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En los últimos años, las estructuras criminales en Perú han aprovechado los delitos ambientales como una oportunidad de generación de rentas con alto potencial de ganancias y bajo riesgo. Las ganancias generadas por actividades como la tala ilegal, la minería ilegal y el tráfico de vida silvestre complementan las ganancias de otras economías criminales como el narcotráfico, la trata de personas y el tráfico de armas.

En su más reciente informe sobre la Amazonía peruana, InSight Crime desarrolla a profundidad los problemas en esta zona del país y destaca que los principales responsables de los delitos ambientales pueden dividirse en tres categorías. En primer lugar los actores legales, como autoridades gubernamentales corruptas o empresas legalmente registradas, que facilitan los delitos. En segundo lugar se ubican diversas clases de redes criminales con proyectos grandes y pequeños que contribuyen a la financiación de estos delitos y los coordinan y, finalmente, la mano de obra que desempeña tareas de bajo nivel como la tala de árboles, la extracción de oro o la captura de animales para el tráfico.

Meses antes, la organización también publicó un extenso informe sobre los delitos ambientales en la Amazonía colombiana, donde destacaron cuatro grupos de actores: las redes criminales y personas con grandes recursos económicos que financian y coordinan los delitos ambientales de principio a fin y que a menudo actúan desde las sombras; los grupos armados no estatales que trabajan con las redes criminales e impulsan la deforestación en la región; las personas que componen la “mano de obra”, a las cuales se les paga poco para que hagan tareas básicas como el corte o quema de árboles y, finalmente, los actores legales, quienes pueden ser autoridades estatales corruptas o empresas legalmente registradas, que facilitan el crimen ambiental.

Mongabay Latam conversó con María Fernanda Rodríguez, gerente de Proyectos Ambientales en InSight Crime sobre las principales similitudes y diferencias entre las acciones criminales que se detectaron en Perú y Colombia, cuáles son sus causas y que deberían hacer los gobiernos para atender adecuadamente estas problemáticas y proteger efectivamente los bosques amazónicos.

María Fernanda Rodríguez, gerente de Proyectos Ambientales de InSight Crime. Foto: archivo personal.

—¿Qué tanto impacto y relación tuvo la crisis política de Perú durante los últimos años, especialmente en 2020, con el aumento de la deforestación y de otros delitos en su Amazonía?

—El vacío de poder y la crisis política en la que ha estado sumido Perú desde hace varios años, sumado también a los altos niveles de corrupción que han salpicado a las esferas más altas del gobierno, han hecho que la protección de la Amazonía haya sido y siga siendo una tarea y un camino difícil. Esta crisis no solo se ha traducido en la falta de voluntad política, sino también en falta de capacidades, falta de conocimiento y falta de recursos para combatir los delitos ambientales que están promoviendo la deforestación de la Amazonía peruana. Y es que el efecto es claro: en 2020 el país alcanzó los más altos índices de deforestación en toda su historia con 203 000 hectáreas de bosque perdidas, cuando hace 10 años se fijó la meta de llegar a cero deforestación. Hoy Perú no puede estar más lejos de esa meta. La crisis política ha hecho que el gobierno peruano no tenga herramientas suficientes para proteger la Amazonía.

—La deforestación del bosque amazónico está afectando a todos los países que comparten el bioma pero las causas ocupan lugares distintos en cada país. El año pasado ustedes publicaron un informe para Colombia, ¿cuáles fueron las principales diferencias que encontraron entre ambos países?

—Vemos diferencias en los móviles de la deforestación y también vemos algunas diferencias en el protagonismo de los diferentes tipos de actores que se involucran en todas estas cadenas ilegales. Por ejemplo, en ambos países vemos que el desbroce de bosque para abrir campo a pastos y actividades agropecuarias es una de las principales causas de la deforestación. En la Amazonía colombiana observamos que esto sucede principalmente por grandes terratenientes que quieren apoderarse de grandes extensiones de tierra para facilitar la ganadería y algunos cultivos, afectando principalmente a territorios que son propiedad del Estado como los parques nacionales.

En Perú vemos que son pequeños agricultores los que invaden tierras en la Amazonía para despejar lotes y abrir paso a la ganadería y a los cultivos. Estos colonos muchas veces empiezan con pequeños lotes, como de unas 10 hectáreas. Pero, lo que nos dijeron las fuentes en nuestro trabajo de campo es que luego empiezan a multiplicarse y esos lotes pueden llegar a convertirse en zonas industriales. En Perú hay redes criminales dedicadas exclusivamente al tráfico de tierras, algo mucho más organizado que en Colombia y muy único del caso peruano.

