San Javier y San Andrés son dos municipios de la Amazonía boliviana que perdieron importantes extensiones de bosque en siete años. Desde la aprobación del Plan de Uso de Suelos (Plus 2019), oficialmente lo que antes era de vocación forestal y área protegida en el sureste de Beni cambió su vocación a agropecuaria intensiva y extensiva. Los menonitas y los productores locales de arroz y soya son dos de los actores que se hicieron cada vez más de propiedades, y cambiaron el uso de suelo de bosques por producción de monocultivos.
La carreta que lleva a los niños por medio de uno de los caminos internos de la colonia menonita de Río Negro pasa al lado de un gran sembradío de arroz. Al fondo se ve el humo del chaqueo donde hace dos años había árboles, esos que formaban parte de uno de los cuatro sectores de los bosques amazónicos de Beni.
Es mediodía del viernes 6 de agosto, feriado por el día de la independencia boliviana, pero la actividad agrícola no para en la comunidad campesina Río Negro Colonia Menonita Groenland, ubicada en el municipio de San Javier. Los niños que retornan a su casa se cruzan con maquinaria pesada que se dirige a las áreas agrícolas de arroz y soya. El pasado y la modernidad se unen.
Acá habitan 150 familias del movimiento cristiano menonita, provenientes de México y Canadá, que llegaron a tierras benianas en 2005 desde Santa Cruz, su primera parada en Bolivia en la década de los 60. Migraron al bosque beniano porque en el departamento vecino ya no había tierras disponibles para vivir y producir de forma mecanizada e intensiva. Los menonitas y otros actores deforestaron gran parte de la floresta cruceña para producir monocultivos.
“Toda la comunidad tiene algo de 20 mil hectáreas. Mi parcela es de 50, no tengo más. Algunos tienen tres o más, por sus hijos”, explica el dirigente de la colonia, Peter Rick, con tono amable y sentado en el patio de su casa.
Su vivienda es una construcción de ladrillo y madera, que tiene réplicas exactas en la mayor parte de la colonia. Otra de las similitudes es que en varios patios hay tractores agrícolas y silos de acopio.
Esta fue la primera colonia asentada en Beni, y muchos de sus habitantes tienen nacionalidad boliviana. Vive alejada de la modernidad; la energía eléctrica y los aparatos de comunicación no tienen cabida. En el medio de la colonia hay un gran almacén que comercializa víveres y accesorios, además de gasolina, a todas las comunidades campesinas de alrededor.
Su asentamiento en este lugar se caracterizó por tres elementos: problemas con tierras fiscales (propiedad del Estado), deforestación masiva de áreas boscosas y disputas de límites con las comunidades vecinas.
Ellos afirman que las 36 mil hectáreas, que compraron hace 16 años, eran privadas y tituladas, pero en 2010 y 2013 dos normativas determinaron que eran tierras fiscales, por lo que ordenaron su desalojo, que nunca se concretó. Incluso, en 2017, Rogelio Cocario –hermano del entonces ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico– los estafó con la promesa de agilizar su titulación en el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la ampliación de frontera agrícola a cambio de al menos 600 mil dólares. Éste estuvo en la cárcel de forma preventiva de octubre de 2018 a fines de 2019 y luego fue beneficiado con detención domiciliaria; el entonces Ministro dijo que su hermano debe responder a la justicia.
“No eran tierras fiscales. Debió tener un dueño, no sé de quién era, pero luego el INRA lo declaró tierra fiscal”, asegura Rick, uno de los pocos que habla español de forma fluida en la colonia.
Una vez declaradas tierras fiscales, el INRA inició la dotación de espacios ocupados por los menonitas a campesinos benianos, lo que ocasionó fricciones, como sucedió con los habitantes de la comunidad 26 de julio.
“Nos dotaron de tierras fiscales, e incluso las que estaban ocupando los menonitas, pero cuando nos dieron todo el polígono donde estábamos asentados, había una brecha hecha por ellos”, recordó Froilán Cuellar, antes miembro de base de la Federación de Campesinos.
Contó que los menonitas “pagaban” a los dirigentes campesinos para que les cedan sus tierras dotadas, y así abrían más brechas agrícolas. Por ello, él y otros comunarios fundaron una de las comunidades que puso límites a la colonia en 2014: la Frontera.
