El inicio de año está marcado por una continuidad de la violencia contra las comunidades rurales por parte de civiles armados y agentes estatales que responden a los intereses del agronegocio. Al menos seis comunidades, indígenas y campesinas, fueron vícitmas de amenazas, desalojos y ataques según reporta el Observatorio de Tierra, Agronegocios y Derechos Humanos de BASE-IS.
Según los datos recabados tres comunidades campesinas han sido víctimas de algún tipo de violencia durante los primeros días del 2023. El 21 de enero unas 50 familias de la Comunidad Cristo Rey, provenientes de Guayaibi, San Pedro, fueron atacadas por civiles armados contratados por sojeros brasileños de la zona de Itakyry, Alto Paraná, cuando la comunidad campesina debía reubicarse en las tierras que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) posee en la zona. El Asentamiento Cristo Rey ya había sido víctima de tres desalojos forzosos y mediante la re ubicación se pretendía dar salida al conflicto.
Por otra parte, la comunidad campesina Mbocayaty, del Departamento de San Pedro, fue víctima de desalojo forzosos por parte de agentes estatales, las familias denunciaron la destrucción de sus viviendas, enseres y cultivos. Días después del desalojo las familias de Mbocayaty, volvieron a ser reprimidas por la Policía Nacional.
En el caso de los Pueblos Indígenas se registró el desalojo de la Comunidad Ysaty, ubicada en el Departamento de Alto Paraná, donde policías y guardias armados destruyeron viviendas, cultivos y el templo de la comunidad. Según datos proveídos por el medio RTV, habrían sido detenidos 6 indígenas en el marco del procedimiento.
A este hecho se suma la amenaza de desalojo contra la comunidad indígena Cerrito, también de Alto Paraná, que viene siendo hostigada desde hace varios años por parte de colonos brasileros que pretenden apropiarse de las tierras para el cultivo de soja. Finalmente en la Comunidad Y’apo Cuatro, del Pueblo Ava Guaraní, ubicada en Corpus Christi, Departamento de Canindeyú, se registró la presencia de Policías de civil, fuertemente armados, lo que generó alarma en la población ya que en la zona se vive un prolongado conflicto donde empresas agroganaderas pretenden apropiarse de los territorios ancestrales de las comunidades indígenas.
Según los analistas, estos datos muestran que la violencia contra campesinos e indígenas continúa profundizándose, y a diferencia de otros años, la misma no ha mermado con la cercanía de las elecciones, sino por el contrario, existen candidaturas que reivindican esta violencia contra las comunidades rurales por parte de los agentes del agronegocio.
