¿Nuevo ciclo de reformas agrarias en América Latina?

Miguel Urioste[*]

14 de noviembre de 2008

La emergencia de gobiernos progresistas en Latino América, unos más que otros, ha colocado nuevamente en agenda el tema de la reforma agraria como una tarea pendiente y requisito para luchar efectivamente contra la pobreza que atrapa a las mayorías indígenas y aportar así en la construcción de mayores niveles de seguridad alimentaria.  En tiempos de crisis mundial energética y alimentaria, en medio de un contexto de grave calentamiento global, el valor de la tierra de uso agropecuario aumenta aceleradamente en casi todos los rincones del planeta.  Poco antes de la crisis financiera y del desplome mundial de las bolsas en el mes de octubre del 2008, los fondos de inversión de riesgos y las compañías petroleras habían iniciado compras de tierras generalmente en países muy pobres y atrasados que cuentan con abundantes recursos naturales. Su objetivo: producir agro combustibles en reemplazo de las energías fósiles. Su efecto inmediato: alza en el precio de los alimentos y crecimiento de la inseguridad alimentaria en el tercer mundo.

A pesar de que estos nuevos ingredientes -crisis alimentaria y energética y calentamiento global- se han convertido en elementos centrales que caracterizan la problemática rural de casi todos los países de América Latina, los gobiernos que propugnan la reforma agraria en la región latinoamericana, siguen atrapados en el viejo discurso de la década de los años 50 y 60 del siglo pasado.

Es evidente que las reformas agrarias no son cosa del pasado y constituyen una tarea pendiente de ineludible realización. Sin embargo las razones que las motivan ya no son las mismas de antes, o no son únicamente las mismas de antes. No se trata ahora de promover solamente un acceso más equitativo a la tierra, sino que este tiene obligatoriamente que estar ligado a efectivas políticas públicas que promuevan y faciliten aumentos sustantivos de productividad de la tierra, de la mano de obra y de la tecnología para que los campesinos e indígenas puedan alcanzar niveles adecuados de competitividad.

En América Latina existe una fuerte presión por la tierra. La tierra disponible con potencial de uso agropecuario o forestal, no es suficiente para que accedan a ella miles de nuevas familias cada año. Sin embargo nos encontramos ante una paradoja. En nuestros países, al mismo tiempo que la tierra es insuficiente, existe una "nueva ruralidad" que ya casi no reconoce fronteras entre lo urbano y lo rural, además de que existe una alta migración campo ciudad o al extranjero y el "abandono" de tierras continúa en aumento. De esa manera, se ha ido construyendo un nuevo estrato social de campesinos a tiempo parcial que, en medio de la precariedad laboral de la informalidad, dividen su tiempo entre actividades comerciales, el contrabando, el trabajo asalariado urbano y cultivos de "temporada".

Sólo aquellos pequeños productores rurales que han logrado trascender sus mercados estrictamente locales y que con mucho esfuerzo propio consiguen acceder a mercados nacionales o mercados ecológicos internacionales cada vez mas ampliados, consiguen tasas de retorno atractivas. Notablemente son los que menos atención reciben de los estados y de las políticas públicas, son los que reclaman el fortalecimiento de sus derechos propietarios de las tierras -familiares o comunales- pero no logran acceder a títulos confiables y duraderos, porque no son objeto de atención prioritaria de los gobiernos. Esa confiabilidad y durabilidad del derecho propietario -todavía no logradas en la mayoría de las áreas rurales de América Latina- son una condición necesaria aunque no suficiente para re invertir en el predio y mejorar las condiciones de acceso a los recursos naturales para producir más y vivir mejor.

Sin embargo, los enfoques de las reformas agrarias de algunos gobiernos progresistas de la región, particularmente de Bolivia, Nicaragua y Venezuela y en menor  medida Brasil, Guatemala, Ecuador y recientemente Paraguay, están centrados casi exclusivamente en enfoques ya no de acceso a la tierra sino de acceso al poder político en jurisdicciones  político administrativas locales, en el fortalecimiento de las identidades territoriales étnicas, en ideas muy válidas de auto gobierno indígena... descuidando notablemente aspectos centrales vinculados a la generación de riqueza en el agro y a la retención del excedente.

La primacía del discurso político que envuelve (adorna) la legítima y necesaria reivindicación de la reforma agraria en América Latina, nubla o posterga las políticas públicas y los esfuerzos para mejorar las condiciones de trabajo y producción en el área rural. Los esfuerzos por promover acceso masivo de los pequeños productores campesinos e indígenas de la región a financiamiento de fomento, a tecnologías y conocimientos nuevos y apropiados, al conocimiento de las formas de funcionamiento de los mercados, especialmente los internacionales, siguen siendo marginales.

En Venezuela, Bolivia y Nicaragua parecería que las reformas agrarias han caído en el fácil expediente del discurso radical en contra de los terratenientes y del latifundio -ciertamente inaceptables en el siglo XXI- con muy pocos avances reales y concretos en términos de reversiones o expropiaciones y las consecuentes re distribuciones. Es verdad también que las élites y grupos de poder tradicionales de estos países se aferran con uñas y dientes a sus tierras, cumplan estas o no la Función Económico Social que casi todas las legislaciones agrarias de la región consagran. En su afán por mantener sus privilegios, estos terratenientes no dudan en usar la violencia en contra de los campesinos sin tierras, provocando muertes como las de Pando en Bolivia hace algunas semanas.

El problema de la inoperancia de las reformas agrarias en curso en América Latina no es de orden jurídico. Al contrario, con matices, las leyes agrarias y los recaudos constitucionales son buenos y son más o menos los mismos en casi todos los países: prohibición del latifundio, exigencia de trabajar la tierra como condición para poseerla, discriminación positiva para pueblos indígenas y campesinos sin tierra. En general los estados no tienen los mecanismos operativos y la fuerza pública para hacer cumplir las leyes ante las violentas reacciones de los poderosos de la tierra que se organizan para defender sus intereses.

La extrema ideologización del discurso oficialista sobre la reforma agraria, convertida únicamente en instrumento de movilización y respaldo político, es en el fondo una manera encubierta de eludir mayores responsabilidades públicas. Falta fomentar de manera concreta la producción interna de alimentos para mejorar la seguridad alimentaria de los pobres rurales y de los países de la región. Los nuevos enfoques del desarrollo rural con énfasis en el espacio y la gestión territorial pueden ser ingredientes que revitalicen los añejos discursos de las reformas agrarias. Hasta ahora -en los últimos años- no se puede observar en América Latina efectivos avances en la redistribución de la tierra y tampoco mejoras en su uso productivo y sostenible como resultado de políticas públicas proactivas. Si no se dota a las reformas agrarias en curso en la región latinoamericana de contenidos verazmente económico-productivos, estas podrán convertirse muy rápidamente en una nueva frustración para las mayorías rurales empobrecidas que son las que justamente dan su mayor respaldo a los gobiernos progresistas.

En concreto, aunque las reformas agrarias se proclaman en nuestros países como una tarea revolucionaria, no está claro el curso que tendrán estos procesos y menos aún si tendrán impactos de corto plazo en los ingresos de las familias rurales.

[*] Economista, especializado en desarrollo rural, Director General de la Fundación TIERRA. Es autor de varios libros, conferencias, ensayos y consultorías sobre economía agrícola, desarrollo rural y participación popular.