Logan, la última película de la saga de X Men, sin duda nos sorprende desde el inicio y ni qué se diga con su fin. Pero como ya se dijo mucho de ello y no quiero malograr el final a la gente que aún no la vio, me referiré a una escena específica de la misma.

Logan (Hugh Jackman) y el profesor Charles Xavier (Patrick Stewart) acompañan a Laura Kinney (Dafne Keen), una niña de once años, que tiene los mismos poderes que Lobesno, en su viaje a la frontera con Canadá, donde ella espera reunirse con otros jóvenes mutantes. En media carretera, conocen a Katherin y Bill quienes los invitan a pasar la noche en su casa situada en el área rural de Estados Unidos.

Por la noche y tras cenar, Katherin le comunica a su esposo Bill que nuevamente les cortaron  el suministro de agua. Bill decide ir a solucionar este percance y es acompañado por Logan a insistencia del profesor X.

Bill explica a Logan que una empresa de bebidas compró todas las propiedades del sector y que como su familia se negó a vender, intentó embargar sus tierras, envenenó a sus perros y que ahora le corta el agua constantemente. Mientras caminan, a lo lejos se observan dos grandes máquinas que procesan maíz transgénico que no es destinado para la alimentación sino que sirve para elaborar las bebidas energizantes.

Cuando llegan a donde está la bomba de agua, que está amurallada, Bill rompe el candado que cierra las rejas, entra y abre la llave de la bomba. Al poco tiempo llega una camioneta con tres hombres armados que amenazan a Bill. Frente a la agresión de los hombres, Wolverine reacciona y golpea a uno de ellos -a quien los demás le dicen “jefe”- acto seguido los hombres se van.

El constante acoso que atraviesa esa familia campesina estadounidense es una realidad que se repite en distintos lugares rurales del mundo y si esto que sucede en Estados Unidos es mostrado en una película taquillera de Hollywood –que la mayoría de las veces comparte y fomenta grandes intereses económicos – es porque, cada vez más, las consecuencias de la agroindustria son desastrosas y ya no se las puede negar.

Dejando la película a un lado, los efectos de la expansión de la agroindustria en el área rural de Sudamérica son igual o más arrasadores que los relatados en Logan: familias despojadas de sus territorios, muchas veces con acciones violentas; comunidades enteras privadas de fuentes de agua; sometimiento de familias agricultoras a reglas del agronegocio; extensión de monocultivos; bosques depredados; inundaciones más frecuentes; debilitamiento de los suelos por los monocultivos y el uso de agrotóxicos dejando miles de hectáreas inservibles para la siembra; entre otros.

Uno de los países de esta región que más sufre las consecuencias de la extensión de plantaciones de agroindustria es Brasil, uno de los mayores productores y exportadores de alimentos del mundo. Allí la expansión de los monocultivos commoditties afectan a los territorios de campesinos, indígenas y quilombolas[1], quitándoles sus tierras por la fuerza, imponiendo una súper explotación de los trabajadores y de la naturaleza, de acuerdo con el “Informe 2016, Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica” del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS), de pronta publicación oficial pero ya disponible en su versión preliminar en la web.

En este informe, en su capítulo de Brasil, se explica que los conflictos de tierras se generan, principalmente, por la amenaza agresiva de las expansiones de la agricultura en masa, que requiere de más tierras fértiles porque las ya usadas no sirven para plantar. Señala que el Consejo Indígena Misionero (CIMI) informó que el 2015 fueron asesinados 137 indígenas en el país por defender de su territorio. Mato Grosso del Sur, el Estado con la mayor población indígena del país, registró el mayor número de asesinatos (36) y precisamente es una de las zonas con más hectáreas dedicadas a la agroindustria de soja. Estos datos van en la misma línea que el informe de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT)[2] explica que en 2016 se registró el mayor número de muertes desde 2003, con la aparición de 61 víctimas fatales involucrados en conflictos por la tierra. De estos, 46 fueron víctimas de la Amazonía, otro de los lugares amenazados por la agroindustria y por otras actividades extractivas como la minería.

Asimismo, explica que, la mayoría de las veces, la alta concentración de tierras también significa alta apropiación de agua pues sin este elemento no se puede hacer viable la producción de los monocultivos.

En el caso de Argentina, que sigue los pasos Brasil, la situación no es muy diferente. En las últimas décadas Argentina vive un proceso de creciente concentración de la producción agropecuaria e intensificando de su orientación exportadora, por lo que a 2016, el 40% de sus exportaciones es de ese sector, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario.

De su superficie cultivada, el 60% es monocultivo como la soja, girasol, trigo y maíz. En la última década, la producción de la soja creció evidentemente por lo que a 2014 ocupaba el 50,51% de la superficie arable, de la cual el 69,42% usaba paquetes tecnológicos. En 2003 la superficie con soja transgénica era de 12 millones de hectáreas (ha) y se estima que para 2017 cubrirá 20,6 millones ha, de acuerdo con el informe del IPDRS.

