se dispone de información desagregada del ámbito rural, lo que sí se sabe es que el principal reto, para quienes están dentro de Venezuela, como para los que migran es garantizar su alimentación, en primer término.

Sobre lo rural, a través de los Informes sobre acceso a la tierra y territorio, hemos logrado un bosquejo que todavía falta mucho por trabajar, quizá porque la desinstitucionalización de Venezuela, en algún punto no permite utilizar el mismo método de aproximación a los fenómenos sociales y económicos, como en otros países.

Existe una problemática de pueblos indígenas, empujados por la vorágine del extractivismo a entregar sus tierras, a permitir la expoliación de sus territorios, y participar de la extracción de oro y de otros recursos, en un sistema discrecional, en el que agentes armados con protección del gobierno son quienes prácticamente controlan la circulación de bienes, personas, y por supuesto, todo lo imaginable en este tipo de situaciones.

Los campesinos de pequeña y mediana producción, tienen que lidiar con la violencia común, el hurto de su ganado, cosechas, equipos; así como con la violencia institucional, estatal o paraestatal, que confisca cultivos, controla y confisca mercados. Esta pretensión por controlar la producción y comercialización, termina en ejercicios de violencia contra las familias y los productores.

En las diferentes versiones de este Informe hemos dado cuenta de la ruta histórica de las políticas sobre redistribución de tierras, derechos de pueblos indígenas, estructuras de fomento, incentivos para la juventud rural, y otras, que fueron ejercitadas en Venezuela en los tiempos de la prosperidad, siempre ejercidas desde arriba y con conducción política centralizada.

Una vez más, y de la manera más descarnada, el ejemplo venezolano, y también el resto de países, muestra que la tierra y los territorios, siguen siendo concebidos como un bien político relacionado al poder. En un contexto tan adverso, existe aún una sociedad agraria movilizada, realizando propuestas sobre marcos jurídicos para garantizar el acceso y la propiedad de la tierra, formulación de políticas públicas para apoyar el sector agrario, diseños institucionales para mejorar el desempeño del Estado, y hasta la elaboración del plan de respuesta humanitaria para Venezuela.

La discusión a nivel internacional sobre Venezuela es limitada, no se ha develado qué ocurrió con todo el aparataje montado en la época de las afinidades políticas en la región, y tampoco se han propuesto reflexiones sobre los impactos y aprendizajes que se pueden recoger para otros países. Más lejana parece estar la discusión sobre la responsabilidad de los académicos, activistas, políticos y organismos multilaterales, que desde fuera han priorizado la discusión y acción de orden político internacional, sobre las necesidades y realidad de la población venezolana.

A nuestro criterio, el discurso y las prácticas de las organizaciones y sus dirigencias, sobre las tendencias políticas en Sudamérica, reproducen la relación entre el Estado y la ruralidad de manera mecánica, sin advertir la necesidad de modelos alternativos, desconcentrados y con poderes limitados desde el Estado, como se vio en otro acápite, una de las vías que postula el IPDRS, en base a las evidencias en los estudios realizados, son las tierras y territorios colectivos y autogestionados, que han mostrado mayor eficacia y resistencia a los vaivenes de los poderes políticos.

1. Desestabilización política, control y prácticas antidemocráticas

Una pregunta que urge responder en Sudamérica, es si la política, entendida como los procesos democráticos que contribuyen a la institucionalidad del Estado, y por lo tanto, la gobernabilidad, es posible en países donde la extracción de recursos naturales para mercados internacionales y la renta del Estado es la principal función de los gobiernos.

Si estructuralmente, los países de Sudamérica, en tanto insistan en apostar por el modelo extractivista, y el mundo les siga asignando esta posición, están más bien condenados a la desestabilización, el control de la sociedad civil y las prácticas antidemocráticas como formas de gobierno. Con los agravantes del componente de corrupción, la violencia será continua y sistemática en toda la región.

Los Estados promueven políticas de seguridad, en las que las fuerzas militares, y paramilitares en algunos casos, han ganado protagonismo, presupuestos e influencia política. Los casos más notorios son los de Venezuela, Colombia, Brasil y Chile. En menor escala, pero con igual influencia en los destinos de la democracia se encuentra Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú.

Junto con la reafirmación de políticas de explotación de los territorios y nuevos acuerdos multilaterales, se desarrolla en la región una estrategia de desprestigio y criminalización, tanto de las resistencias a la expansión del extractivismo, como a las protestas sociales. Como lo observamos en los Informes sobre acceso la tierra y el territorio, y es necesario reiterar, la violencia, asesinatos de líderes sociales, mujeres y hombres, siguen siendo una práctica recurrente en las áreas rurales de Sudamérica.

