Agenda 2009 del desarrollo rural en Bolivia

 *Oscar Bazoberry Chali

El año 2009 se inició para Bolivia  con el estreno de Constitución Política del Estado, habiendo sido ésta votada el 25 de enero y promulgada el nueve de febrero. La nueva Constitución incorpora un título denominado Desarrollo Rural Integral Sustentable.

La constitucionalización del desarrollo rural se plantea desde el eje central de fomento de emprendimientos económicos comunitarios y de otros actores rurales, con énfasis en la seguridad y en la soberanía alimentaria. El texto hace una declaración de economía plural “constituida por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa”, con  una opción particular por las “comunidades indígenas originarias campesinas y los pequeños productores agropecuarios, (y por) la economía familiar y comunitaria” (CPE Título III. Artículos 405 al 409).

La perspectiva del desarrollo rural en Bolivia se encuentra directamente relacionada a la distribución de recursos naturales y por tanto a las actividades agropecuarias y forestales. La incidencia de la actividad económica del campo es importante incluso para el sostenimiento de las ciudades más dinámicas del país en los últimos años.

La normativa vigente sobre tierras refuerza esta visión al determinar que, a partir de la promulgación de la Constitución, las  tierras fiscales podrán distribuirse solamente bajo la modalidad de tierras comunitarias. La consolidación de recursos, principalmente tierra y bosque, en propiedad y administración de las comunidades campesinas e indígenas podría constituirse en la oportunidad de establecer acciones que generen un desarrollo adecuado y comparable a otros grupos en el país. Mientras que en el sector privado empresarial, aunque no se ha notado una disminución de su capacidad productiva, se ha detenido en buena medida la acumulación especulativa de tierras, así como la incursión de inversiones extranjeras en tierras y bosques.

Por otra parte, la nueva Constitución establece una participación más activa del Estado en la economía del país. En este marco, la actual gestión gubernamental promueve la participación estatal activa en todas las áreas de la economía,  bajo la convicción de disminuir el descontrol de la economía de mercado y la falta de promoción y apoyo a los sectores desfavorecidos por las políticas anteriores.

Previamente, pero en una línea similar, la descentralización municipal del año 1994 promovió una dinámica importante en los campos sociales organizativos, políticos y económicos en todas las regiones del país. Hoy, la incorporación de distintos niveles de autonomía y ampliación de competencias podría generar nuevas oportunidades para las áreas rurales y sus pobladores.

Institucionalidad hoy

Desde el año 2006 existe el Ministerio de Desarrollo Rural. Anteriormente la atención al área se dividía en dos ministerios: el de Desarrollo Agropecuario y de Asuntos Campesinos y Colonización. 

Como consecuencia de la adecuación a la nueva Constitución, en febrero pasado el ministerio se denomina Desarrollo Rural y Tierras,  con cuatro viceministerios: Desarrollo Rural y Agropecuario, Gestión y Desarrollo Forestal, Tierras y el de la Coca y Desarrollo Integral.

En  el ámbito más práctico de la acción, el gobierno de Bolivia ha optado por una participación directa, y en distinta escala, en iniciativas de producción, transformación y comercialización y por la creación de un conjunto de empresas y programas que apoyan iniciativas privadas pequeñas y comunitarias.

En la mayoría de los casos estas empresas y emprendimientos se encuentran en etapa inicial, sin lograr resultados notables, por lo que aún se discute el marco conceptual y el impacto que tendrá en el desarrollo rural la intervención estatal en el desarrollo rural, así como en la economía de las familias campesinas indígenas.

Temas para el debate

En cuanto a las políticas públicas y acciones institucionales si bien la priorización del sector campesino indígena comunitario y familiar  avanza en la dotación de tierras, aún no escapa de la limitada visión de economía de subsistencia. Queda mucho camino para superar la distancia entre el discurso del respeto y el fomento de los valores culturales con la reproducción de acciones rutinarias en la práctica del desarrollo de las últimas seis décadas.

Un aspecto sensible es la poca claridad en la distribución de competencias para el desarrollo rural entre los distintos niveles de gobierno y entre éstos y otras instituciones públicas y privadas. A  ello se añade la ausencia de iniciativas institucionalizadas, públicas y privadas, para avanzar en la definición conceptual, normativa y prácticas de las modalidades de economía comunitaria prevista en la nueva Constitución Política del Estado. Ayudaría la inclusión del debate y reflexión sobre paradigmas emergentes del desarrollo rural en el sistema educativo superior.

Otros aspectos prácticos que siguen siendo insuficientemente atendidos e irresueltos son: la dotación de  mecanismos financieros adecuados a la economía familiar, como sistemas de ahorro, seguros agropecuarios y agroforestales, con perspectiva de diversificación y multiactividad, un adecuado equilibrio entre el protagonismo del Estado y la iniciativa de las organizaciones sociales, comunitarias y privadas y superar la ausencia de información estadística sobre la economía rural, incluyendo aquella que incorpore criterios y valores provenientes de los nuevos paradigmas.

Perspectiva sudamericana

En relación a sus pares en la región andina y Sudamérica, Bolivia se caracteriza por la persistencia de las formas comunitarias de propiedad de la tierra, refrendada en la Constitución y la acción del Estado. 

La actual gestión gubernamental, con amplio apoyo de su base de movimientos sociales, ha optado por una política que vincula el desarrollo y el bienestar con visiones concéntricas desde la comunidad, hacia la región y la nación, Estado Plurinacional según la nueva Constitución. Así, la protección y promoción de la producción nacional es el eje de las políticas públicas. Por ello ésta plantea “Garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, priorizando la producción y el consumo de alimentos de origen agropecuario producidos en el territorio boliviano”.

En ese marco pueden entenderse varias posiciones y medidas actuales, como el que los mercados internacionales y los proveedores internacionales son vistos con desconfianza, un mal necesario; el bloque del TCP - ALBA, principalmente la sociedad con Venezuela y Cuba, se presenta como un acuerdo de países que supera lo estrictamente comercial y se propone como ejemplo de lo que podría consistir una política internacional. Sin embargo, se observa que el predominio de las afinidades políticas asentadas en las figuras de los presidentes, lleva a perder de vista una articulación propositiva y formal con los países vecinos y la posibilidad de apoyar con más fuerza la integración sudamericana.

Finalmente, es notable la ausencia  de  prioridades y políticas de integración,  como la compatibilización de criterios técnicos y normativos respecto a aspectos fundamentales del desarrollo rural en áreas de conservación de los recursos naturales, control de la contaminación de los ríos,  biodiversidad y la introducción de transgénicos. 

* Sociólogo y ruralista boliviano. Coordinador del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS). Docente de la Maestría de Desarrollo Rural Sostenible en el CIDES-UMSA.