El decreto tiene como objetivo reprimir acciones de organizaciones indígenas en rutas de las regiones del Biobío y Araucanía, territorio ancestral del pueblo mapuche.
A la noche del lunes 16 de mayo, la ministra del Interior de Chile, Izkia Siches, anunció la instalación de un estado de excepción de emergencia en regiones del centro sur. La decisión fue tomada en medio de una onda de acciones directas coordinadas por las organizaciones Resistencia Mapuche Lavkenche (RML), Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) y Liberación Nacional Mapuche (LNM), así como los Organizaciones de Resistencia Territorial autónomos, responsables por la autodefensa de diferentes comunidades de la región.
Durante los días 24, 26 y 29 de abril, comuneros mapuche realizaron prácticas de sabotaje a empresas extractivistas activas en la zona. Las acciones incluyeron la quema de la sede y de una camioneta del Fundo San Antonio, de las empresas Venturelli, y de tres camiones de la planta de la Forestal Arauco en Lancoche y de retroexcavadoras de la empresa de Jaime Muro Cuadra, uno de los más antiguos madereros de la región, frecuentemente apuntado por líderes mapuche como usurpador de tierras indígenas. Las acciones de abril fueron asumidas por el movimiento Liberación Nacional Mapuche.
En mayo, las acciones continuaron: el día 11, la Organización de Resistencia Territorial Toño Marchant reivindicó la responsabilidad por la quema de cinco camiones en el interior de una planta de procesamiento de pasta de celulosa situada entre las localidades de Quilaco y Mulchen. Dos días después, la Organización de Resistencia Territorial Lavkenche Leftaru también asumió el sabotaje y quema de 10 máquinas agrícolas en la ciudad de Teodoro Schmidt.
Durante los últimos días, el equipo de Gabriel Boric (Convergencia Social) intentó tramitar una reforma constitucional que permitiese la creación de un estado de excepción “intermediario”, calificado por los oficialistas como una medida supuestamente más blanda, con la finalidad de “protección y resguardo de la población”. Sin embargo, frente a la imposibilidad de llegar a un consenso entre la base de apoyo del gobierno, la comisión mixta que discutía la reforma constitucional fue cancelada y el Ejecutivo anunció la aplicación del estado de excepción en los términos preexistentes.
De Piñera a Boric: continuidades
A pesar de su programa de centro, la elección de Gabriel Boric (Convergencia Social), el año pasado, fue ampliamente divulgada como una victoria de la izquierda chilena.
La campaña de Boric creó muchas expectativas después del “estallido” popular de 2019: libertad a los presos del “estallido”, libertad a los presos políticos mapuche desmilitarización del Wallmapu (territorio mapuche), devolución de las tierras usurpadas a las comunidades indígenas, fin de la expoliación que las cadenas de commodities propician en los territorios. Pero el gobierno de Boric no parece atender ninguna de esas expectativas.
En ese sentido, la decisión del lunes confirma las críticas de la izquierda autonomista y demuestra que, en términos de política represiva y del proyecto de desarrollo propuesto para el país, el gobierno del ex líder estudiantil en poco se diferencia del de su antecesor, Sebastián Piñera. En su gestión, el presidente derechista usó la misma figura jurídica empleada hasta ahora por Boric para reprimir las protestas que sacudieron Chile en octubre de 2019.
Por otro lado, la declaración de estado de excepción también expone inconsistencias entre la tónica de la campaña de Boric y lo que ha sido efectivamente llevado a cabo durante los primeros meses de su gobierno.
En el mes de febrero pasado, pocos días antes de asumir el Ministerio del Interior, Izkia Siches afirmó que el presidente electo había comunicado su decisión de no renovar el estado de excepción en el Wallmapu. “Esperamos mantener el estado de derecho, esperamos mantener la tranquilidad. No queremos más víctimas en la zona, pero también queremos presentar al país una estrategia diferente, que nos permita conseguir avanzar”, explicó en aquel momento la futura ministra.
