Las nacionalidades Sinangoe y waorani, que viven en la parte amazónica de Ecuador, presentaron este martes 6 de septiembre un recurso legal contra el Estado, en la Corte Constitucional. Exigen que se respeten y apliquen las decisiones judiciales rendidas a su favor, hace años, por tribunales provinciales. Se esperaba que estas decisiones prohibieran las actividades petroleras y mineras en sus territorios. Pero el Estado nunca las ha puesto en práctica.
Un recurso por incumplimiento. Esta es la demanda que fue presentada este martes 6 de septiembre a la Corte Constitucional ecuatoriana en la capital, Quito, por una delegación de representantes de dos nacionalidades de la Amazonía ecuatoriana: los Waorani y los Sinangoe.
La delegación, acompañada por medio centenar de miembros de las comunidades, decidió seguir con su batalla legal, considerando que el Estado no está cumpliendo con los fallos dictados por dos tribunales, en sus respectivas provincias amazónicas.
Los tribunales provinciales habían sentenciado a favor de las comunidades y en contra de las actividades de extracción en miles de hectáreas de selva tropical.
Las sentencias habían también determinado la responsabilidad del Estado ecuatoriano en la vulneración del derecho a la consulta previa libre e informada y a la autodeterminación de estas comunidades indígenas. Por otro lado, habían ordenado medidas de reparación para los afectados.
Según la delegación, el Estado no ha cumplido con ninguna de esas decisiones judiciales.
"No queremos minería, queremos vivir"
Los representantes de los pueblos indígenas lamentaron que, años después de las sentencias, las violaciones de sus derechos continúen.
En medio de gritos llamando a la justicia y la acción, los miembros de las comunidades perjudicadas reclamaron decisiones efectivas por parte de las autoridades.
"Aquí estamos todos. Hemos venido desde lejos. No hemos dormido. Hemos llegado hasta Quito para exigir nuestro derecho. Estamos aquí para pedirles a los jueces que se despierten y que se haga cumplir la sentencia", manifestó frente a la puerta de la Corte Constitucional el presidente de la nacionalidad waorani, Gilberto Nenquimo.
"Es una pena decir que llevamos varios años y no ha habido ningún cumplimiento en territorio. La reversión de las concesiones no lo han hecho y la sentencia es súper clara. La sentencia ordena eliminarlas, pero el Gobierno ecuatoriano sólo las tiene suspendidas", apuntó Wider Guaramag, presidente de la comunidad de Sinangoe.
Alexandra Narváez, miembro de la guardia indígena de la comunidad Sinangoe y ganadora este año del premio medioambiental Goldman también estuvo presente.
"Estamos con mucha indignación porque ya estamos cansados de que siempre tengamos que venir a la ciudad para exigir que se respeten y cumplan nuestros derechos", declaró Narváez, añadiendo que "no queremos minera, queremos vivir. Queremos un futuro para nuestros hijos. Estamos conectados todos con el territorio y con la vida. Si los pueblos indígenas desaparecemos, ustedes también están en peligro".
EFE, AP