Existen varios ejemplos de esta situación, áreas de conservación y territorios indígenas largamente asediados, el Parque Nacional Yasuní de Ecuador, cuya zona de amortiguamiento se ha dispuesto a la explotación petrolera y dónde la minería ya ha impuesto la violencia; o los departamentos amazónicos de Perú, donde se van registrando los asesinatos a líderes indígenas, políticos y espirituales. También se presenta esto en las zonas de recuperación territorial en Argentina, en las ocupaciones de tierra en Paraguay o las comunidades campesinas rodeadas del empresariado frutícola en Chile, donde las comunidades campesinas e indígenas se ven abatidas y en permanente riesgo de desalojo, avasallamiento o ataque, de parte de fuerzas del orden público, funcionarios de empresas y hasta sicarios.

En Colombia, más de 100 personas fueron asesinadas en áreas rurales, principalmente defensoras y defensores de comunidades, pueblos indígenas y afrocolombianos. La complejidad del momento respecto a la paz y el persistente conflicto, dejan ver al extractivismo agrícola, como un foco importante de pobreza y también violencia en los territorios.

Gobiernos como los de Brasil, Ecuador, Chile, Bolivia, entre otros, imponen políticas de seguridad y control focalizado en sectores populares, (re)activando una serie de estereotipos y prejuicios de corte racista y xenófobo. La violencia se reproduce y justifica también en los medios de comunicación, y los medios digitales son utilizados para la criminalización y estigmatización social. Los logros y la fuerza de la agroecología, el aporte de la agricultura familiar campesina, indígena y afrodescendiente, son invisibilizados; y esto resulta un incentivo a los sistemas de fiscalización de sanidad, certificación y a los mercados controlados por oligopolios y transnacionales, que marcan la pauta de los sistemas agroalimentarios.

Las políticas de seguridad en el caso de Chile y Ecuador, dicen responder a la intensidad de la protesta en las grandes urbes, sin embargo, esto se extiende a los territorios rurales donde operan empresas y proyectos de exploración y explotación hidrocarburos, concesiones mineras y otros, donde las gendarmerías y fuerzas especiales actúan atropellando, y persiguiendo a quienes resistan, defiendan o exijan, entre otras cosas, la consulta previa.

A pesar de ello, han existido avances en las demandas de acceso a la tierra, si bien son en su mayoría procesos largos y muy pequeños en comparación a la demanda y necesidades de las poblaciones rurales, son también importantes de destacar, como se lo hace en el transcurso de este Informe. Un punto importante para el Perú, en el que la AIDESEP logró que la Corte Superior de Justicia admita una demanda de consulta previa del proyecto Hidrovía Amazónica, pero aún, no queda suficientemente claro que se deben asumir como una obligación estatal, el hacer respetar sus derechos territoriales; y lo mencionado para Colombia, donde la Procuraduría General de Colombia refuerza la sentencia que dispone que el gobierno de su país debe atender los derechos de la población campesina.

En la región continúan surgiendo voces afines a romper el orden democrático, partidos y personajes que juegan a la desestabilización política, o la manipulación del orden institucional para imponer gobiernos. Desde una visión campesina e indígena, no caben dudas de que la ausencia de democracia, o en su defecto, el debilitamiento de los signos vitales de ésta, en Sudamérica va de la mano de la ocupación de tierras de comunidades, la cancelación de derechos de la población rural e indígena, y el desplazamiento forzado.

• Un nuevo ciclo en las movilizaciones populares

El 2019 se vio surcado y pasará a la historia, como un año de grandes movilizaciones populares, no solo por lo masivas que fueron, sino también por el protagonismo de jóvenes, mujeres, y por la larga resistencia temporal que mostraron. En nuestro criterio, se debe destacar la renovada empatía con la problemática del campo, sea por la preocupación alimentaria, la calidad de las aguas y la calidad del aire que también afectan a la población urbana; o sea, porque las organizaciones campesinas e indígenas mantuvieron una distancia crítica ante el Estado y los gobiernos. Queda en debate y existirá poco acuerdo sobre la orientación política de estas protestas, y las consecuencias que éstas tuvieron en cada uno de los países; de lo que no queda duda es sobre su carácter espontáneo, la dificultad de identificar un liderazgo claro, y una conducción política, como solían leerse este tipo de acontecimientos en el siglo pasado.

Mientras en Uruguay se desataron y afirmaron varias protestas y demanda de referéndum contra los mega emprendimientos que intervienen recursos naturales y de infraestructura, y luego de las elecciones nacionales, quedó claro un proceso de ralentización del acceso a la tierra, que aunque estructurada, mostraba avances muy limitados. Otros países de la región vivieron arduas jornadas de protesta y movilización que llegaron incluso a confrontaciones, violencia de parte de los aparatos de represión del Estado y extendidos paros de parte de varios sectores populares.