Sin embargo, la verdadera postura del equipo de Boric se reveló después de asumir el gobierno. A la noche de ayer, la misma ministra Siches declaró: “decidimos hacer uso de todas las herramientas del Estado para brindar seguridad a nuestros ciudadanos y ciudadanas, decretando estado de emergencia para resguardar las rutas de las provincias de Arauco y Biobío y de la Región de la Araucanía, para permitir la libre circulación de personas, el abastecimiento y la ejecución de políticas que puedan mejorar la calidad de vida de los habitantes de esos territorios”.
La red de carreteras es la infraestructura fundamental para el flujo de los insumos para las plantas de procesamiento de pasta de celulosa, próximas a los puertos y a las termoeléctricas, infraestructuras de producción de energía altamente contaminantes.
En Chile hay, hoy, una jurisprudencia que reconoce cinco “zonas de saturación”. El Estado chileno cuantifica y monetariza los daños para calcular las indemnizaciones individuales para los afectados por la contaminación. No hay ningún plan de recuperación de la salud de los territorios y ni siquiera el cese de los procesos contaminantes. La protección de las carreteras por el Estado chileno no es, por lo tanto, en beneficio de los habitantes de dichos territorios, sino para asegurar la circulación de insumos y el flujo de las exportaciones.
Así, el eslabón de la cadena forestal que parece más perjudicado por las acciones de las comunidades es el de la logística. De hecho, los camioneros venían reclamando una acción del Estado para reestablecer y asegurar el flujo de sus insumos de las áreas de plantío para las procesadoras.
Fracturas en el interior de Apruebo Dignidad
La incapacidad de la coalición de gobierno en aprobar la figura de “estado de excepción intermedio” reveló fracturas internas en Apruebo Dignidad. “Luchábamos por una solución política, pero ahora tendremos un nuevo estado de excepción constitucional: necesitamos otra forma de ver y hacer las cosas. Construir la plurinacionalidad requiere mayor convicción”, declaró Salvador Millaleo, ex coordinador de Asuntos Indígenas que se retiró del Ministerio del Interior por conflictos con el equipo de la ministra Siches.
A pesar del análisis de Millaleo, el intento de aprobación de un “estado intermedio” sólo pretendía dar un nombre diferente a una práctica preexistente, para diferenciarse del “estado de excepción” decretado por el gobierno de Piñera.
Sin embargo, la falsa diferenciación entre las dos figuras legales fue rápidamente notada por los movimientos mapuche. Mientras la creación del estado intermedio seguía siendo discutida internamente en Apruebo Dignidad, un comunicado de Resistencia Nacional Mapuche declaraba: “sabemos que la llegada de los militares se dará en cuestión de días. Sea mediante un estado de excepción intermediario o un nuevo estado de excepción, como piden a gritos los latifundistas, camioneros y empresarios forestales. Es por eso que debemos seguir avanzando en unidad, con una línea clara y firme”.
La respuesta de las organizaciones mapuche
A través de sus redes sociales, Héctor Llaitul declaró que la medida garantiza que “los milicos lacayos se instalen nuevamente en el Wallmapu, custodiando los intereses del gran capital”. Según el integrante de la CAM, el estado de excepción “es la plena expresión de la dictadura militar que nosotros, los mapuche, siempre sufrimos, dictadura ahora asumida por el gobierno lacayo de Boric”. Frente a este cuadro, Llaitul convocó al pueblo mapuche a “preparar las fuerzas y organizar la resistencia armada por la autonomía del territorio y de la nación mapuche”.
En un comunicado divulgado ayer, la Resistencia Mapuche Lavkenche declaró: “sabemos que Boric dejó las nuevas políticas represivas en las manos del Partido Socialista, con el aval del crimen organizado, coordinadas por el Subsecretario del Interior Manuel, Mansalve, y en Arauco por el nuevo delegado presidencial, Humberto Toro, quien también fue responsable por la represión durante el segundo gobierno de Bachelet. No olvidamos a Toro”.
Al final del comunicado, la RML exigió la libertad de todos los presos políticos mapuche, así como la expulsión de las empresas forestales del territorio y memoria y justicia para todos los caídos en la lucha por la autonomía del pueblo nación mapuche.
