Consejo (de ministros) Agropecuario del Sur, vigencia y utilidad

Alcira Córdova Avilés*

En la ciudad de La Paz, Bolivia, concluyó el XVII encuentro de ministros de Consejo Agropecuario del Sur (CAS), entidad creada en abril del año 2003 y conformada por representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. El convenio constitutivo, protocolizado en la ALADI, establece que el Consejo tenga una presidencia pro témpore rotativa. La Secretaría Técnica Administrativa del CAS está a cargo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) con sede en Santiago de Chile y la oficina de Comunicaciones, en Montevideo, Uruguay.

El CAS incorpora un sistema de articulación regional del sector agropecuario, compuesto por varias unidades: la Red de Coordinación de Políticas Agropecuarias (REDPA), integrada por las respectivas oficinas nacionales de políticas agropecuarias; el Grupo Informal de Negociaciones Agrícolas (GINA-Sur), integrado por las unidades responsables de las negociaciones agrícolas internacionales; el Comité Veterinario Permanente (CVP), integrado por las respectivas direcciones de salud animal; el Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur (COSAVE), integrado por los directores de sanidad vegetal de la región, y el Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y Agroindustrial del Cono Sur (PROCISUR), integrado por los institutos de investigación agropecuaria.

Hasta la reunión de La Paz de fecha 11 y 12 de agosto, los representes ministeriales se reunieron en 17 oportunidades de manera ordinaria y 8 de maneara extraordinaria, tocando temas tales como: Crisis financiera internacional y su impacto en la agricultura regional; sanidad animal; sanidad vegetal, políticas públicas; relación con el sector privado; biotecnología; desarrollo sostenible en un contexto de expansión agrícola; alza de precios de los alimentos.

DECLARACIÓN DE LA REUNIÓN DEL 11 Y 12 DE AGOSTO, LA PAZ-BOLIVIA

“La variabilidad climática, que podría estar aumentando en el marco de un cambio climático, demanda el fortalecimiento de la estrategia para disminuir su impacto negativo en la producción agrícola, pecuaria, forestal y pesquera regional. Esto condiciona el abastecimiento alimentario, las exportaciones y las fuentes de ingreso de la población, especialmente en las zonas más vulnerables”.

“El trabajo preliminar realizado por el Grupo ad hoc identificó oportunidades de cooperación y trabajo conjunto entre ellas las siguientes áreas temáticas: gestión de riesgos climáticos, evaluación socioeconómica de los impactos de la variabilidad y el cambio climático, uso sustentable de los recursos naturales y fortalecimiento de la investigación y transferencia tecnológica”.

El trabajo del Grupo ha evidenciado que los temas: Uso de la Tierra, Cambios en el Uso de la Tierra y Forestal y de Agricultura que se negocian en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) son relevantes para el sector agropecuario y por lo tanto es conveniente que los Ministerios de Agricultura participen y fortalezcan su presencia en estas negociaciones”.

Los ministerios de la región “se comprometen a realizar los mayores esfuerzos para:  Fortalecer los sistemas nacionales y regionales para el monitoreo y pronóstico de las variables agroclimáticas; Facilitar el acceso de información generada en la región a los tomadores de decisiones relativa a los efectos de la variabilidad y el cambio climático sobre la agricultura; fomentar acciones regionales relacionadas con la gestión de riesgos climáticos, incluidos los sistemas de alerta temprana y el uso de instrumentos financieros, considerando la diversidad territorial de la región; impulsar la evaluación socioeconómica de los impactos del cambio climático, fortaleciendo el apoyo específico a los sectores más vulnerables; Promover el intercambio de información respecto de la metodología utilizada para la zonificación de áreas vulnerables a la variabilidad climática; apoyar los esfuerzos de PROCISUR orientados a enfrentar los desafíos planteados por la variabilidad climática, promoviendo el intercambio científico y tecnológico entre los países del CAS; promover una mayor participación de los ministerios de agricultura en las negociaciones sobre temas climáticos, llamando la atención sobre la posibilidad de que sirvan de soporte a nuevas medidas proteccionistas”.

