Por Daniel Díaz Romero en Sala de Prensa Ambiental
Como si el panorama ecológico que se vive en Córdoba no fuese vidrioso, el gobernador Juan Schiaretti, a través de funcionarios de la Secretaría de Ambiente provincial, echó mano a la Ley de Política Ambiental modificándola el miércoles pasado de manera intempestiva en una sesión exprés. ¿Qué aprobaron los legisladores oficialistas con la velocidad de quien tira una piedra y sale corriendo? Las modificaciones ejecutadas a la Ley 10.280 eliminaron exigencias para la presentación obligatoria de Estudios de Impacto Ambiental y convocatorias a Audiencias Públicas para los casos más sensibles en materia socio-ambiental.
Un nuevo Caballo de Troya para proyectos irracionales a costa del patrimonio natural cordobés.
Cordobesismo serial, entre gallos y medianoche
Irónica jugada del destino: agosto —cuando se celebra la Pachamama en cada rincón de la provincia— es el momento elegido por legisladores schiarettistas para modificar la Ley de Política Ambiental, favoreciendo a corporaciones inmobiliarias, grandes empresarios rurales, empresas constructoras viales y compañías de telecomunicaciones.
En Córdoba, una vez más, las leyes ambientales se hacen y deshacen entre gallos y medianoche, con la presentación de hechos consumados precedidos de poca información y sin lugar para la participación de organizaciones, ciudadanos, ni referentes en el tema.
Así, en los últimos 30 años se decide el porvenir de los ecosistemas del territorio provincial y la suerte de quienes lo habitan.
Las sorpresivas modificaciones, engendradas a escondidas de la sociedad, reducen obscenamente la protección ambiental de los bienes naturales y sus servicios, de eso no hay dudas.
De esta forma, el gobierno provincial, las cabezas políticas de la Secretaría de Ambiente (Juan Carlos Scotto) y los legisladores oficialistas interpretan que los cordobeses necesitan controlar menos a las empresas y proyectos que asaltan a los ecosistemas. Por eso, redujeron drásticamente la posibilidad de la participación de los vecinos y pobladores; a la vez que prometen menos estudios técnicos y científicos que puedan anticiparse a cualquier intento de depredación irracional.
Abogados de la Secretaría de Ambiente provincial y legisladores oficialistas insistieron en que no se cambiaba la ley: sólo se trataba de aclarar la letra de dos anexos. Esto, dicho con la frialdad de un criminal que, con las manos ensangrentadas, alega: “Yo no lo maté, sólo le arranqué el corazón, nada más que eso”.
La punta de lanza para el proyecto fueron los legisladores Francisco Fortuna y Nadia Fernández, esta última vicepresidenta de la Unicameral cordobesa. A Fernández se la recuerda desbordada en la última Audiencia Pública por la Autovía de Montaña en Punilla, cuando señaló al “ecologismo foquista extremo anti-Estado de dudosa representatividad”, refiriéndose a los vecinos y habitantes del valle que se oponían al megaproyecto oficial. Pues bien, quién si no esta legisladora podría ser la designada para presidir la Comisión de Ambiente de la legislatura cordobesa.
Hecha la Ley, hecha la trampa
El proyecto que modificó la Ley de Política Ambiental, aprobado por la Legislatura de Córdoba, flexibilizó sustancialmente la norma, favoreciendo a proyectos de desarrollo inmobiliario, agrícolas y de telefonía celular. Las modificaciones hechas a la ley eliminaron las exigencias para la presentación obligatoria de Estudios de Impacto Ambiental y convocatorias a Audiencias Públicas para:
- Actividades de desmontes sobre montes protegidos o permanentes (zona roja y amarilla).
- Loteos y planes de vivienda localizados en zonas de bosques protegidos permanentes.
- Loteos de más de diez unidades sin obras de saneamiento básico (cloacas, agua segura, entre otros).
- Loteos y planes de vivienda de más de tres hectáreas.
Dichas modificaciones implican también que:
- Las obras públicas puedan realizar desmontes en zonas rojas. Lo que antes era excepcional ahora pasa a ser la regla.
- Los silos (plantas almacenadoras de granos cuestionadas por la contaminación del aire) inferiores a los 2500 toneladas de capacidad, no necesitarán Estudio de Impacto Ambiental, tan solo un Aviso de Proyecto (declaración jurada).
- A las antenas de telefonía celular se les requerirá Aviso de Proyecto, no Estudio de Impacto Ambiental y solo para medir el impacto de las estructuras portantes. Estos proyectos podrán ser habilitados por los municipios o comunas.
- Podría habilitar la reconsideración de proyectos suspendidos como el de Candonga.
- Permite avanzar sobre los bosques protegidos —y en mejor estado de conservación— con obras públicas, como las de Autovías o Acueducto Santa Fe-Córdoba.
- Permite a los desarrollistas tomar agua para sus emprendimientos de reservas hídricas, avanzando sobre las cabeceras de cuencas y áreas naturales protegidas.
Un elefante en un bazar
La lógica indica que un organismo público como la Secretaría de Ambiente debería representar un área técnico-científica brindada al resguardo y mejoramiento de los ecosistemas provinciales. Lo mismo podría pensarse de los abogados que la componen y de los legisladores que integran la Comisión legislativa de Ambiente.
Pero en Córdoba ello no sucede, pues se parecen más a unidades de negocios —con su respectivo cotillón ecológico— que a organismos gubernamentales ocupados en la conservación de los ecosistemas y sus servicios ambientales: cada tanto instalan, sin muchas luces, medidas que se corresponden con un pensamiento mágico-milagroso: “Obligaremos a restaurar las áreas desmontadas”, en vez de detener los desmontes; “plantaremos mil árboles en las zonas incendiadas”, como si plantar árboles equivaliera a injertar un bosque; “construiremos un acueducto para traer agua del Paraná a Córdoba”, en vez de ocuparse de cuidar las cuencas hídricas provinciales y los espejos de agua contaminados.
El rechazo de organizaciones ambientales, asambleas de vecinos y referentes provinciales ha sido unánime porque, según advierten, "habilita más desmontes para loteos, rutas, caminos y producción agroindustrial contaminante, acopio de insumos agrícolas (semillas transgénicas y curadas, agrotóxicos) en áreas urbanas y minería a cielo abierto. Es evidente que las modificaciones tienen como único objetivo eliminar exigencias para desarrollar ciertas actividades que, no solo favorecen a los desarrollistas inmobiliarios y megaempresarios de la agroindustria y al sector minero, sino que son perniciosas para la vida de las personas, provocando más enfermedad y empobrecimiento en las poblaciones, tanto urbanas como rurales".
Con las cartas sobre la mesa, ahora es el turno del gobernador Juan Schiaretti que tiene en sus manos la posibilidad de vetar estas modificaciones regresivas que eliminaron límites y prohibiciones. Es una decisión política, como la de haber impulsado el avance irracional sobre los ecosistemas provinciales; tan frágiles ellos que ya no resisten un nuevo Caballo de Troya.
