Se trata de una de las masacres contemporáneas más silenciosas y ocurre en América del Sur, con el desconocimiento de los medios que miran hacia otro lado: la tribu de los Wayúu, una de las mayores de La Guajira, en Colombia, está siendo exterminada, según denuncian sus propios líderes ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
Los indígenas, que viven en los mismos territorios que sus ancestros precolombinos, están sufriendo las consecuencias de la explotación de la mayor mina de carbón a cielo abierto del mundo, la que los ha dejado sin agua potable tanto para su consumo como para la irrigación de su plantíos, y los problemas gastrointestinales y el hambre por la pérdida de los cultivos ha matado cientos de niños, según denuncian.
El río Ranchería, el único que han tenido desde siempre los wayúu, tiene actualmente aguas de ínfima calidad en un 90% de su caudal, en tanto es derivada para los mantos de carbón y las escorrentías de la mina, antes de volver al cauce, por lo que no es apta para el consumo humano, ni para el animal o el riego de cultivos.
Los indígenas han presentado todo tipo de reclamos e incluso han marchado hasta Bogotá pero los resultados han sido casi nulos, afirman, por lo que se presentarán ante la OEA para que atienda su problemática como una razón de Derechos Humanos.
Los políticos se pusieron del lado de los mineros
“Las medidas que se han tomado fueron insuficientes y la compañía minera, con el permiso del Gobierno Nacional, se apoderó de la única fuente hídrica que teníamos dejando a la comunidad aguantando sed y por eso se han perdido muchas vidas. Las regalías que dicen nos pagaron, han ido a parar a los bolsillos de los políticos y nos han usado como excusa para direccionar recursos para supuestos programas que nunca nos han beneficiado”, explica la situación el representante legal de la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas en Colombia. Javier Rojas Uriana, añade estar “cansado de presentar denuncias exigiendo el acceso al agua de los indígenas”, por lo que ahora, presentará un pedido de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de OEA. El representante dice tener pruebas suficientes que entre 2008 y 2013 fallecieron 2.969 menores de edad, cuyas patologías eran vinculantes con las consecuencias del trabajo de la mina y la explotación indebida.
La falta de agua a que los sigue sometiendo el Estado, al no intervenir de forma adecuada, les impide a los indígenas “la realización de otros derechos como la seguridad y salubridad pública, la seguridad alimentaria, la salud, la vivienda, la educación, el desarrollo y la vida de los afectados”, sentencian los reclamantes.
