Los avances destructivos de Barrick Gold, en las localidades de Jachal e Iglesias en la provincia de San Juan, desde sus inicios con la ejecucion del megaemprendimiento minero “Veladero” y paticularmente con los dos derrames producidos en el ultimo año (sep 2015_sep 2016, informados por la misma empresa, conocidos publicamente) han dejado un saldo de un ecosistema destruido, contaminando con metales pesados 5 ríos y las napas acuíferas, despojando a la población del elemento vital y derecho humano que es el AGUA.
Estos pueblos violentados, como el de Andalgalá, por el poder político y empresarial extractivista tuvieron que sufrir nuevamente la violencia del poder judicial que, adicto a esos poderes hegemónicos, falló a favor de la destrucción y el despojo no sólo de los territorios sino también de los cuerpos de quienes lxs habitan. Es claramente un fallo a favor del ecocidio reinante en nuestramérica.
Ante tanta violencia padres, madres, mujeres, hombres, vecinxs – que son arrojadxs a la intemperie por estos poderes mafiosos que se encubren detrás de la democracia- la toma pacifica del municipio, realizada estos dias en Jachal, se convierte en una acción colectiva de poder popular en defensa del territorio, buscando a su vez visibilizar lo que sufren dia a dia. Violencia que se magnifica por los medios de comunicación que responden a intereses claramente opuestos al bien común, con mecanismos que invisibilizan la problemática o la ningunean difamando a lxs pobladores y tergiversando los hechos.
La violación sistemática de los derechos humanos por los gobiernos en democracia, produce que la organización y la lucha parta desde lxs vecinxs que resisten con sus diversas formas y metodologías, conviertiendose en una gran lucha común, por la defensa de la tierra en todo el continente.
La respuesta del gobierno provincial ha sido criminalizar a los pobladores de Jachal e Iglesia. Ha sido la política del ministro de gobierno Emilio Baistrocchi; el intendente de Jachal, Miguel Angel Vega y el Fiscal General de San Juan, Eduardo Quatropanni, quienes tildan a quienes protestan como violentos e ilegales.
Un comunicado de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) junto con repudiar la criminalización de los pobladores, exige “que se cumpla con la demanda de cierre de la minera Veladero, remediación de sus daños y la prohibición de la explotación minera a cielo abierto en todo el territorio de Argentina. Responsabilizamos al gobierno nacional, provincial y municipal de lo que les suceda a lxs compañerxs que, en legítima defensa de la vida, tomaron pacíficamente el municipio”.
Texto y Fotografía: El Ciudadano