Esto ocurrió luego de que la disputa de tierras entre los campesinos a favor y en contra de los menonitas causara la muerte de un integrante de La Frontera. Por eso, también, se salieron de la Federación de Campesinos, que respaldaba a la colonia, y en 2017 buscaron el apoyo de la Federación Departamental de Interculturales del Beni, de la cual Cuellar es actual secretario general.
Si bien ahora la Frontera no tiene problemas con los menonitas, sí los tiene Villa Rodeo, comunidad aledaña creada en 2007 que demanda una parte de las tierras de Río Negro para sumarla a sus 3.450 hectáreas ya tituladas.
No es la única disputa de tierras de la colonia de Menonitas. En 2018, el INRA le otorgó a la estatal Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) 4.317 hectáreas que están dentro de Río Negro. Este caso y el de Villa Rodeo son tratados en el INRA y aún se espera una respuesta.
Por todo eso, hasta mediados de 2020 la colonia Río Negro no tenía los papeles en regla; es decir, lo que reclamaba como su propiedad aún figuraba como tierra fiscal. No obstante, durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez (2019-2020), el INRA le extendió una resolución de asentamiento, que es un trámite previo a la titulación.
Con el retorno del MAS al poder, el presidente Luis Arce dijo que en la gestión anterior se dotó como “si la tierra fuese un botín del poder económico” y anunció que cada caso se revisará y, de encontrar irregularidades, anulará la titulación de 760.750 hectáreas en todo el país. Estas incluyen a las comunidades campesinas de alrededor de Río Negro. Sin embargo, hasta agosto de este 2021 no se aplicó la anulación en el caso de los menonitas.
El director departamental del INRA, Ramiro Ortiz, dice que el asentamiento de los menonitas es un tema “complejo” y que espera que este se pueda aclarar con la finalización del saneamiento, que en su etapa de campo llegó a 99%, de la cual 83% está titulada.
Entre tanto, los habitantes de Río Negro conocen los problemas legales, pero continúan con sus actividades agrícolas y ven que más adelante necesitarán más tierras, pues los hijos crecen. Por lo que están a la espera que se solucione esta situación.
La división entre Villa Rodeo y la colonia es evidente: sembradíos de soya dan la bienvenida a esta última, que tiene sembradas unas 7.000 hectáreas de este grano en las partes altas, y una cantidad mayor de arroz en las tierras bajas.
La mayor parte de su producción es vendida a una acopiadora en Montero, municipio de Santa Cruz. Allá se concentra la producción y comercialización de estos granos, los cuales van destinados a la agroindustria, principalmente a la exportación.
Sus vecinos coinciden que los menonitas no se frenan ante el bosque, que deforestan cuando lo necesitan, y el fuego así lo demuestra.
“En 2019 se ha sentido la quema de los menonitas; no se podía ver más allá en las tardecitas. Ha afectado la respiración y los ojos se ponían rojos”, cuenta Mario Molle, comunario de Villa Rodeo.
Justamente ese fue el año con mayores quemas que se registraron en Beni y en Bolivia después de 2004 y 2010. Estas afectaron 5,9 millones de hectáreas de ese departamento, 1,6 millones (26%) de áreas boscosas, y se dieron después del desmonte iniciado por varios actores agrarios, principalmente, por privados.
Desde el cielo, imágenes satelitales muestran cómo esta comunidad rompe con el paisaje boscoso del sureste de Beni debido a sus grandes extensiones agrícolas.
La deforestación se aceleró en 2017, causando la pérdida de 5.000 hectáreas, según el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés). A esto se suma que, a partir de un análisis para este reportaje, entre 2019 y 2020 se observa un claro incremento de la frontera agrícola.
Lo que sucede en Río Negro es una muestra de lo que ocurre en San Javier. Allí hay cicatrices de pérdida: desde 2013 se deforestaron al menos 551.307 hectáreas, sin contar con los datos de 2018 y 2019, los cuales no están registrados por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT).
Rick, el vocero de los Menonitas, revela que de las 16.000 hectáreas que tienen resolución administrativa, el 80% está desmontada y el 20% se trata de los portavientos o cordones de seguridad que está prohibido deforestar.