Estas redes criminales organizan la ocupación de tierras en la Amazonía por parte de campesinos y brindan una especie de seguridad legal para acceder a títulos de propiedad que luego venden al mejor postor, que por lo general son empresas agroindustriales. Muchas veces estas redes también son integradas por funcionarios regionales que son quienes otorgan dichos títulos de propiedad. En Perú las grandes empresas juegan un papel clave en el desarrollo de los delitos ambientales y de la deforestación y no tanto grupos armados no estatales como sí sucede en Colombia.

Tala de madera en la Amazonía peruana. Foto: James Bargent.

—¿Cómo afecta la falta de titulación de tierras a la protección y conservación efectiva de los bosques?

—La falta de titulación de tierras ha dado luz verde al desarrollo de delitos ambientales y a la vulneración de las comunidades indígenas que habitan la Amazonía de ambos países y que han habitado estas tierras por varias generaciones, pero muchas de las cuales no tienen títulos. Estos territorios se han convertido en una presa fácil para el tráfico de tierras que luego las utiliza para agricultura, ganadería, siembra de cultivos de coca, minería ilegal y demás actividades que promueven la deforestación. En el caso de Perú, la falta de titulación de tierras indígenas, por ejemplo, ha hecho que estas se conviertan en zonas de expansión de empresas agroindustriales.

Este es el caso de Santa Clara Uchunya, una comunidad indígena que reclamaba 86 000 hectáreas como tierras ancestrales pero solamente tiene la titulación del 2 % de su territorio. La comunidad ha sido arrinconada por años por empresas agroindustriales que han arrasado con los bosques, luego han sido víctimas de amenazas y ataques en medio del proceso de reclamo de sus tierras.

—Siguiendo con el tema de los pueblos indígenas, sus territorios son reconocidos por su importante rol en la conservación de bosque, ¿qué otras amenazas enfrentan estas poblaciones en Colombia y Perú?

—Las comunidades se vuelven blanco de amenazas y asesinatos por defender su territorio de las invasiones, la deforestación y demás delitos ambientales. Además de esto, la situación es grave porque se trata de zonas que son ricas en biodiversidad y bosques primarios que son claves como sumideros de carbono.

La comunidad nativa Tres Islas perdió más de 500 hectáreas de bosques en los dos últimos años por causa de la minería ilegal.
Foto: FEMA Madre de Dios.

—¿Qué papel juegan el narcotráfico y los cultivos de uso ilícito en los problemas de degradación y deforestación en Colombia y Perú?

—Colombia y Perú son los principales productores de cocaína del mundo y los cultivos de coca, que son la materia prima de la cocaína, han sido un motor de deforestación porque para abrirles paso es necesario talar completamente los bosques. En Colombia, por ejemplo, hay departamentos amazónicos donde los cultivos de coca han sido una constante por años, como es el caso de Putumayo, que a su vez contiene uno de los principales núcleos de deforestación en el país identificados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). En otras zonas de la Amazonía colombiana también se ha denunciado que los disidentes de la guerrilla de las FARC, liderados en su momento por alias «Gentil Duarte», al que mataron hace pocos días, al parecer pagaba hasta 5 millones de pesos (aproximadamente 1300 dólares) por hectárea deforestada en el parque Tinigua.

Por su parte, en Perú tradicionalmente los cultivos de coca se han concentrado en el valle de los ríos Mantaro, Ene y Apurímac, zona conocida como el VRAEM que no está completamente inserta en la Amazonía. Sin embargo, en los últimos años hemos visto que el narcotráfico está expandiéndose más allá y está ganando terreno a lo largo de toda la Amazonía, donde también se han construido numerosas pistas clandestinas. Fuentes en campo nos dijeron que habían identificado alrededor de 40 pistas y otras hablaban incluso de 80. Cada vez que descubren una y la destruyen, los carteles de narcotráfico construyen una nueva.

Tala de madera en la Amazonía peruana. Foto: James Bargent.

—Tanto Colombia como Perú siguen teniendo falencias en cuanto a medidas efectivas para la protección de la Amazonía. ¿Qué políticas destacaría en ambos países, cuáles cree que están poco desarrolladas y cuáles aún no existen y serían importantes para una efectiva conservación?

—Yo destacaría en Colombia la nueva Ley de Delitos Ambientales que creó nuevos delitos que complementan la legislación ambiental que ya existía. En esos nuevos delitos está la promoción y financiación del tráfico de fauna, la apropiación ilegal de baldíos de la nación, la financiación de esta apropiación y la financiación e invasión de áreas de importancia ecológica. En Perú también destacaría la creación de las fiscalías especializadas en materia ambiental y la reciente creación de la Fiscalía supra provincial especializada en materia ambiental. También destaco el convenio Minamata que tiene el objetivo de proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones de mercurio. Sin embargo, en 2020, las partes del convenio debían dejar de fabricar, importar y exportar muchos productos con mercurio, pero hoy las redes mineras ilegales continúan utilizándolo y aprovechando los vacíos legales que hay en los diferentes países de la región.

