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Colombia

Después de años de espera, de llevar a cuestas el fantasma de la violencia y de aguardar por una respuesta del Estado, hoy 5.617 víctimas del conflicto armado que ha golpeado a Norte de Santander, gozan ya de una indemnización por el daño causado, además de otros beneficios complementarios.

De este número, al menos 450 son niños y adolescentes que a su corta edad tuvieron que ser testigos y padecer en carne propia los horrores de la violencia.

Y es que según las estadísticas de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, desde hace un año, cuando entró en vigencia la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el Gobierno ha invertido un total de $35.170 millones en Norte de Santander para la reparación de cientos de personas que tuvieron que sufrir el flagelo del desplazamiento forzado, masacres y desapariciones, a cargo de los grupos al margen de la ley que operan en el departamento.

A la fecha, 4.913 declaraciones de víctimas han sido radicadas ante la sede de la Unidad en la región, con el fin de recibir los beneficios que otorga la ley para aquellos que desde 1985 han padecido los rigores de la violencia.

Otras 22.437 personas han hecho solicitudes de atención humanitaria para lo cual el Estado destinó una inversión de $20.364 millones.

Las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) se han convertido en foco de atención de los diálogos en La Habana desde que, hace un par de semanas, las Farc propusieron públicamente destinar nueve millones de hectáreas para este propósito. La iniciativa ha generado reacciones de todos los sectores pero los campesinos, lejos de estos debates, pelean un asunto de fondo: que quienes trabajan  en pro de este proyecto tengan seguridad. Cosa que, al parecer, no ocurre en el campo colombiano.

La Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina acaba de denunciar la desaparición de Alonzo Lozano, presidente de la Asociación de Trabajadores Campesinos de la Región del río Guaviare, coordinador de derechos humanos por parte de la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos del Oriente Colombiano y líder del movimiento político Marcha Patriota. Según indicaron miembros de estas organizaciones, Lozano se encontraba realizando reuniones con comunidades campesinas pertenecientes a la Mesa de Unidad Cívico, Agrario y Popular del Oriente Colombiano (Mucapoc) en Villavicencio (Meta), lugar de donde partió el 22 de marzo hacía la vereda Matabambú del municipio de Mapiripán (Meta) y desapareció.

Durante el "Foro Mujeres, Tierra y Territorio" se concluyo que de no acabarse el conflicto armado, será imposible garantizar una reparación integral y garantizar el derecho a la restitución de tierras. Por cerca de 15 años las mujeres víctimas de la violencia, el desplazamiento forzado y el conflicto armado han luchado para que se les restituyan sus derechos, en especial el de la tierra. Reclaman, además, reparación económica y protección, ya que muchos de estos terrenos están siendo ocupados por desmovilizados o utilizados para la explotación minera.

A esa batalla se ha sumado el reto de comprender la Ley de Víctimas, que incluye el derecho a la restitución de tierra. Por eso, Fátima Esperanza, abogada de la Comisión Colombiana de Juristas, organizó el “Foro Mujeres, Tierra y Territorio”. Su objetivo era socializar diferentes análisis y propuestas sobre los derechos de las mujeres en relación con la restitución de tierras, y evaluar lo que ha sucedido desde la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011, conocida como “Ley de Víctimas”.

Una propuesta de paz y soberanía alimentaria de las comunidades campesinas

El debate inició temprano. En la instalación del evento, Miriam Villegas, gerente del INCODER, y Andrés Bernal, Delegado del Ministerio de Agricultura, sentaron la posición del Gobierno Nacional frente a la figura jurídica de las Zonas de Reserva Campesina. Ambos funcionarios fueron claros en reconocer la existencia legal de algunas de estas zonas en nuestro país y la importancia de que el Gobierno Nacional, a través de políticas públicas focalizadas, permita su desarrollo; sin embargo, también fueron enfáticos al señalar que estos deben ser casos limitados y excepcionales. “No sólo a través de las Zonas de Reserva Campesina se puede acceder a la oferta institucional de tierras”, señaló Bernal, mientras Villegas complementaba “No todo el país pueden volverse Zonas de Reserva Campesina”

El Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) prosiguen hoy aquí el diálogo de paz centrado en el tema agrario, considerado una de las clave para poner fin a décadas de conflicto armado.

Las partes coinciden en atribuir a la cuestión de la tierra el origen y la profundización de las hostilidades, y por tanto ven los avances en esa área como pasos hacia el logro de una paz estable y duradera, objetivo con el que los interlocutores han expresado su compromiso.

El tema agrario es el primero en una agenda de seis puntos que sirve de argumento a la mesa de conversaciones instalada en Cuba el pasado 19 de noviembre.

La víspera, el Gobierno y la guerrilla dieron inicio al séptimo ciclo de pláticas en su sede permanente, el habanero Palacio de Convenciones, donde también deben abordarse la participación política, el problema del narcotráfico y la atención a las víctimas, entre otros asuntos.

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