Dice que requieren más áreas deforestadas, pero que la ABT no dio autorización debido a que en el Plan de Uso de Suelos (Plus) de 1999 figuraba como un lugar inhabilitado para desmontar.
“Ahora es la época de desmonte, pero la ABT no dio permiso todavía (…), aunque ya con el Plus 2019 hemos podido avanzar. Ahora ya se pueden desmontar áreas que antes no se podían. Esperamos años, porque antes no se podían tocar”, cuenta.
Precisamente el nuevo Plus –aprobado mediante ley departamental en 2019 y que fue cuestionada por varios actores agrarios por la falta de socialización del proyecto, sobre todo por el sector indígena que practica otro modelo de desarrollo– cambió el uso de suelo de esta área boscosa. Lo mismo sucedió con una gran franja forestal en San Javier.
En el nuevo mapa del Plus se ve que creció el área agropecuaria intensiva sobre el forestal, principalmente, y el agrosilvopastoril; este último se recorrió hacia donde es la frontera con San Ramón, municipio ganadero. En el caso de la reserva de inmovilización en 1999, ahora se vuelve área de protección y de uso agrosilvopastoril.
Pese a que recientemente el Plus permite las quemas en esta zona boscosa, los menonitas incendiaron previamente grandes hectáreas, y las multas no fueron significativas, esto debido a que la Ley Forestal –vigente hace 25 años– establece una multa de 0,20 de dólar por hectárea siniestrada, una multa “mínima en relación con el daño”, como reconoce la ABT. Es decir, si los menonitas deforestaron 12.800 ha, que es el 80% de sus 16.000 ha, y si esta acción no contó con autorización, lo multado llegaría a 2.560 dólares.
Incluso Rick cuenta que no pagaron parte de la multa. “Eso no sé porque no era dirigente en ese entonces, pero creo que sí. Creo que algo se pagó, creo que hubo un perdonazo”, dice.
Ese perdonazo se debe a que, en agosto de 2019, la ABT –en el gobierno de Evo Morales– habilitó la posibilidad de que las personas naturales y jurídicas con multas pendientes por quemas ilegales pudieran acogerse a la reducción de penas.
El humo rodea varias propiedades de la colonia menonita, pese a que hace cinco días los permisos de quema fueron suspendidos.
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Puente San Pablo y la pérdida de una franja de bosque
A 153 kilómetros de Río Negro, hacia el sur, y en la frontera con el departamento de Santa Cruz, Gilberto Tubé muestra un arroyo seco, de camino a su comunidad: la única de propiedad colectiva en medio de parcelas privadas. Asegura que la pérdida de agua en este sector se debe a la deforestación y a las quemas del bosque, que empezaron antes de 2019.
—Todo esto era monte —, afirma el indígena mojeño que migró a estas tierras hace 20 años y que es parte del Cabildo Indigenal San Pablo, ubicado en el municipio de San Andrés.
—Antes, en este arroyo había caimanes y peces —, complementa su hijo de 10 años, parado al borde de lo que quedó del bosque teñido ahora por cenizas.
Es un lunes de agosto y Gilberto, junto a su padre, hijo y esposa, hace una pausa de camino a Exaltación de la Santa Cruz, su comunidad, que queda a tres horas de Puente San Pablo.
Para llegar allá se debe atravesar grandes extensiones de cultivos de arroz y soya que caracterizan los alrededores de Puente San Pablo, una población afincada en el límite entre Beni y Santa Cruz y que se afianza como polo de desarrollo beniano.
Cerca de algunos sembradíos se ven bidones vacíos de fertilizantes y plaguicidas. Y, más adentro, el humo envuelve las áreas boscosas con el fin de ampliar la frontera agrícola.
Este panorama no es el mismo que hace poco más de una década, cuando la actividad agrícola era incipiente, al igual que los intereses por la propiedad expansiva de tierras, la migración de los indígenas y los daños a la fauna por la contaminación ambiental.
“Los antiguos cuidaban esto porque acá había lagartos, caimanes. Acá ya no hay muchas lluvias porque cambió el hábitat”, relata Jesús Tube, el padre de Gilberto.
