El despliegue de violencia en Colombia de muchas maneras es un fenómeno que además de trascender el tiempo, comparándolo con otros contextos sudamericanos, ha alcanzado dimensiones impensables en cuanto a los daños sociales y humanos a reparar.
La acción de sumar nombres en las listas de víctimas y desaparecidos, similar a todos los momentos dictatoriales que el resto de países ha vivido hace casi 30 años, en Colombia resulta ser latente y no sólo debe convocar a la reivindicación de la existencia de estas personas, sino el pedido amplificado de señalar a los culpables, no sólo acordar la paz con una de las partes en conflicto, sino además, sumar las responsabilidades políticas que han permitido la construcción de enormes estructuras de paramilitarismo conformadas en toda Colombia, y que son potentes en la renovación descarnada de sus prácticas genocidas y asesinas, descuartizan personas y tejidos sociales.
El estigma que se ha propagado ante los grupos armados ha resultado imponerse como una generalización, no obstante, líderes sociales, activistas, defensores de derechos humanos son perseguidos acuciosamente, uno a uno, por diversos grupos locales y regionales al interior de Colombia. Un ejemplo, la prensa registró en el año 2015 que Emilsen Manyoma fue amenazada en Punta Icaco por un conocido paramilitar que se hace llamar “Chapulín”, debido a un pequeño negocio que la líder indígena inició en la zona. ¿El motivo de la amenaza? Al parecer un celo y un supuesto derecho sobre el territorio, “yo soy el que manda aquí”, amenazó el Chapulín a Emilse, exigiéndole un derecho de piso para su emprendimiento[1].
Emilsen ha sido una reconocida líder, invitada a muchas palestras nacionales e internacionales y hoy es recordada por su firmeza. Esta líder emergida de la violencia concentrada en los barrios de la ciudad de Buenaventura, Valle del Cauca y líder de la red Comunidades Construyendo Paz en los Territorios (CONPAZ), luego de un evidente proceso de hostigamiento local personalizado y señalada como mujer líder política, fue asesinada el 17 de enero pasado, junto a su esposo, Joe Javier Rodallega. Diversas fuentes indican que sus cuerpos fueron encontrados con golpes, heridas de armas blancas y de fuego, inscribiendo así sus nombres en una larga historia de pleitos entre diferentes grupos paramilitares, sus intereses económicos y un supuesto dominio territorial.
El gobierno de Santos, informado de un contexto en el que desmembrar cuerpos se ha convertido prácticamente en una actividad cotidiana, nada ha podido hacer; hace algún tiempo propuso militar la zona, sin escuchar a la población que le advertía que tal medida no resolvería nada pues muchos grupos de poder tienen lazos con el ejército y los costos de vida de la gente, mellados por a los permisos que exigen los paramilitares incluso para transitar de un lugar a otro o emprender negocios, sólo se extenderían.
Emilsen en su activismo, acompañó el retorno del resguardo Santa Rosa de Guayacán, las apuestas de construcción de paz en el Espacio Humanitario Puente Nayero, lideraba las propuestas de la red CONPAZ y apoyaba la documentación de asesinatos y desapariciones para la Comisión de la Verdad.
Durante el 2016, más de 70 defensores de los derechos humanos fueron asesinados en Colombia, y aun así, no se detienen las acciones de resistencia y los casos de demanda y lucha por tierra y territorio. No se acaba, ni se pone en duda la gran aspiración por la paz, la reforma agraria y la lucha frontal al paramilitarismo.
Desde el Movimiento Regional por la Tierra y Territorio, quisiéramos conmemorar a los muertos en lucha, en defensa y en resistencia, como semillas que siembran la paz y la esperanza para toda la sociedad y el resto de Sudamérica.
