Un estudio de la Universidad Javeriana y Unillanos muestra casos de éxito de un modelo productivo que se ha pensado inviable.
La altillanura colombiana, la subregión del oriente del país más cercana a Venezuela y que comprende los departamentos del Meta y Vichada, desde la margen derecha del río Meta, en Puerto López, hasta la desembocadura del Orinoco, ha sido tradicionalmente considerada agreste para la agricultura. Los suelos no son los más fértiles y se presentan fuertes vientos e intensos veranos, por lo que la actividad acostumbrada ha sido la ganadería extensiva.
La advertencia de un desplome de la producción como consecuencia de los cambios climáticos, entre otros factores, ha puesto a esta zona en lo más alto de las prioridades del Gobierno a nivel rural en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Dicen las bases de la hoja de ruta para el próximo cuatrienio que la “altillanura productiva tiene un amplio margen de expansión, ya que el 5,5% del total de hectáreas en el país con vocación agrícola se ubica en esta zona, y de éstas, menos del 3% se encuentra cultivada”.
En el plan aprobado va un artículo que da facultad al Incoder de constituir reservas sobre tierras baldías para que de allí campesinos pobres puedan generar una fuente de ingreso, de forma individual o en asociación. Para la altillanura, en las bases, se propone que los baldíos de menor calidad se puedan aprovechar, por ejemplo, a través de arrendamientos, sin que signifique que el campesino ceda su propiedad de la tierra a empresas agropecuarias.
Investigadores de la Universidad Javeriana y la Universidad de los Llanos, en asocio con Oxfam, adelantaron un estudio que demuestra que ese modelo, el del desarrollo productivo de la mano de la agroindustria como camino idóneo para la altillanura, es sólo una de las posibilidades, y que en muchos casos no es la mejor.
La inquietud de la investigación, titulada “La viabilidad de la agricultura familiar en la altillanura colombiana”, surgió el día que don Josué Aguirre, en Villavicencio, le dijo al profesor Jaime Forero, director del doctorado en Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana, que varios campesinos, beneficiarios de la adjudicación de tierras en procesos de extinción de dominio, estaban viviendo de la agricultura familiar en esa región.
A Forero, director de la investigación, el testimonio le pareció insólito, pues en la altillanura los proyectos costosos y de gran envergadura para la adecuación de las tierras para producción agrícola, por ejemplo de soya y maíz, han sido emprendidos por grandes industrias. “Eso lleva a pensar que ahí no pueda haber nada diferente a agricultura a gran escala y que la familiar no puede tener éxito”, dice Forero.
El documento, sin embargo, muestra diez casos de fincas familiares, nueve de ellos que aplican modelos productivos “totalmente diferentes a los de la agroindustria”. En ocho de las diez familias, los métodos utilizados son los que se conocen como “opción agroecológica”, donde lo vertebral es la sostenibilidad ambiental. Nueve casos son exitosos, están integrados a los mercados local, regional y hasta nacional, y cuentan con fuerza de trabajo principalmente compuesta por el núcleo de la familia. “Han hecho de la agricultura un proyecto de vida y de la tierra un patrimonio familiar”, señala el documento.
Con cultivos diversos, y hasta con la conservación de bosques en zonas de las fincas, “los ingresos obtenidos por hectárea superan ampliamente (por encima de 3,7 veces) la alternativa de arrendamiento de tierras que proponen los agroindustriales de la zona para cultivar especialmente soya y maíz”. El décimo caso es de una familia que aplica el modelo tradicional semiextensivo, en el que los ingresos de la actividad agropecuaria equivalen a la mitad de la línea de pobreza.
Concluye el documento que la agricultura familiar no sólo es posible, sino rentable, sostenible y que tiene como eje la consolidación de capital social. “La agricultura familiar en la altillanura puede desarrollarse sin la tutoría de los grandes empresarios agroindustriales y sin hacer alianzas productivas o comerciales con ellos, tal como lo muestran los casos analizados. No quiere decir lo anterior que no sea deseable un diálogo entre campesinos y grandes empresarios para coordinar algunas estrategias”.
Aída Pesquera, directora de Oxfam, asegura que no se trata de satanizar la agroindustria, “sino que si queremos resolver la pobreza y reducir la desigualdad, el Gobierno tiene que hacer un esfuerzo decidido por apoyar la economía campesina y la agricultura familiar”.
En 2014, el Ministerio de Agricultura, con un presupuesto inicial de $550.000 millones, dio inicio al programa “Agricultura Familiar”, en beneficio de más de 50.000 familias campesinas de 18 departamentos de Colombia. Este mes empezó la ejecución con el plan para Antioquia, con $7.700 millones. El Espectador consultó con la operadora del proyecto, la Corporación Colombia Internacional, que confirmó la existencia de planes para el Meta, en donde ha habido acercamiento con 289 organizaciones, mas no para la altillanura específicamente. Lo que el estudio deja claro es que, con casos en mano, el modelo familiar sí funciona.