Por otra parte, se pone de relieve la necesidad de actuar coordinadamente en espacios de discusión y negociación internacional: “Disponer de una base común de información preparatoria para la negociación, sugiriendo instrucciones para los negociadores sobre la base de los textos previos a cada reunión considerando las implicancias sobre la agricultura; relevar información científica disponible en materia de modelos explicativos y predictivos que contemplen las medidas de la variabilidad climática en la región y avanzar hacia la identificación de posiciones comunes en la Región frente a la negociación internacional de la CMNUCC (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático)”.

Por otra parte, hacen un llamado a los organismos multilaterales, que estuvieron representados en la XVII reunión: “Solicitar a los organismos internacionales FAO, CEPAL e IICA que coordinen su trabajo con las necesidades que en estas materias expresan los países”. 

VIGENCIA Y UTILIDAD

Vista la naturaleza del evento, el carácter técnico con el que se desarrolló, en nivel de representación y la interrelación con otros sectores y actores, nos animamos a emitir las siguientes apreciaciones.

No cabe duda sobre la utilidad de este tipo de eventos e instancias oficiales para debatir temas técnicos relacionados al desarrollo rural, principalmente los referidos a la problemática agropecuaria y forestal (como evidenció y explicó la FAO en su participación, existe una relación indisoluble entre lo agropecuario y forestal que se podría explicitar mejor).

La necesidad de avanzar en aspectos técnicos científicos, como en políticas públicas nacionales, acuerdos internacionales y políticas sociales, sumado al convencimiento sobre el invalorable aporte de actuar conjuntamente en problemáticas que no observan fronteras político administrativas, presentan oportunidades para lo que se puso de relieve: la coordinación, cooperación e intercambio de información. 

Se debe esperar que esta instancia ministerial contribuya en la construcción de una agenda de investigación, difusión y operativización de aspectos que podrían repercutir en la alimentación de la población del conjunto de los países, la sostenibilidad de los recursos productivos y junto con ellos, el desarrollo de las áreas rurales. Si fuera así, no cabe duda que los recursos financieros y humanos se invertirían de una manera más adecuada y ello llevaría indefectiblemente a una oportuna alineación entre esfuerzos del conjunto de actores estatales, multilaterales y privados. 

En el diseño institucional del CAS, no queda clara la equivalencia entre los distintos ministerios. Da la sensación, como en otros casos de la administración gubernamental, que las características y los objetivos de los ministerios representados, en concordancia con la estructura de los gobiernos de cada país, no es necesariamente homogénea en cuanto a la representación de intereses de los sectores productivos del campo. Si eso fuera así, se trata de establecer mayores canales de comunicación para poder lograr el propósito establecido en la declaración de presentar una posición común ante los espacios intergubernamentales de mayor envergadura.

La XVII reunión ordinaria y su tema central de discusión Cambio Climático y Agricultura, pude ser ya una base de la posición que como bloque debería llevar Sudamérica de cara a Copenhague, tal y como se manifiesta en su resolución, los Ministerios de Agricultura están llamados a participar y fortalecer su presencia en estas negociaciones, tratando de que los países miembros del CAS no salgan como perdedores en esta instancia.

Se podría también poner algunos interrogantes a la efectividad política del CAS, tomando en cuenta que no corresponde con ninguna estructura oficial intergubernamental en la región. En este sentido para darle mayor fuerza sería necesario incorporar formalmente este espacio ministerial en estructuras como UNASUR, lo cual parece perfectamente posible, ya que en el CAS se encuentran los países con mayor volumen y desarrollo de actividad agropecuaria y forestal de Sudamérica.

Para conocer más del CAS, se puede visitar su página WEB:  http://www.iica.org.uy/casonline/inicial.asp  

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* Alcira Córdova Avilés es economista y nueva integrante del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPRDS).