Las acciones de protección para los pueblos en aislamiento deben cumplirse, pues todo contacto significa un riesgo muy alto de desaparición física y cultural; esta fue de las conclusiones de la reunión de consulta previa de la formulación de Política Pública y el marco normativo para protección de los Pueblos en aislamiento, realizada en Araracuara del 15 al 18 de marzo con participación de comunidades y organizaciones locales y acompañamiento de la OPIAC.
Del 15 al 18 de marzo pasados se llevó a cabo en la comunidad Aduche, resguardo Andoque de Araracuara en el departamento del Caquetá la reunión local del Proceso de consulta previa de la Política Pública y el marco normativo para la protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario, donde se plantearon diversas propuestas; entre otras líneas estratégicas se definieron la creación de un espacio de diálogo propio entre autoridades, líderes y organizaciones del entorno para generar acuerdos que garanticen la autodeterminación de estos pueblos, definidos desde el Estado colombiano como Pueblos en Aislamiento Voluntario, PIAS y; construir un programa de capacitación que sensibilice sobre la existencia de estos pueblos que habitan amplias zonas de la región Amazónica para promover su autodeterminación y protección.
Este proceso de consulta cuenta con el acompañamiento de nuestra organización OPIAC y en esta reunión participó con un equipo de líderes y técnicos en cabeza de Gilma Román, coordinadora del Proyecto PIAS OPIAC, y el abogado John Moreno; también contó con la presencia del delegado a la Mesa Regional Amazónica, Hernando Castro; de la región participaron, entre otros, la Asociación de Autoridades Tradicionales del Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas, CRIMA, en cabeza de su presidente Rogelio Mendoza; otros dirigentes y autoridades tradicionales de otras organizaciones indígenas locales y; alrededor de unas 100 personas entre dirigentes indígenas locales, autoridades, abuelos sabedores y miembros de la comunidad Aduche y otras comunidades cercanas, por parte del Ministerio del Interior asistieron varios funcionarios en cabeza de Simón Murillo, Amelia Carolina Chalapud y Daniel Aristizabal, de la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías, DAIRM- del Ministerio del Interior.
La reunión de Consulta comenzó con diferencias bien marcadas entre las partes, las propuestas del gobierno que contemplan un enfoque intervencionista y las de los pueblos indígenas que consideran la autodeterminación y el no contacto a estos pueblos como forma de garantizar su pervivencia. A la reunión tampoco asistieron delegados del Ministerio Público, lo cual generó inconformidad en las autoridades indígenas locales, pues según ellos el proceso de Consulta no cuenta con garantes como lo estipula la Ley. Zanjadas estas diferencias entre las partes la reunión programada prosiguió y las propuestas fueron presentadas a las autoridades locales, quienes después de cuatro días de reunión, debate y espacios autónomo dieron sus aportes al proceso y apoyaron la posición de no intervención propuesta desde la OPIAC, que luego será llevado a sesión de la Mesa Regional Amazónica, MRA, ampliada y, a la cual se delegaron dos representantes indígenas de la zona.
Si bien la propuesta de los pueblos de la Amazonía es unánime respecto a la protección de estos pueblos, también se planteó tener en cuenta la diversidad entre pueblos y concepciones que deriva de las distintas cosmovisiones de cada uno de los 63 pueblos de la región más amplia del sur del país: “la Amazonía a pesar de verse como una región homogénea, se presentan una diversidad cultural en cada uno de los pueblos, lo cual incide en que se presenten diversas formas de interpretación”, así lo advirtió Hernán Moreno, coordinador de educación del CRIMA, quien además reiteró que en los procesos de consulta previa se debe tener en cuenta el alcance e impactos que estos procesos representan para las comunidades indígenas que participan de los mismos. También destacó que los aspectos de la consulta se deben presentar más detalladamente para tener una mejor compresión y no desligarlos de la normatividad nacional vigente que es precisa y garantistas de los derechos de los pueblos; destaca que la Constitución Política de Colombia, en sus artículos 2, 7 y 8 hace referencia a la protección de la diversidad e integridad de los Pueblos Indígenas.
De la jornada de Consulta se acordaron aspectos específicos como el tema de Autodeterminación -no contacto, respecto al cual los pueblos indígenas reiteran incluir a los PIAS que se encuentra en estado de no contacto de origen indeterminado, ya que la propuesta presentada por el gobierno solo hace referencia de aquellos que decidieron aislarse ante la violencia de las caucherías y la colonización. Por su parte el gobierno planteó que la protección y respeto por la decisión de aislamiento de los pueblos indígenas que han adoptado por esta opción de vida, desde el gobierno se entiende como garantía del derecho fundamental a la autodeterminación reconocido a los pueblos indígenas.
En este aspecto se concluyó que las acciones de protección de los pueblos indígenas en aislamiento deben cumplirse, previa consideración de la evidencia que todo contacto significa un riesgo muy alto de desaparición física, cultural y territorial.
En el tema de intangibilidad territorial se planteó que con el firme propósitos de garantizar la pervivencia y la permanencia de estos pueblos, la intangibilidad se entiende como la prohibición de realizar cualquier tipo de acciones en sus territorios, directas, indirectas y aquellas que puedan inducir o motivar el contacto. Los pueblos indígenas reiteraron que el principio de intangible se aplicara sin perjuicio de los derechos adquiridos de los resguardos legalmente constituidos de los pueblos indígenas colindantes, y al momento de crear la figura especial para pueblos indígenas en aislamiento se procederá según lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 2333 de 2014.
