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Escrito por Los tiempos

Categoría: Articulos

Publicado: 15 Mayo 2013

Es preocupante como en últimos días y en ocasión al aniversario del departamento de Santa Cruz, autoridades nacionales den señales ambiguas sobre la vigencia de normas fundamentales que regulan el uso y administración de un recurso natural importante del pueblo boliviano: La Tierra, e incitando al incumplimiento de las mismas. Si bien es cierto que hay necesidad de examinar con mayor cuidado la normativa que regula los desmontes que fueron realizados en propiedades comunitarias o de pequeños productores antes de la titulación, esto no justifica un “perdonazo” generalizado.

La falta de seriedad expresada por algunas autoridades, como la Ministra de Producción Desarrollo y Economía Plural, en sus anuncios de flexibilización en el cumplimiento de la Función Económica Social (FES) y “perdonazos” por los desmontes ocurridos, nada contribuye en dar certidumbre sobre la vigencia del marco legal que ha permitido cierta, aunque muy limitada, responsabilidad y cuidado en los propietarios de la tierra y más bien crea la sensación de que como habría un “perdonazo” esperando tras la puerta más vale apurar los esfuerzos de deforestación y ampliación de la frontera agrícola. Es carta libre gubernamental para que fundamentalmente los responsables de las grandes superficies deforestadas y detentores de grandes extensiones tierra se beneficien (81 por ciento de la deforestación causada por ganaderos, agroindustriales y extranjeros) y den rienda suelta a sus esfuerzos por ampliar la frontera agrícola a precio de bosques y suelos no aptos para la agricultura mecanizada y la ganadería extensiva.

Todo esto ocurre y se promueve desde un gobierno “campesino”. Para entender la contradicción basta ver la relación entre la descampesinización del agro argentino, brasilero y paraguayo con la entrada rimbombante de la agroindustria. La ecuación que nos muestran estas experiencias es sencilla de describir: más agroindustria es igual a menos campesinos en posibilidad de competir con los precios bajos de la producción de gran escala frecuentemente subvencionada por grandes inversiones públicas.

Sin embargo, también es importante coincidir con la lectura del Vicepresidente en su discurso de apertura de la Fexpo Santa Cruz este año, cuando a partir de proyecciones realizadas por la FAO, sostiene que estamos a puertas de una década de precios de alimentos altos y probablemente crisis alimentarias más o menos crónicas a nivel global. Y es necesario defender la sensatez de la propuesta estratégica que presenta en este escenario sobre la necesidad de apostar como sector público a la producción de alimentos. Pero también debemos ser taxativos con el hecho que de esta apuesta no puede ser a costo de la vigencia de la economía campesina indígena y la integridad ambiental de los territorios de aptitud forestal remanentes donde inevitablemente se está dando la ampliación de la frontera agrícola en la actualidad. Esta no es una afirmación hecha desde las trincheras medioambientalistas, sino desde los intereses de largo plazo de sostenibilidad económica del país, de las políticas de seguridad y soberanía alimentaria y, fundamentalmente, el futuro de los sectores campesinos indígenas. Es necesario y urgente, sí, construir políticas públicas que promuevan la producción de alimentos y estar preparados para afrontar los tiempos difíciles que se pintan como nubes negras en el horizonte, pero es necesario denunciar aquellos intentos de negar la realidad y características nacionales y trabajar conjuntamente en estrategias y políticas públicas inclusivas con la población históricamente vinculada a la producción alimenticia y de manera respetuosa con nuestras aptitudes productivas que aseguren sostenibilidad en el largo plazo, otra cosa es impensable. Cualquier otro camino debería ser impensable.

El autor es director de Cipca Norte Amazónico