El Asentamiento Calixto Cabral, del Distrito de Capiibary, Departamento de San Pedro, sufrió un nuevo desalojo forzoso en la jornada de ayer, la ejecución del desahucio se realizó sin orden judicial y con la participación de civiles armados que destruyeron cultivos y viviendas. Según datos del Observatorio Agronegocio, Tierra y Derechos Humanos más de seis mil personas sufrieron desalojos entre setiembre del 2021 y agosto del 2022.
Según relataron pobladores de la zona, policías y civiles armados, bajo la supervisión de la Fiscal Irma Arias, ejecutaron el desalojo destruyendo viviendas y cultivos de las familias que poblaban el Asentamiento Calixto Cabral, también conocido como 26 de febrero, desde hace dos años. El ataque sufrido por la comunidad se habría dado para favorecer a brasileños productores de soja que reclaman la propiedad de la tierra, sin embargo aún no han presentado título de la misma, relataron los afectados.
La lucha por la tierra de los pobladores de 26 de febrero inició ya en el año 2009 y desde ese momento han sufrido varios desalojos, hace dos años habían ingresado nuevamente a las tierras ya que las mismas son parte de la llamada «Finca 13» sobre la cual se realiza una mensura judicial a fin de constatar que son tierras públicas.
«La parcela de tierra publica destinada a reforma agraria hoy ocupada y cultivada por los campesinos paraguayos del asentamiento Calixto Cabral debe ser regularizada de una vez a nombre del Estado Paraguayo y no nuevamente entregada por el gobierno a los inescrupulosos dueños de extensa tierras mal habidas» habían señalado días atrás los pobladores del Asentamiento mediante un comunicado.
En el escrito agregaban que «con desmedida y sanguinaria ambición los brasileros, mediante apoyo de los políticos y algunas autoridades pretenden desalojar y destruir las casas y plantíos ubicados en este asentamiento» situación que se concretó en la jornada de este martes 22 de noviembre.
Los Desalojos forzosos han sido una constante en los últimos tiempos, según los datos recabados por el Observatorio Agronegocios, Tierra y Derechos Humanos son más de seis mil las familias que han sufrido desalojos forzosos en el año, muchas de ellas sufrieron también la criminalización por parte del Estado utilizando la llamada Ley Zavala Riera, que criminaliza la lucha por la tierra.
