Casi tres años después de que comenzara el proceso de paz entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno de Colombia, el territorio que desde hace 50 años se disputan sigue sin ser devuelto a sus primeros moradores. El desplazamiento forzado y la expropiación de tierras a causa de una guerra que dura ya 50 años son dos de las deudas que el país tiene con su población indígena y afrodescendiente. El informe Colombia: restituyendo la tierra, asegurando la paz elaborado por Amnistía Internacional recuerda al Ejecutivo de Juan Manuel Santos que “debe anteponer el derecho a decidir sobre la tierra al deseo de las empresas que quieren explotar estas zonas ricas en recursos naturales”.
Aproximadamente el 14% del territorio de Colombia (unas ocho millones de hectáreas) se ha convertido en una zona abandonada o tomada a la fuerza por la guerrilla, los paramilitares, las redes del narcotráfico y las empresas, en especial aquellas dedicadas a la minería, que se han beneficiado de concesiones no siempre legales. “La ley de Víctimas y Restitución de Tierras [aprobada en 2011] solo ha afectado a una pequeña parte de los propietarios”, recuerda la institución.
El desplazamiento en cifras
- 6 millones de personas han sufrido un desplazamiento forzado
- 8 millones de hectáreas de tierra han sido abandonados o adquiridas por la fuerza como consecuencia del conflicto, el 14% del territorio.
- En Colombia hay al menos 1,4 millones de indígenas, más del 70% viven en las zonas rurales
- Entre 4 y 10 millones de personas se identifican como afrodescendientes
El saldo de esta apropiación son unos seis millones de personas que vagan por el país en busca de una nueva casa y sustento. Casi un millón y medio son indígenas y más del 70% vive o solía habitar el campo, según cifra la institución. Y casi medio millón no tiene reconocimiento oficial de sus derechos colectivos a la tierra. Los afrodescendientes sufren además el agravante de no saber quién compone su comunidad. Un censo de 2005 registró más de cuatro millones de personas, pero los líderes de esta comunidad lo aumentan hasta 10, el 25% total de la población del país.
“A lo largo de los años, las autoridades colombianas han otorgado licencias a empresas mineras y de otros sectores, y en el caso de los territorios de las comunidades indígenas y afrodescendientes lo han hecho a menudo sin su consentimiento libre, previo e informado”, plantean. El Congreso, para apuntalar este tipo de operaciones, aprobó el pasado junio una ley que, según la ONG, “podría facilitar estas operaciones poniendo en peligro la existencia de la comunidad indígena del departamento noroccidental del Chocó”.
En Colombia no solo se dispone un tablero que debe volver a repartirse, Amnistía le pone altavoz a otro debate, la protección del medio ambiente. La minería ilegal y descontrolada amenaza al entorno y a la forma de relacionarse con la tierra de los indígenas y los afrodescendientes. “Hemos recibido quejas por el uso indebido de materiales químicos y el uso de maquinaría para dragar y desviar ríos”, se recoge en la investigación. “No se adelantan investigaciones para determinar quiénes están detrás de estas operaciones, pero cuando la comunidad ha instado a las autoridades se han dado amenazas en nombre de grupos paramilitares”, explica Peter Drury, miembro del equipo de investigación de AI en Colombia. “Las FARC también han estado relacionadas con operaciones de minería ilegal, en algunos casos en áreas reclamadas por empresas”.
“Al no apoyar de manera efectiva el retorno sostenible de estas comunidades, las autoridades colombianas sencillamente están condenando a miles de personas a la pobreza y a la persistencia de violaciones y abusos de derechos humanos”, concluye Erika Guevara Rosas, una de las responsables del informe.