En consenso el espacio autónomo manifiesta estar de acuerdo con la propuesta de intangibilidad territorial, con la salvedad efectuada pero no con las excepciones propuestas en el Decreto por el gobierno nacional. Ya que este derecho y principio debe ser absoluto como única forma de garantizar la integridad territorial a los PIAS. Para efectos de garantizar plenamente los derechos a la existencia física, a la integridad espiritual, cultural y territorial de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario, se reconoce que existe una interrelación entre los territorios de los pueblos en situación de aislamiento con los de otros pueblos indígenas colindantes y con afinidades culturales.
En el tema de precaución el gobierno a través del Ministerio del Interior indicó que cuando existan indicios sobre presencia de pueblos indígenas en aislamiento voluntario en un territorio determinado, en aplicación del principio de precaución se deben iniciar acciones descritas en la Política Pública por parte de las autoridades correspondientes a efectos de garantizar la intangibilidad del territorio y el no-contacto. Por su parte desde el lado de los pueblos indígenas, se reiteró que siempre que se tenga indicios de la presencia de un pueblo indígena en condición de aislamiento en un territorio determinado, deberán adoptarse medidas que contrarresten cualquier riesgo contra la población indígena en aislamiento y atiendan a la finalidad de garantizar la intangibilidad del territorio y el no contacto.
En materia de prevención, el gobierno indicó que ante la presencia de estos pueblos se aplicará el principio de prevención absteniéndose de realizar acciones que pudieran llevar al contacto o afectar el territorio de estos pueblos. En consecuencia, se deberán iniciar las acciones descritas en esta política por parte de las autoridades correspondientes para prevenir los efectos negativos de una situación de contacto con estos pueblos. Por su parte los indígenas advierten que en todo momento deberá evitarse acciones o intervenciones, ya sean de carácter público o privado que puedan poner en riesgo el ejercicio del derecho a la autodeterminación, no contacto y la integridad territorial de los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario
En el tema de participación el gobierno señalo que para garantizar la protección y respeto de los derechos de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario, se coordinará entre el gobierno nacional, las autoridades indígenas y organizaciones indígenas que contemplen las visiones y afinidades culturales de los pueblos indígenas colindantes. Mientras los pueblos indígenas exigen que el Estado garantice la participación real y efectiva de pueblos y organizaciones indígenas colindantes con territorios de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, para la toma de decisiones que protejan y garanticen el derecho a la autodeterminación y el territorio contemplando sus visiones y afinidades culturales, así como de las autoridades indígenas y organizaciones constituidas ancestral y legalmente.
En este sentido y, en entre otros temas tratados, la OPIAC y las autoridades indígenas de la región expusieron una serie de fundamentos que sustentan la importancia de la política para proteger estos pueblos, que tienen sus propios conocimientos y territorio y autonomía de conformidad como lo dejo su Creador. Tienen su propia ley de origen, tienen su propio gobierno, donde se habla de lo ambiental, social, cultural, económico y lo que conforma su identidad cultural. También se estableció que para que haya garantías efectivas se debe partir del principio de reconocimiento de la existencia misma de estos pueblos, “nosotros sabemos la existencia de estos pueblos hermanos y los hemos respetado. El conocimiento del manejo de la cultura, el fundamento de la resistencia es lo que permite identificar las amenazas tanto de indígenas como de los blancos, como también la amenaza”, quedó plasmado en el Acta de Acuerdos.
Por último se identificaron las diversas amenazas externas en territorios de los pueblos en aislamiento, que pueden afectar su autodeterminación y su existencia como el desarrollo del conflicto armado; las actividades del narcotráfico; la minería que desarrolla o se proyecta para la región amazónica; la explotación de madera; la explotación de petróleo; presencia de empresas multinacionales; así como diferentes prácticas, estímulos y programas de colonización; el ecoturismo y; los Actos legislativo y políticas de gobierno, las leyes de Estado, entre otras.
Como mecanismos para detener o mitigar estas amenazas y consecuencias se plantearon aspectos a tener en cuenta como la ampliación de resguardos hasta la zona donde se encuentren estos pueblos, fortalecer la gobernabilidad propia y generar espacios de integridad y fortaleza como pueblos con base en los conocimientos de las organizaciones y; entre otras medidas conformar y legitimar una institución indígena de alto nivel con autonomía, direccionado por las autoridades tradicionales y asesorada por indígenas profesionales, sabedores tradicionales que garanticen la implementación de dichas acciones y de la política en el caso de ser aprobada a raíz del proceso de consulta que se está generando; que las autoridades tradicionales conocedores de los territorios ancestrales establezcan espacios de diálogos e intercambio de saberes para garantizar la pervivencia y permanencia de estos pueblos y que este trabajo sea reconocido por el Estado y; que las organizaciones indígenas locales diseñen formas propias de socialización y divulgación sin intereses económicos ni políticos.
Al final de la reunión quedó como propuesta un documento inicial de Política y de articulado para el marco normativo para la protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario, la cual se seguirá diseñando y construyendo en distintos espacios del proceso y luego será socializada en el Marco de la MRA en su momento, como quedó establecido en el Acta.
