Magali Vienca Copa Pabón^[1]

El Estado Plurinacional boliviano tiene su razón de ser en los Pueblos y Naciones Indígenas. El artículo segundo de nuestra Constitución, promulgada hace más de una década, nos señala que la libre determinación de los pueblos indígenas es un derecho pre-constituido. Mucho antes de que lo establezcan las leyes, los pueblos y naciones, dada su condición pre-colonial y el dominio ancestral sobre sus territorios, ejercitaron su derecho a la autonomía exigiendo el respeto de sus territorios desde tiempos coloniales. La condición plurinacional de nuestro Estado, más allá del discurso político y la instrumentalización simbólica, se fundamenta en la existencia, persistencia y respeto a los derechos indígenas.

Esta condición de plurinacionalidad es la que está en juego con la marcha de las naciones indígenas inaugurada por la Nación Qhara Qhara el seis de febrero de 2019 en la ciudad de Sucre, a la que se unieron una diversidad de luchas de otros pueblos y naciones indígenas, convergiendo en una agenda común contra las medidas legales, políticas y acciones contrarias a los derechos indígenas por parte del gobierno.

Tras un mes de caminata, a pesar de las  condiciones climáticas y el insuficiente apoyo de la población, medios de comunicación e instituciones de derechos humanos como el Defensor del Pueblo, vemos una marcha fortalecida por la presencia de cientos de originarios de las naciones Soras, Lupacas, Jacha Suyu Pakajaqi, Qerwa-Zongo, el Pueblo Uchupiamoma, la Sub Central de Comunidades de Tariquia, el Territorio Indígena Multiétnico (TIM) y la CPEM-B, de tierras altas y bajas de nuestro país.

Estos pueblos, por medio de diferentes pronunciamientos, cabildos y propuestas se articulan y constituyen una sola voz de respuesta tras diez años de silencio de las organizaciones sociales afines al gobierno. Los temas de esta nueva agenda de lucha son cruciales pues hacen al modelo plurinacional concebido en la Asamblea Constituyente, entre ellas: la restitución territorial ancestral, las autonomías indígenas con autodeterminación y el ejercicio pleno de la justicia indígena. 

Una nueva agenda por una lucha histórica: Marka Quila Quila

Existen registros históricos de la larga lucha por la restitución territorial de la marka Quila Quila de la Nación Qhara Qhara a lo largo de los periodos colonial y republicano^[2]. Sus líderes señalan que desde tiempos coloniales han defendido su territorio, en especial de las medidas estatales de despojo y desintegración del mismo. Llevaron más de una década de lucha legal desde que presentaron ante el INRA, el 16 de octubre de 2006, su pedido de conversión de sus tierras colectivas tituladas en lo proindiviso en la reforma agraria de 1952 a Tierras Comunitaria de Origen (TCO), hoy llamada Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC)^[3].

Lamentablemente, a pesar del avance constitucional de 2009, la Marka Quila Quila enfrentó muchos obstáculos jurídicos y políticos  que fueron subalternizando los derechos indígenas a los derechos individuales, bajo la figura de “terceros”. La situación empeoró con una acción de desconocimiento por parte del INRA Nacional a la Marka Quila Quila como pueblo indígena, exigiéndoles que presenten personería jurídica para dar continuidad al proceso de saneamiento (2014) a sabiendas que este requisito paralizaría su pedido por años. En efecto,  mediante diversas acciones constitucionales, la Marka Quila Quila logró que el Tribunal Constitucional  (SSCCPP 0242/2014 y la SCP 006/2016) declare inconstitucional el requisito de “personalidad Jurídica” el año 2016. No obstante, a pesar de esta victoria legal el INRA nacional declaró la nulidad de todo el proceso de saneamiento el cual ya se encontraba en proyecto de resolución final de saneamiento como TIOC, dejando en foja cero todo el proceso.

A pesar de las acciones legales de la marka Quila Quila contra esta resolución de nulidad no se logró respuestas favorables, por lo que tras una década de lucha jurídica inician la marcha indígena que hoy reúne no solo a los miembros de esta nación sino de otros pueblos que sufren similares situaciones ante el INRA.

En la actualidad la Marka Quila Quila tiene veinticuatro comunarios procesados por el INRA, más de seis heridos (resultado de conflictos entre Ayllus y Sindicatos), y enfrenta las acciones  del gobierno. Personeros del INRA con ayuda de la fuerza pública ingresaron a su territorio el 27 de febrero de 2019 para acelerar el proceso de saneamiento (Pagina Siete 28 de febrero de 2019) favoreciendo la modalidad individual en aquellos polígonos que fueron anteriormente tramitados como TCO, promoviendo el despojo y fraccionamiento de los ayllus originarios de la Marka Quila Quila.  El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras en una nota publicada en su página el 14 de marzo dio por concluida la primera etapa de saneamiento señalando que “ingresaron 15 brigadas de campo, durante 13 días, escoltados por efectivos policiales para resguardar su seguridad, donde se llevó adelante la medición de 688 parcelas”^[4] informando además que sólo queda pendiente la etapa de gabinete y posterior titulación. Esta acción es ilegal y contraria a los derechos indígenas por cuando no fue concertado con los ayllus afectados que se encentraban en la marcha indígena.

Otras respuestas del gobierno a las demandas de los marchistas fueron las del propio presidente Evo Morales quien declaró que los Ayllus por ser minorías deben someterse a las mayorías (Fides 22/02/2019), por su parte el ministro de Desarrollo Rural Cesar Cocarico – quien en noviembre de 2018 fue denunciado por encubrimiento a su hermano implicado en un proceso de tráfico de tierras y estafa agravada por cobros múltiples a víctimas de una comunidad menonita a quien habría ofrecido sanear “tierras ilegales” y fiscales el 2016 (La Razón 06/11/2018)- minimizó la marcha señalando que solo son unos cuantos originarios quienes se oponen al saneamiento.