La región presenció el desaliento de la implementación del Acuerdo de Paz, la retoma de armas de parte de sectores de las FARC, tiene que ver con la revitalización del neoliberalismo, un “paquetazo” de políticas antipopulares, al que se respondió con una movilización por el cumplimiento del Acuerdo de Paz, y la Minga, una movilización indígena y campesina en demanda de consulta previa y el cumplimiento de acuerdos por el acceso a tierra y territorio; y en oposición a las intervenciones territoriales por minería, energía y fracking. La defensa de los recursos naturales es una clave importante en la agenda de campesinos e indígenas, diversas expresiones por el agua se manifiestan en Chile y Argentina, caminatas, marchas y movilizaciones plurinacionales, reunieron a comunidades indígenas y nacionalidades étnicas en reclamo a las afectaciones del agronegocio y en reivindicación de la gobernanza sobre el agua.

En Chile el descontento generalizado, que en el capítulo en cuestión se denomina como una rebelión antineoliberal resistió bastantes semanas y logró articular las demandas de diversos sectores, en el campo se vislumbró la amenaza de la modificación a la Ley Indígena, y las expectativas se reúnen hacia la demanda de un proceso constituyente, al haberse agotado un modelo que precariza a las grandes mayorías. En Ecuador, los incendios forestales activan, como mencionamos la indignación en los pueblos indígenas de la Amazonía y se acrecienta la crítica al respaldo estatal a los cultivos intensivos. El sector de trabajadores y las nacionalidades indígenas en articulación, promueven un levantamiento popular en el mes de octubre, que logra la derogatoria del decreto que elimina el subsidio a los combustibles y un diálogo sobre la economía y el déficit fiscal, que decanta en la constitución de un inusitado Parlamento de los Pueblos, organizaciones y colectivos sociales, con la perspectiva de retomar las reivindicaciones que hace una década creíamos todos se iban a cristalizar.

En un periodo marcado por la corporativización de las agendas reivindicativas de las organizaciones rurales al poder del gobierno central, en Bolivia el año inició con una Marcha de Naciones Originarias y Pueblos Indígenas, que interpelaba al extenso mandato del partido en gobierno, en temas cruciales como son, el respeto a los territorios ancestrales, el respecto a la igualdad de jerarquía de la justicia ordinaria y la justicia indígena y la desburocratización a la autonomía indígena. Esta marcha encabezada por la Nación Qhara Qhara (Potosí y Chuquisaca) fue desprestigiada y subvalorada por su poca concurrencia, no obstante, su aliento “independiente” a los partidos políticos y autogestionado, imprimió una posibilidad al ámbito reivindicativo boliviano. El segundo semestre, marcado por los incendios forestales, motivó también una marcha indígena en tierras bajas, y, además, se realizaron movilizaciones por el anuncio de un nuevo Plan de Uso de Suelos en el Beni, que planeaba ampliar la frontera agrícola, política que fue concretizada en el nuevo gobierno.

El caso de Bolivia, puede resultar el más característico del año 2019, dividió en controversias a académicos, políticos, periodistas y activistas, dentro del país, en la región y el mundo. Si las movilizaciones que culminaron con la renuncia de Evo Morales fueron un levantamiento ciudadano, una acción premeditada, un golpe, se dijo de todo, y se dirá más aún. Izquierdas, derechas, centros, cada quién encuentra razones y significados. Lo más evidente, es que la población campesina indígena en general quedó muy lastimada por la cercanía de los dirigentes a la estructura del partido saliente. Las organizaciones rurales bolivianas, y las de varios países de la región, tienen el desafío de recuperar sus agendas y movilizaciones, afirmarse respecto al modelo de desarrollo productivo que quieren para la sostenibilidad de sus comunidades, y en el caso boliviano, lograr la implementación de la Constitución que abrió paso a la plurinacionalidad, y que fue relegada en los últimos años.

El latir de la protesta y la expresión del descontento generalizado suelen suscitar muchas expectativas y ansias por concretizar las aspiraciones y reivindicaciones, históricas y circunstanciales. Este nuevo ciclo del desarrollo del capitalismo, el ascenso y descenso de los sujetos políticos y sus estrategias discursivas, es necesario vivirlo con cautela y atender muy bien a las experiencias que nos muestran mejores rutas para el ejercicio de los derechos fundamentales, y así, poder compartir los aprendizajes de organización y autogobierno, que se gestan en los territorios rurales.

^[1] El texto corresponde a un resumen de la Introducción del Informe 2019 Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica (IPDRS, 2019). Disponible en: https://www.sudamericarural.org/index.php/publicaciones/libros/impreso/117