Tierra, violencia y desplazamiento 

 Malkya Tudela

Periodista, trabajó en el periódico La Prensa y el periódico digital del PIEB, cuenta con Maestría en Estudios Críticos del Desarrollo en CIDES- UMSA. Actualmente trabaja en la Unidad de Investigación del IPDRS.

La violencia estructural ha convivido con las comunidades campesinas y pueblos indígenas tanto como es posible forzar la memoria. La violencia política especialmente, tanto en Colombia como en el Perú, provocó que grupos humanos completos abandonaran sus tierras y territorios, en desplazamientos forzados de los que hasta ahora se desconoce el impacto tanto para esas poblaciones como para la sociedad en general. El Movimiento Regional por la Tierra y Territorio, no sólo ayuda a visibilizar la lucha por la que lleva su nombre, también abre espacios de debate e inspira a trabajar por un mundo donde la tierra, su tenencia y su trabajo dignifican y merece ser también de mujeres.

Aunque la guerra interna se ha dado oficialmente por finalizada en el Perú, donde contendieron el Estado peruano y el Partido Comunista del Perú, y recientemente la comunidad internacional fue testigo de la firma del acuerdo de paz en Colombia, entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el desplazamiento forzado es un hecho que todavía tiene secuelas sociales, políticas y psicológicas en las poblaciones obligadas a abandonar sus tierras.

Algunos estudios de caso del Movimiento Regional por la Tierra y Territorio (MRxT) tienen en su contexto a la violencia estructural y a la violencia directa como elementos con capacidad de definir el futuro de una comunidad, al obligarla a tomar decisiones drásticas en busca de su supervivencia.

Para este análisis tomaremos en cuenta solamente seis casos de Colombia y Perú porque en ambos países sucedieron históricamente levantamientos armados cuyo objetivo fue enfrentarse al poder estatal. Esta selección no exonera a los demás países de ejercer esa violencia contra poblaciones campesinas e indígenas, y sus aliados. Los asesinatos de dirigentes campesinos, e incluso de líderes religiosos, activistas o abogados que apoyan a los campesinos e indígenas en Brasil y Paraguay, son moneda corriente en la pugna por la posesión de la tierra.

En el Perú, de once casos de acceso a la tierra, hasta el momento dos relatan el retorno a la comunidad después de un desplazamiento forzado. En Colombia, el MRxT reporta 19 relatos de acceso a la tierra, de los que cuatro hacen referencia a procesos de desplazamiento y/o reasentamiento sucedido en el marco de los hechos de violencia.

La violencia estructural

 La violencia estructural propiciada por las desigualdades y jerarquías sociales es aquella que ocurre de manera no explícita pero que produce la privación de derechos y necesidades básicas de las personas. Aunque no necesariamente se aplica la violencia física o directa para mantener a un grupo de personas en situación de vulnerabilidad, desventaja o desposesión, debemos aclarar que si no existieran mecanismos represivos tampoco ese poder económico y político podría ser ejercitado y prolongarse en el tiempo.

Ese poder ejercido por los antiguos dueños de la tierra es un hecho grabado en la memoria de la población, incluso después de haber vivido periodos de violencia armada entre el Estado y un grupo irregular. El caso 109 La perseverancia de las mujeres para acceder a tierras en Chiara relata la extrema violencia vivida por la comunidad en la época semifeudal y del poder político del hacendado; esos hechos se destacan en la memoria a pesar de que posteriormente a ellos la comunidad vivió además la época de la violencia armada.

“Por eso nos íbamos a las haciendas vecinas a pedir trabajo. Pero los patrones hacían lo que querían con nosotras. No había suficiente tierra para cultivar y no sabíamos cómo sembrar, por eso dependíamos de los hacendados”, señala Dionisia Zevallos de 85 años, rememorando la época anterior a la reforma agraria de 1969.

En Colombia sucede lo mismo. La tierra es un elemento en disputa, pero en en manos del terrateniente. Así lo testimonia el Caso 18 Cabildo indígena Pijao, Comunidad de Guayaquil, aunque no describe un caso de desplazamiento forzado:

Con la posesión de los Zambrano (militar en retiro) en estas tierras, comenzaron las relaciones serviles, pues la familia Zambrano entregaba tierras a los comuneros de Guayaquil en aparcería, para que las trabajaran y les entregaran una buena parte de la producción, y les hacía firmar un documento donde constaba que las tierras eran entregadas en calidad de arriendo, para evitar que reclamaran la propiedad de ellas, así sucedió hasta que la comunidad se comenzó a dar cuenta de que las tierras en realidad eran suyas y debían reclamar su propiedad, fue así que la Comunidad de Guayaquil poco a poco se fue reorganizando durante los años 80 para  para defender su territorio y hacer valer sus derechos.