No se puede alegar que las autoridades desconocen los derechos indígenas. Lo que vemos es que al interior de una cara “indígena” del gobierno se reproducen lo mismos defectos del Estado colonial en su políticas de desaparición del Ayllu. La lógica del ayllu se diluye en el despojo, la mercantilización de la tierra y la fragmentación, donde lo individual y lo colectivo son compartimientos estancos de intereses políticos y económicos que buscan desaparecer a las naciones originarias que sustentan el modelo plurinacional, las que paradójicamente son desconocidas por el propio estado como “ no indígenas”. El Estado define a “sus indígenas” y así intercambia favores y desconoce derechos. Como señaló Samuel Flores de la nación Qhara Qhara: “los derechos no se negocian, la historia está claro, la historia nos ha dicho que somos originarios, somos indígenas, somos legítimos de esta parte de la madre tierra, la pachamama, y no somos forasteros, por lo cual tienen que luchar sin claudicar, sin venderse”^[5].

Una marcha por los derechos indígenas, pero sin las organizaciones sociales

Frente a los retrocesos de los temas indígenas que el gobierno en complicidad con las organizaciones sociales viene consolidando, vemos en la marcha indígena una profunda necesidad de independencia para luchar y enfrentar al gobierno. En tiempos donde las organizaciones indígenas atraviesan su peor crisis organizativa esta marcha devela una posibilidad de articulación desde las naciones originarias que denuncian los límites y las brechas que el gobierno pone a sus derechos.

 En diez años de vigencia de la CPE, existen apenas tres autonomías indígenas, dos por vía municipal (Charagua y Uru Chiapaya) de los más de 212 municipios rurales y uno por vía Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC)  de los más de 300 TIOC que existen^[6]. Varios estudios demuestran que los efectos de una vasta lista de requisitos y procedimientos burocráticos hacen inalcanzable la autonomía indígena para los pueblos indígenas^[7]. Entre ellos, la exigencia de un segundo referéndum para la aprobación del Estatuto Autonómico Indígena en la que se privilegia las reglas de la democracia liberal para la aprobación de su norma estatutaria en vez de las “normas y procedimientos propios”, tal cual lo ordenan los tratados y convenios internacionales^[8].

Frente a esta situación en la marcha se exige la derogación de los artículos de la Ley Marco de Autonomías que son contrarias a las autonomías indígenas promoviendo un anteproyecto de ley de modificación de estos artículos. De igual forma con la Ley de Deslinde Jurisdiccional que le quita valor y ejercicio a la Justicia indígena. Acontece que cuando una autoridad indígena solicita la competencia de un caso, para lograrlo, debe enfrentarse a muchas formalidades jurídicas contrarias a su sistema jurídico, lo que se traduce en años de lucha legal, la mayoría de las veces, sin resultados. Por lo que, en los hechos, la justicia indígena se encuentra subordinada al sistema jurídico estatal y sin recursos para administrar la justicia.

¿Qué significa la marcha de los Qhara Qhara en el contexto actual?

Las demandas de esta marcha son resultado de un modelo de indigenismo Estatal en desgaste. Tras una década de promesas y discursos del gobierno que minimiza al indígena a algunos reducidos espacios como la autonomía, la justicia, las TIOCs, los que además resultan inaccesibles a los propios peticionarios, muestra un deterioro profundo del tema indígena en  las políticas estatales “plurinacionales”. Las promesas constituyentes son arrebatas y canceladas por el propio gobierno indígena.

Por ello, la marcha indígena retoma el camino de la lucha y la protesta por la recuperación de sus agenda propias, alejada del Estado, pero exigiéndole al mismo tiempo el cumplimiento de la Constitución y el bloque de constitucionalidad en materia de derechos indígenas. Recuperar su agenda es recuperar la dignidad.

Debemos reconocer que la marcha indígena se da en un contexto de crisis de independencia política y social de las naciones indígenas. Estamos en tiempos donde lo plurinacional significa la desvinculación, división y cooptación de las naciones indígenas. Donde la egida es que el indígena es objeto de simpatía o rechazo según el color político desde donde se le mire. Por ello es importante pasar hacia una la lucha independiente que enfrente al gobierno esté o no con poncho. Que encima de intereses políticos electorales se elija el camino de los verdaderos proyectos indios.

[1] Abogada y maestra en Derechos Humanos.

[2]Sobre las luchas de la nación Qhara Qhara: http://youtu.be/ht-bvoawOx0

[3] Referencias dadas por Samuel Flores, ex curaca de la Nación Qhara Qhara.

[4] Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, noticias, en: http://www.inra.gob.bo/InraPb/paginaController;jsessionid=3667F51F0397732B93086EDE26018F77?cmd=noticia&id=68779.

[5] Entrevista Samuel Flores realizado por el IPDRS, en: https://youtu.be/ht-bvoawOx0

[6]  https://youtu.be/2–FFt6iNTwk

[7] VILLAGOMEZ, Freddy, Estado de situación de la implementación de las autonomías indígenas en Bolivia. La Paz, IPRS, 2018; COPA, KEENEMORE y LOPEZ, Desafíos y potencialidades de la autonomía y la gestión territorial indígena en el marco de los procesos de desarrollo, La Paz, Unitas, 2018.

[8] El Convenio 169 de la OIT (Art2) y  la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas  (Art. 4).