El día 27 de julio del año 2015, hizo presencia el Personero municipal del Tarra, en el corregimiento de Orú, con el fin de tener conocimiento sobre los hechos ocurridos tras los enfrentamientos entre efectivos de la fuerza pública y grupos armados al margen de la ley del ELN y EPL ocurridos el día sábado 25 de julio de 2015 en horas de la noche. De dicha reunión la comunidad del corregimiento de Orú denunció ante el representante del ministerio público que efectivamente desde las montañas le hicieron disparos a la fuerza pública que se encontraba a las afueras del casco urbano del corregimiento. La reacción del Ejército Nacional fue atentar, hostigar y amedrentar a la población civil, con actuaciones como ocupar bienes protegidos por DIH, resguardarse en las casas de la población civil utilizándolos como escudos humanos, ocupando la iglesia del corregimiento. Ese día el temor se acrecentó entre los pobladores cuando vieron cómo el Ejército nacional le disparaba a las lámparas de alumbrado público y a las cuerdas del fluido eléctrico, impactando en el transformador eléctrico del corregimiento, por lo que Orú se encuentra sin suministro de energía eléctrica.
Dentro de las denuncias recogidas por el personero municipal vemos con gran preocupación que los pobladores denuncian que miembros de la fuerza pública comenzaron a gritar que no pertenecían al Ejército, que eran personal desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fumaban marihuana, se reían, y gritaban ¡VIVAN LAS AUC!, disparando de manera indiscriminada.
De igual forma, miembros del Ejército Nacional retuvieron a varias personas. De estas, se denunció el caso específico del campesino Dinael Rojas quien fue objeto de torturas, señalamientos y amenazas por parte de estos miembros de la fuerza pública, al igual que al campesino Alciliades Ardila del cual el Ejército Nacional llegó con un accionar terrorista abriendo fuego contra su persona, disparándole cerca al oído el cual le dejó sordera por varios días. Otra de las víctimas es la campesina Omaida Gálviz quien se dedica a vender pollo y frutas a quien el ejército irrumpió en su local comercial, hurtó frutas y botó varios de sus productos a la calle.
A causa de estos hechos se han generado desplazamientos forzados de manera masiva hacia el corregimiento de Paccelli y Versalles y otros hacia la ciudad de San José de Cúcuta, además se han visto afectadas el desarrollo de las clases de 270 estudiantes.
El día 29 de julio del año 2015 desde las 4:00 am, efectivos del Ejército Nacional ocuparon el matadero de Filogringo (lugar de sacrificio de las reses que van hacer comercializadas). Horas más tarde, cuando realizaban un recorrido por el casco urbano, guerrilleros del ELN detonaron una carga explosiva, con la que se puso en riesgo a la población civil que se encontraba en este momento. A raíz de esto, el Ejército nacional decidió emprenderla contra los pobladores disparando contra la población civil, lanzando improperios y señalamientos, prohibieron la libre movilidad, así mismo atacaron e impidieron que una comisión integrada por los representantes de las instituciones del ministerio público, alcaldía del Tarra, gobernación del departamento, unidad de víctimas, Corporación Paz y Futuro, SENA, ESE Regional Norte y organismos Internacionales ingresara al corregimiento para atender la crisis humanitaria en la que se encuentra sumida el municipio del Tarra.
Desde Constituyentes por la Paz con Justicia Social queremos recordar al Estado colombiano y a la fuerza pública de los acuerdos internacionales suscritos y ratificados en los cuales obliga a cumplir las normas de la guerra y la protección y garantía a los derechos humanos, que vemos con preocupación que mientras el gobierno nacional en los medios de comunicación y ante la comunidad internacional habla de paz y exige hechos de paz, por el contrario, en regiones afectadas por la guerra como el Catatumbo, el escalonamiento de la guerra es latente, el militarizar los cascos urbanos y las zonas rurales pone en peligro la vida de la población civil, máxime de cuando la fuerza Pública infringe el Derecho Internacional Humanitario, que con su accionar genera delitos de lesa humanidad como el desplazamiento forzado, torturas, señalamientos y hostigamientos a la población civil, por parte de los garantes de nuestros derechos. No entendemos cómo cuando existe una voluntad de paz por parte de las FARC, el gobierno responde con actos provocativos de propiciar la guerra dejando a la población civil en medio del conflicto.
Como Constituyentes por la Paz solicitamos la presencia del Frente Amplio por la Paz, las iglesias y los sectores comprometidos con verificar y garantizar el cumplimiento del cese unilateral a los fuegos desarrollado por las FARC-EP desde el pasado 20 de julio de 2015; para que nos acompañen en una Comisión de Verificación Nacional a tan delicados hechos que están generando una situación insostenible que pone en alto riesgo el cese decretado y así mismo el proceso de paz. Queremos que cada uno de los sectores comprometidos con la paz nos acompañen en esta tarea de verificación para el próximo 9 de agosto de 2015, con el fin de rodear a las comunidades afectadas y exigir el respeto por los derechos humanos, el respeto al cese y la necesidad de que se formalicen los diálogos con el Ejercito de Liberación Nacional.
