Unas 470 comunidades fueron desplazadas por la presencia de actividades extractivas, industriales e ilegales en Colombia revela la plataforma Derechos Colectivos Vulnerados en Pandemia.
Colombia registra el mayor número de comunidades indígenas y afrodescendientes (470) desplazadas durante la pandemia por la presencia de actividades extractivas, industriales e ilegales en América Latina.
Así lo revela la plataforma Derechos Colectivos Vulnerados en Pandemia, que señala que estas comunidades representan 23 casos de desplazamiento, el segundo mayor impacto social en el país por estas actividades.
De los 23 casos, 9 están vinculados a actividades de minería, 8 a la agroindustria, 4 a proyectos energéticos y 2 a los de gas y petróleo, apunta la plataforma.
Derechos Colectivos Vulnerados en Pandemia es una herramienta digital de libre acceso impulsada por Rights and Resources Initiative (RRI) con el apoyo de Amazon Conservation Team (ACT).
Impactos en comunidades
Los 23 casos de desplazamiento representan el 59 % de los 39 casos de vulneración de derechos colectivos en comunidades de Colombia, que involucran a un total de 531 comunidades.
“La profundización de las situaciones de desplazamiento, también exacerbó la violación de los derechos humanos de las personas negras de Colombia”, dice Clemencia Carabalí, presidenta de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca (ASOM Cauca).
Además del desplazamiento, otros de los mayores impactos sociales que sufrieron las comunidades son la alteración de sus medios de vida tradicional, registrada en el 66 % de casos.
También figuran el incremento del crimen (41 %), la alteración de la disponibilidad de agua (36 %) y la perturbación de sitios culturales (33%), entre otras afectaciones sociales.
En cuanto a los impactos ambientales, la plataforma señala que en el 61 % de los casos sufrieron afectaciones al agua y fuentes de agua, a la biodiversidad (56 %) y al suelo (46 %).
Derechos vulnerados
De las 531 comunidades afectadas en el país por la presencia de actividades extractivas, industriales e ilegales, la mayoría (461) vio vulnerados sus derechos colectivos por la actividad minera.
“Muchos de los megaproyectos que se desarrollan en nuestros territorios, aprovecharon la pandemia para avanzar lo que no hubieran podido avanzar en otras circunstancias”, señala Carabalí.
El resto de las comunidades fueron impactadas por proyectos energéticos (23), de agroindustria (18), de gas y petróleo (17), de infraestructura (10) y por actividades forestales (2).
Los derechos que más se vulneraron son el derecho a un medio ambiente saludable y al dominio colectivo del territorio, reportados en el 74 % y 61 % de los casos, respectivamente.
“También se violaron derechos étnicos territoriales, como son el derecho a la consulta previa y al consentimiento libre, previo e informado”, añade la lideresa afrodescendiente Carabalí.
Otros derechos violentados fueron el derecho a la defensa de la tierra ancestral (58 %); a decidir sus propias prioridades de desarrollo (48%); y a la integridad física y moral (43 %).
De hecho, la plataforma también halló que 33 defensores ambientales fueron afectados por estos proyectos, sufriendo principalmente la invasión a su territorio colectivo (66 %).
Otras afectaciones fueron las amenazas (46 %), el desalojo forzado (35 %), el asesinato (28 %), la perturbación de sitios sagrados y culturales (25 %) y la estigmatización (17 %).
