El Territorio Indígena Originario Campesino de Huacaya ha demandado la conversión del Municipio de Villa Huacaya a la Autonomía Indígena Originaria Campesina Guaraní Chaqueña de Huacaya, a partir de un referéndum de consulta en el año 2009, y tras un duro proceso de cumplimiento con todos los requisitos y trámites hasta constitucionalizar su Estatuto Autonómico, de acuerdo con la normativa y observación de las instituciones competentes, logra consolidarse el 25 de febrero del 2022.
Este proceso no es más que una expresión contemporánea de la reivindicación histórica y la reconstitución territorial de la Nación Guaraní, un pueblo indígena que, ha atravesado y superado un arduo proceso por su territorio, por sus derechos humanos y colectivos, y cuyo reciente acceso a la autonomía, no es más que un avance en el ejercicio el derecho de su libre determinación, condición reconocida no sólo por el presente Estado Plurinacional de Bolivia, sino también, por la legislación internacional en la restitución y resarcimiento de daños que se les debe a –y han logrado con luchas- las naciones originarias y pueblos indígenas del mundo.
Fue largo el proceso por socializar, tramitar y aprobar su Estatuto Autonómico (2022), tanto bajo el control jurisdiccional, como en las dos zonas que corresponden al territorio guaraní (Santa Rosa y Huacaya). Se emprendió el proceso de elección de autoridades de la nueva GAIOC Huacaya. Lamentablemente, este proceso, acompañado por el SIFDE, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Viceministerio de autonomías y otras instituciones, se vio gravemente vulnerado por sectores contrarios, incluidos en el marco de la interculturalidad, en la dinámica territorial y política, como son el sector campesino y otros, cuyo accionar no corresponde a la democracia comunitaria ni los principios del Estado Plurinacional.
La Zona de Santa Rosa ha realizado una elección y ha determinado a las primeras autoridades de la GAIOC; sin embargo, la zona de Huacaya ha hecho hasta siete intentos de realizar la elección. Todos entorpecidos por bloqueos de caminos, sabotajes, violencia y persecución de parte de actores con intereses políticos y económicos, en perjuicio del normal curso de la autonomía indígena originaria campesina guaraní y chaqueña.
Debe apuntarse que el territorio guaraní de Huacaya alberga el pozo gasífero de mayor profundidad en el país, el pozo Margarita 7, cuya explotación se remite a contratos realizados en diferentes periodos, entre el Estado boliviano y empresas petroleras como la Repsol y Petrobras. La explotación que remite a una narrativa de desarrollo, no es coherente con la situación de los caminos que permiten a la población local movilizarse, ni a su acceso a los servicios básicos y acceso a telefonía y conectividad al internet.
La demanda por autonomía indígena, inicia formalmente hace más de una década, pero la postergación del pueblo guaraní se remite a un largo tiempo de marginamiento y explotación. La memoria colectiva del pueblo está marcada por la servidumbre y las relaciones de poder que impusieron los detentores de la tierra y los recursos. Por ello, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha reconocido sus derechos ante acciones emprendidas por los actores contrarios, negándoles la tutela y reconociendo al pueblo guaraní, sus representantes y autoridades como sujetos de derecho del territorio colectivo.
En este proceso de disputa, en agosto de 2022, el sector campesino ha realizado una Acción Popular en contra de autoridades guaranís y el proceso autonómico; el Tribunal Departamental de Justicia ha denegado la tutela impetrada por Juan Carlos Sandoval Arancibia, Ejecutivo de la Centralía de Campesinos de Huacaya (Lea la Resolución).
En diciembre de 2022, el alcalde de Villa Huacaya ha realizado una Acción de Amparo Constitucional en contra de las autoridades guaranís y el proceso autonómico colectivo, alegando sus derechos políticos individuales; el Tribunal Departamental de Justicia ha denegado la tutela impetrada por Walter Cervantes Saname, Alcalde del Gobierno Municipal de Villa Huacaya (Lea la Resolución).
Ambos documentos constituyen no sólo importantes avances y legitimación para el proceso autonómico guaraní, sino que también conforman nueva y valiosa jurisprudencia para los pueblos indígenas en la defensa de sus territorios y derechos colectivos.
Finalmente, en julio de 2023, la comisión de autonomías de la Asamblea Legislativa Plurinacional convocó a una Audiencia Pública como espacio de diálogo entre los sectores, al que participaron tanto el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Departamental Electoral de Chuquisca, el SIFDE, el Viceministerio de Autonomías, la Coordinadora Nacional de Autonomías Indígenas Originarias Campesinas (CONAIOC), el Tribunal de Justicia Indígena Originaria Campesina del Estado Plurinacional de Bolivia (TJIOCB), autoridades guaranís actuales de Chuquisaca, de Huacaya, la centralía de campesinos, el Alcalde del Gobierno Municipal de Huacaya, autoridades electas de la zona de Santa Rosa, ex autoridades guaranís, entre otros actores. En tal Audiencia, las instituciones se tomaron el tiempo de reiterar explicaciones sobre el proceso y la vigencia y completa legalidad del Estatuto Autonómico de la GAIOC Huacaya, y emplazaron a todos los sectores a organizar, por octava vez, las elecciones de las nuevas autoridades de la GAIOC en la zona de Huacaya, para el domingo 23 de julio del presente año (Lea el Informe de la Audiencia Pública).
La Nación Guaraní se caracteriza por sus principios de pacificación e interculturalidad, así demuestra la característica de su población completamente diversa y coexistente en armonía. La esperanza que nunca perdieron en tantos años de subarternización, atropello y subordinación política, está en pie y esperan, emprender el camino de su autonomía y su libre determinación.
