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Qué pasa

toma de tierras campesinos paraguayCampesinos que reclaman parte de esas tierras se concentraron el 31 de marzo frente a un latifundio agroindustrial demandando la entrega de terrenos que alegan son del Estado y ocupan ilegalmente empresarios extranjeros.

La propiedad, situada en el departamento de Itapúa, a 365 kilómetros de esta capital, está en manos de la empresa Frutika y de colonos foráneos dedicados a la ganadería.

Las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) se han convertido en foco de atención de los diálogos en La Habana desde que, hace un par de semanas, las Farc propusieron públicamente destinar nueve millones de hectáreas para este propósito. La iniciativa ha generado reacciones de todos los sectores pero los campesinos, lejos de estos debates, pelean un asunto de fondo: que quienes trabajan  en pro de este proyecto tengan seguridad. Cosa que, al parecer, no ocurre en el campo colombiano.

La Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina acaba de denunciar la desaparición de Alonzo Lozano, presidente de la Asociación de Trabajadores Campesinos de la Región del río Guaviare, coordinador de derechos humanos por parte de la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos del Oriente Colombiano y líder del movimiento político Marcha Patriota. Según indicaron miembros de estas organizaciones, Lozano se encontraba realizando reuniones con comunidades campesinas pertenecientes a la Mesa de Unidad Cívico, Agrario y Popular del Oriente Colombiano (Mucapoc) en Villavicencio (Meta), lugar de donde partió el 22 de marzo hacía la vereda Matabambú del municipio de Mapiripán (Meta) y desapareció.

La Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), que nuclea básicamente a productores agropecuarios de escala familiar, planteó ayer al presidente de la República, José Mujica, que limite el volumen de tierra que puede tener una persona física o jurídica en el país.

Fernando López, secretario de la gremial, dijo a El Observador que "planteamos el concepto, no pusimos un número, pero sí pedimos un tope".

El gremialista recordó que en la década de 1960, el caudillo nacionalista Wilson Ferreira Aldunate, ex ministro de Ganadería, presentó una propuesta similar."Antes de hablar de cuánto puede ser el tope hay que analizar criterios, como distintas realidades, tipos de actividad y zonas geográficas", precisó.

"No podemos más con el atropello", dice cargado de tristeza Carmelo Tayo, el corregidor de esta pequeña comunidad de indígenas tsimanes, asentada hace décadas en una tierra de la Amazonia boliviana que ahora ganaderos pretenden apropiarse.

El pueblo tsimane, también conocido como chimán y uno de los pocos grupos originarios cuya población crece en Bolivia, se movió tradicionalmente por el norteño departamento de Beni, aunque paulatinamente se ha asentado en comunidades como El Jatatal, en el límite de los municipios de San Borja y Rurrenabaque.

Allí vivían en forma tan tranquila como precaria una quincena de familias, distantes de la siguiente comunidad 15 kilómetros, hasta que ganaderos que se expanden en la zona con el apoyo de las autoridades de San Borja, según Tayo, pasaron a invadir su territorio.

Una propuesta de paz y soberanía alimentaria de las comunidades campesinas

El debate inició temprano. En la instalación del evento, Miriam Villegas, gerente del INCODER, y Andrés Bernal, Delegado del Ministerio de Agricultura, sentaron la posición del Gobierno Nacional frente a la figura jurídica de las Zonas de Reserva Campesina. Ambos funcionarios fueron claros en reconocer la existencia legal de algunas de estas zonas en nuestro país y la importancia de que el Gobierno Nacional, a través de políticas públicas focalizadas, permita su desarrollo; sin embargo, también fueron enfáticos al señalar que estos deben ser casos limitados y excepcionales. “No sólo a través de las Zonas de Reserva Campesina se puede acceder a la oferta institucional de tierras”, señaló Bernal, mientras Villegas complementaba “No todo el país pueden volverse Zonas de Reserva Campesina”

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