La carencia de tierras y de trabajo, la incertidumbre para garantizar la reproducción diaria de la familia, son aspectos propios de la violencia estructural sobre los amplios sectores campesinos e indígenas.

El desplazamiento forzado

El conflicto armado aparece como un elemento que supera con creces cualquier nivel de violencia aplicado con anterioridad. Ese enfrentamiento entre fuerzas armadas legales e ilegales derivó en el desplazamiento de poblaciones enteras, principalmente de áreas rurales, en busca de su supervivencia. Es solo cuando aparece la violencia armada entre grupos antagónicos que los campesinos quedan atrapados entre dos fuegos, o que en menor medida optan por apoyar a alguno de los sectores enfrentados.

El caso 65 Memoria y reconstitución de la Comunidad Campesina Viscatámpata-Orccohuasi, en Huanta, Ayacucho, es un ejemplo de desplazamiento forzado con el abandono casi total de la comunidad hasta la finalización de la guerra interna. Este hecho ha sido relatado incluso por la Comisión de la Verdad en su informe final.

El abandono de la tierra supone un cambio en los recursos para garantizar la sobrevivencia, además del impacto en los aspectos sociales, culturales y políticos sobre la comunidad y sobre las nuevas áreas de asentamiento, hecho documentado por varias investigaciones. La eliminación abrupta de estos recursos pone a los pobladores ante la desestructuración de su vida en la comunidad, al verse obligados a insertarse en un territorio ajeno y debilitar sus redes sociales.

El caso 23 Resguardo Indígena Pijao de Palma Alta, referido a Colombia, refleja los niveles de violencia directa aplicada contra un pueblo indígena sin necesariamente estar enmarcado en el enfrentamiento entre el Estado y un grupo armado, sino con la sola presencia de fuerzas paramilitares vinculadas a los terratenientes.

En 2001 se registró en la finca Gualanday de Corinto, una masacre por parte de paramilitares. La guardia indígena había detenido a cuatro delincuentes que asaltaban a indígenas desprevenidos en el camino hacia las veredas y al cabo de unos días catorce personas fueron asesinadas arbitrariamente como revancha mientras bajaban en la chiva colectiva (…).

En el Caso 14 de Corregimiento de Guaimaro, Colombia, es un ejemplo de que el acaparamiento de tierras se hizo con un uso de fuerzas que encontró en desventaja a los campesinos. Unas 300 familias se vieron en un desplazamiento forzado a causa del paramilitarismo (no había presencia de guerrilla en la zona) cuyos miembros, se supo posteriormente, “actuaban en complicidad con los grandes propietarios y con la élite política municipal y departamental”.

La guerra interna es un pretexto o un mecanismo utilizado por los grupos de poder local o nacional para acaparar más tierras (CNMH, 2015). Sobre la base del análisis de la situación de la población del Tibú, en el Catatumbo, donde hubo verdaderas masacres, la CNMH plantea: “La huida forzada de la población, particularmente rural, también se debe a intereses políticos y económicos legales e ilegales vinculados a conflictos por la tierra y los recursos naturales, lo que refleja un carácter rentista en el desplazamiento y su funcionalidad para perpetuar un sector rural concentrado, inequitativo, excluyente e improductivo” (CNMH, 2015b:18).

El retorno

En el caso 65 de Viscatámpata, la comunidad no ha vuelto a ser la misma. Los pobladores desarrollan su vida al lado de un cuartel de las Fuerzas Armadas y han adoptado una vigilancia militarizada en su cotidiano. En esta región, los pobladores abandonaron sus tierras por más de una década y el retorno sucedió al finalizar los años 90 con el Programa de Apoyo al Repoblamiento (PAR) (CVR, 2003). 

En otros casos el desplazamiento y retorno se alternan en el tiempo sin que ninguna política pública pueda garantizar la permanencia de esa población en un solo lugar o en su propia tierra. El Caso 73 Consejo comunitario de Alsacia: Lucha constante por la permanencia y defensa del territorio, en Colombia, refleja ese ir y venir de una población:

Mayores de la Alsacia cuentan que la población local ha tenido que enfrentarse a varios desplazamientos. El primero, cuando llegan las dragas, en la época de la “fiebre del oro”, el segundo, cuando se hace el llenado de la represa La Salvajina, el tercero, a fines del año 2000 cuando debido a la arremetida paramilitar tuvieron que abandonar la zona durante casi dos meses. En el año 2013 también se presentó una situación de confinamiento de la población, al quedar en medio del fuego cruzado entre el ejército y las FARC 