Un aumento relevante también lo tuvo el maíz que pasó de 3 millones de ha en 2003 y se prevé que este año llegue a 7,3 millones, correspondiendo más del 70% a variedades transgénicas.

De esa forma el agronegocio fue expandiéndose en nuevas tierras despojando a campesinos e indígenas de las suyas y tumbando bosques. A 2015, se registraron nueve millones de hectáreas de territorios campesinos indígenas, que estaban en disputa con la agroindustria, según el capítulo de “Impactos sociales, económicos y ambientales de la expansión de la frontera agrícola en la región bajo el modelo del agronegocio de extractivismo” de la memoria del Tercer Foro Andino Amazónico de Desarrollo Rural.

Por ello, en los últimos años se registraron fuertes conflictos en comunidades de campesinos que se resisten a ser despojados, es el caso de Santiago del Estero, donde al menos nueve mil familias luchan contra el desalojo de terratenientes y grandes empresas promotoras del monocultivo de la soja transgénica. Además, según denuncias del Movimiento Campesino Santiago del Estero (Mocase) se reactivó la criminalización de la lucha por la tierra.

Por otro lado, ese país sufre de frecuentes inundaciones por el uso de semillas modificadas, pues a diferencia del monte nativo que absorbe 300 milímetros de agua por hora o una pastura convencional de ganado 100 milímetros, un campo con soja apenas 30 milímetros por hora, según una investigación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). La entidad explica que el cambio del uso del suelo es un factor fundamental para explicar por qué las inundaciones son cada vez más continuas y graves.

La realidad de países más pequeños es bastante similar. En el caso de Paraguay, mejor conocido como la “República de la Soja”, que continúa en su camino a la expansión y profundización del modelo agroexportador de raíz extractivista. Los sojeros y ganaderos avanzan con sus actividades, en muchos casos “desplazando de sus tierras a poblaciones campesinas e indígenas, recurriendo, para ello, a varios mecanismos, como la compra de sus tierras, trampas judiciales con funcionarios corruptos, fumigación en los alrededores de las comunidades o amenazarlos y hostigarlos hasta que dejen sus tierras”, advierte el Informe.

De ese modo se explica la absoluta desigualdad en la distribución de tierras, pues estamos hablando de un país donde el 2,6% de propietarios acaparan el 85% de las tierras fértiles.

Estos tres ejemplos solo son una muestran de la lógica expansiva del capitalismo que se impone en Sudamérica, en este caso con la agroindustria y el uso de transgénicos, actividades que son fomentadas por los Estados de la región, a partir de recursos económicos o marcos legales que las protegen e incentivan.

Más allá de que el debate que las semillas modificadas sean dañinas para la salud (existen miles de denuncias al respecto) aún esté abierto, no se puede negar que los impactos sociales y ambientales en su producción dentro de la agricultura en masa están arriesgando, actualmente, los derechos y la vida de indígenas y campesinos en Sudamérica y tal como muestra Logan, también en países del primer mundo.

BIBLIOGRAFÍA

IPDRS. Informe 2016, Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica. (2017) La Paz: IPDRS (Versión preliminar)

FORO ANDINO AMAZÓNICO DE DESARROLLO RURAL. Memoria de Tercer Foro Andino Amazónico de Desarrollo Rural. (2016) La Paz: CIPCA.

PÁGINA 12. Cosecha soja, siembra inundación. (Recuperado de https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-297922-2016-04-27.html)

MOVIMIENTO REGIONAL POR LA TIERRA Y TERRITORIO. (2017) La agroecología resiste a la gran propiedad y el monocultivo de soja. (Recuperado de http://porlatierra.org/novedades/post/179)

MOVIMIENTO DE TRABAJADORES RURALES SIN TIERRA. (2017) Democracia já tem quase 2 mil assassinatos políticos no campo

  [1] Identidad referente al “quilombo”, término derivado del kimbundu, lengua africana perteneciente a la familia lingüística Bantu, comprendida en la actual región de Angola. En Brasil la palabra fue re-semantizada, a través de los aparatos represivos destinados a capturar personas o grupos que huían de la esclavitud. En la legislación colonial brasileña se llamaba “quilombo” a cualquier grupo con más de cinco personas negras que fuesen encontradas juntas. “Quilombolas”, por lo tanto, son las personas que históricamente expresan la resistencia negra desde el Brasil esclavista.

[2] Según el estudio de la CPT destaca tres casos emblemáticos: los asesinatos de la activista Nilce de Souza Magalhães en Porto Velho; del campesino Ivanildo Francisco da Silva en Mogeiro y del indígena Clodiode Aquileu de Souza en Caarapó. Asimismo, el informe explica que más de 2,5 mil hombres y mujeres campesinos, indígenas y quilombolas fueron asesinados entre 1964 y 2016 en todas las regiones de Brasil. Más información disponible en: https://goo.gl/1tigbm.