También falta ratificar el Acuerdo de Escazú en Colombia y Perú y, en este último país, creo que se deben realizar inversiones en los procesos de titulación de las comunidades indígenas que no son reconocidas por las autoridades regionales para evitar los problemas que mencioné anteriormente.

—El año pasado, casi al tiempo que publicaron su informe sobre Colombia, precisamente el presidente Duque sancionó la nueva ley de delitos ambientales que mencionaba. ¿Cuáles son los retos para que estos delitos efectivamente sean castigados?

—El marco legal en delitos ambientales era insuficiente y hacía que los procesos de investigación y judicialización asociados directamente a la deforestación, o hacia temas como la apropiación de tierra, fueran débiles, lentos e incluso inoperantes. Así que, sin duda, esta Ley de Delitos Ambientales es un avance para el país y puede ser un ejemplo también para otros países de la Amazonía. En ese sentido es un gran paso porque se busca que las penas sean más proporcionales al daño que se comete.

Ahora, creo que el reto es que efectivamente se castigue a los verdaderos responsables que están detrás de la deforestación. Hay algo muy problemático y es que se pueden seguir castigando a los eslabones más bajos de la cadena, que es lo que siempre ha ocurrido, mientras que las cabezas de las redes criminales, que son quienes verdaderamente se lucran de las actividades que contribuyen a la deforestación, pueden seguir intactos. La legislación tiene que estar acompañada de una investigación más integral. Además, debe haber una estrategia integral de parte de los gobiernos, donde haya alternativas encaminadas a apoyar a las comunidades locales que muchas veces se involucran en delitos ambientales porque es su única alternativa de sustento.

Deforestación en la Amazonía colombiana. Foto: James Bargent.

—Colombia lidera el trágico listado de defensores ambientales asesinados en el mundo que publica la organización Global Witness pero, recientemente, Perú viene aumentando en casos. ¿A qué se debe el incremento de la violencia en Perú y qué tan parecida o diferente es esta problemática entre los dos países?

—En ambos países, y en el resto de la Amazonía, los asesinatos y amenazas de líderes ambientales han estado íntimamente ligados a la defensa del territorio en contra de la deforestación, la explotación forestal, la minería ilegal, la agroindustria de gran escala, las hidroeléctricas y otros tipos de infraestructura. En Colombia, casi la mitad de los asesinatos son perpetrados contra pequeños agricultores y otra parte contra indígenas, mientras que en Perú la mayoría de víctimas son líderes indígenas. Otra diferencia que observamos es que en Colombia la violencia en contra de defensores de la tierra y el ambiente ocurre en todo el país, mientras que en Perú la mayoría de casos, más de un 75 %, se presentan solo en la Amazonía.

Efectivamente, en Perú hemos visto un aumento en el asesinato de líderes indígenas y ambientales, solamente en la pandemia fueron cerca de 20 líderes asesinados y otros más fueron amenazados. Tradicionalmente los madereros y los mineros ilegales han estado detrás de esta violencia, pero también hemos visto que el avance del narcotráfico en la Amazonia ha traído parte de esta violencia.

Predio talado en El Parque Nacional Natural Tinigua.  Las amenazas a los funcionarios dificulta el ingreso.
Foto: Nicole Acuña.

—¿Qué estrategias pueden implementarse en ambos países para brindar protección efectiva a la Amazonía y cuáles son los principales obstáculos para lograrlo?

—Hay que fomentar programas educativos hacia el manejo sostenible de los bosques y brindar planes de desarrollo alternativo a comunidades vulnerables que se involucran en delitos ambientales porque no tienen otra alternativa de sustento. También se deben priorizar labores anticorrupción, ya que la corrupción es un arma que permite que los delitos ambientales funcionen sin mayor resistencia por parte de las autoridades. Es necesario aumentar las actividades de inteligencia para determinar los posibles vínculos entre autoridades regionales y los involucrados en delitos ambientales.

Adicionalmente, es importante promover acuerdos de cooperación bilaterales y multilaterales como el Pacto de Leticia. Llevar a cabo acciones conjuntas, compartir e intercambiar información y tener colaboración transfronteriza es clave para enfrentar los motores de deforestación que traspasan fronteras. La gente también necesita tener un mejor acceso a la información ambiental y a la justicia para asegurar el cumplimiento de leyes y derechos ambientales. Otro reto, particularmente en Perú y volviendo un poco a la pregunta con la que iniciamos, es esta inestabilidad política que viene de la mano de falta de voluntades, capacidades y recursos para enfrentar la deforestación y muchos otros problemas ambientales.