En Colombia el retorno tiene sus complicaciones. En el departamento del Cesar, se identificó una tendencia: “campesinos desplazados por guerrillas y paramilitares intentan que les devuelvan sus tierras, pero se encuentran con que hoy están en manos de socios y cómplices de los paramilitares, terratenientes, ganaderos y compañías mineras” (CNMH, 2016:13). En el retorno se encuentran también con políticas públicas para solicitar tierras antiguas o nuevas. El problema es que la pesada burocracia, la ineficiencia administrativa y los intereses políticos de los grupos de poder permanecen activos para poner trabas a las solicitudes de los campesinos sin tierra. En el caso 3 San Julián del Caquetá, cuyos protagonistas son familias llegadas desde distintos lugares, los campesinos se adjudican tierras que tienen otros ocupantes e inician el burocrático e incierto proceso de la titulación.

En el Perú, un balance de las políticas de retorno ha develado que el PAR (Programa de Apoyo al Repoblamiento y Desarrollo de las Zonas de Emergencia) tuvo un punto de partida erróneo para aplicar sus políticas de retorno (MND-SEPIA, 2006). El retorno sólo se inició en el Perú desde los propios pobladores en 1993 cuando la guerra interna había ingresado a una fase menos agresiva, casi cesando los enfrentamientos. Los que regresaron, particularmente los que se habían desplazado cerca de su tierra nativa, lo hicieron apoyados en la comunidad, antes que en políticas desarrolladas por los gobiernos locales o el gobierno nacional.

Nuevo momento, persiste la violencia

Un conflicto latente como el que vive la familia de Máxima Acuña, en Cajamarca, Perú, es el ejemplo de la situación actual de nuevos actores y un nuevo ejercicio de violencia en las zonas campesinas o territorios indígenas. Los terratenientes, aunque siguen presentes en ciertos sectores del territorio, fueron sustituidos por las empresas capitalistas o multinacionales que tienen el interés de desarrollar actividades mineras, hidrocarburíferas, agroindustriales, turísticas, entre otras.

El desalojo, el desalojo forzoso y la usurpación de tierras se identifican como resultados de las acciones de la empresa capitalista extractiva para ganar territorio a los campesinos lugareños o a los pueblos indígenas. Generalmente las comunidades locales actúan a la defensiva, utilizando mecanismos legales otorgados por el propio Estado (consulta previa, demandas de propiedad), organizando internamente sus fortalezas (creando asociaciones, sindicatos), aglutinando la solidaridad de voluntarios activistas nacionales y extranjeros y de organizaciones no gubernamentales o enfrentando directamente a los actores con poder mediante marchas, bloqueos y otro tipo de resistencia. 

Los casos del Movimiento Regional por la Tierra y Territorio han registrado estos nuevos actores y amenazas en el marco del acceso a la tierra. Generalmente los nuevos actores tienen intereses en la actividad extractiva, pero no llegan solos, ingresan en el territorio con respaldo del Estado a través del gobierno nacional y/o los gobiernos locales. 

Incluso poblaciones que no fueron afectadas con enfrentamientos armados son ahora amenazadas por la presencia de proyectos capitalistas, en algunos casos en alianza misma con el Estado. El caso 118 Reserva Comunitaria de Junín, que no incorpora un hecho de violencia armada o desplazamiento, relata la situación en la zona del Íntag en Ecuador, donde los pobladores lograron dos veces la salida de multinacionales (Bishi Metals y Ascendant Corporation) de su territorio. Sin embargo, actualmente el Estado ecuatoriano, en alianza con Codelco chilena, ha irrumpido en la reserva comunitaria con el objetivo de desarrollar la explotación de cobre y depositando su maquiaria dentro de la cabaña destinada al mirador turístico de la comunidad.

A modo de conclusión

 Ante la violencia ejercida en la disputa por la tierra, ésta es respondida con distintas estrategias por los pueblos afectados. Este proceso de reponerse, rearmarse y reconstituirse se hace sobre las propias fuerzas de las familias o de las comunidades desplazadas, casi sin ninguna ayuda de instituciones estatales. Es más, los mecanismos legales creados para restituir la tierra a los afectados suelen no funcionar o suelen contener demasiadas trabas burocráticas, lo que finalmente expresa una política implícita de posponer indefinidamente el retorno a la tierra.

Sin embargo también es posible ver procesos en los que las comunidades actúan utilizando mecanismos legales otorgados por el propio Estado (demadas de consulta previa, demandas de propiedad), generando organizaciones propias para fortalecerse, buscando aliados externos (activistas, organizaciones no gubernamentales, empresas pequeñas), emigrando temporalmente una parte de la familia para fortalecer a los parientes en la comunidad de origen, enfrentando directamente a los actores mediante marchas, bloqueos y otro tipo de resistencia o tomando la tierra de hecho por la fuerza. 

*Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.