Tras un largo viaje desde la zona de Santa Rosa del municipio de Huacaya, una comisión llegó a la ciudad de La Paz, para persistir en su consulta y exigencia por el curso de la demanda autonómica del territorio guaraní de Huacaya. La comisión estaba conformada por el mburuvicha secretario zonal José García, y las autoridades electas del Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino Chaqueño de la zona de Santa Rosa – GAIOC Huacaya, Janeth Aruchari, elegida ejecutiva zonal y Daniela Justiniano, elegida como autoridad de justicia. El objetivo de la comisión fue reunirse con autoridades del Tribunal Supremo Electoral, para informar sobre la actuación del Tribunal Electoral Departamental de Chuquisaca y el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE).
La demanda autonómica se formaliza en el año 2009 y las capitanías guaranís hicieron grandes esfuerzos por llevarla adelante, contrarrestando a las fuerzas políticas y económicas que atraviesan su territorio. Tras un largo proceso por socializar, tramitar y aprobar su Estatuto Autonómico (2022) en las dos zonas que corresponden al territorio guaraní (Santa Rosa y Huacaya), se emprendió el proceso de elección de autoridades de la nueva GAIOC Huacaya. Lamentablemente, este proceso, acompañado por el SIFDE, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Viceministerio de autonomías y otras instituciones, se vio gravemente vulnerado por sectores contrarios, incluidos en el marco de la interculturalidad, en la dinámica territorial y política, como son el sector campesino y otros, cuyo accionar no corresponde a la democracia comunitaria ni los principios del Estado Plurinacional.
La Zona de Santa Rosa ha realizado una elección y ha determinado a las primeras autoridades de la GAIOC; sin embargo, la zona de Huacaya ha hecho hasta siete intentos de realizar la elección, todos entorpecidos por bloqueos de caminos, sabotajes, violencia y persecución de parte de actores con intereses políticos y económicos, en perjuicio del normal curso de la autonomía indígena originaria campesina, que el pueblo guaraní ha logrado emprender y consolidar en su territorio colectivo.
Debe apuntarse que el territorio guaraní de Huacaya alberga el pozo gasífero de mayor profundidad en el país, el pozo Margarita 7, cuya explotación se remite a contratos realizados en diferentes periodos, entre el Estado boliviano y empresas petroleras como la Repsol y Petrobras. La explotación que remite a una narrativa de desarrollo, no es coherente con la situación de los caminos que permiten a la población local movilizarse, ni a su acceso a los servicios básicos y acceso a telefonía y conectividad al internet.
La demanda por autonomía indígena, inicia formalmente hace más de una década, pero la postergación del pueblo guaraní se remite a un largo tiempo de marginamiento y explotación. La memoria colectiva del pueblo está marcada por la servidumbre y las relaciones de poder que impusieron los detentores de la tierra y los recursos. Por ello, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha reconocido sus derechos ante acciones emprendidas por los actores contrarios, negándoles la tutela y reconociendo al pueblo guaraní, sus representantes y autoridades como sujetos de derecho del territorio colectivo.
La comisión guaraní que llegó a la ciudad de La Paz a tocar puertas, no logró su cometido. En su viaje de retorno deberán sopesar con la caída del puente de Villa Mercedes en el camino de ingreso a Santa Rosa, al parecer los obstáculos no se terminarán pronto para las reivindicaciones del pueblo guaraní, lo que auguran es que tampoco se agote el aliento de la autodeterminación.