Los primeros habitantes de Puente San Pablo –que tiene una extensión de 21 mil hectáreas– fueron dotados por el INRA de parcelas de 50 hectáreas por familia. En la década de los años 80, los primeros pobladores constituyeron la primera faja de parcelas y accedieron a la tierra a través del sindicato. En tanto, algunos mantuvieron su posesión y decidieron trabajarla, otros la vendieron y ello generó la diversificación de propietarios. Actualmente se llega hasta la cuarta faja.
El secretario de la Federación Departamental de Interculturales del Beni, Froilán Cuellar, explicó que, como son parcelas dotadas por el Estado ya tituladas, por diferentes motivos algunas personas vendieron hasta en 5.000 dólares las 50 hectáreas, es decir, un estimado de 100 dólares por hectárea.
Comenta que en un principio la gente del interior llegaba en busca de tierras altas para sembrar yuca y plátano, pero ahora va tras el suelo bajío o fangoso –que es lo caracteriza a los humedales de San Andrés– porque, al menos para la siembra de arroz, es apto y no requiere mucho desmonte, sino maquinaria para preparar la tierra y obtener el producto en unos seis meses.
El sector intercultural al que representa Cuellar cobró vida orgánica hace 14 años. En un inicio fue conformado por personas procedentes del occidente boliviano y en el último tiempo también se integraron los oriundos de Beni, por lo que en total reúne a miembros en las provincias Marbán, Cercado, Vaca Díez y Ballivián, estas últimas ubicadas al noreste beniano.
El dirigente dice que la provincia Marbán, donde se encuentra Puente San Pablo, representa un “despegue para el progreso más extensivo” con la producción de arroz.
En la línea de esa dinámica, los dueños convirtieron el bosque en cultivos para sembrar soya, arroz y sorgo, producción de monocultivos. Esta tradicionalmente se daba en Santa Cruz, pero desde al menos siete años la tendencia se profundizó en Beni debido al desgaste de la tierra en el departamento vecino.
Don Jesús explica que la siembra de soya demanda bastante abono a la tierra, y que cuando el suelo llega a estar “bien cansado” es apto para los cultivos de trigo. “En ese lado de San Julián y Cuatro Cañadas (en Santa Cruz) ya están con puro trigo”, menciona.
Mientras el auto en el que va la familia Tube avanza por una carretera bien conservada se ve a los lados del camino extensiones de bosque quemado.
“Meten oruga (tractor) y acordonan. En cada sequía (entre julio y agosto) van prendiendo fuego”, afirma Gilberto, respecto a la lógica del desmonte que efectúan los agricultores para preparar la tierra y sembrar soya o arroz de forma intercalada.
Las máquinas remueven todo lo que se halla sobre el terreno y lo arrastran a las orillas formando hileras o cordones a los que luego se prende fuego.
Desde 2015, según la Ley 741, la ABT autoriza la “quema controlada” para el desmonte y pastizales hasta 20 hectáreas en todo el territorio nacional, con el fin de dar curso a la práctica de “renovación de la tierra” que luego se utiliza para la agricultura y ganadería.
Esa autorización fue ampliada con el Decreto Supremo 3973, de modificación del Decreto Supremo 26075, que daba vía libre al desmonte para actividad agropecuaria en Santa Cruz y Beni. Esta norma fue firmada en julio de 2019 por el entonces presidente Evo Morales en las oficinas de la Federación de Ganaderos del Beni (Fegabeni), y era parte del denominado “paquete incendiario” del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS). Esta normativa estuvo vigente incluso en el gobierno transitorio, que por presión la abrogó en septiembre de 2020 con un decreto muy similar.
En el caso de San Pablo, el desmonte fue realizado en años pasados, y estaba a la espera del chaqueo que se dio con fuerza en 2019. Aquel año se registraron 6.624 focos de calor en San Andrés, siendo el quinto municipio con mayores quemas y el primero en este sector de bosque Amazónico.
Las imágenes satelitales dan cuenta de que el bosque de Puente San Pablo se deforestó paulatinamente. La deforestación se inició en 2005, pero en 2014 se profundizó.
Pese a que la autorización de quemas termina a finales de julio, a 40 minutos de Puente San Pablo y fuera de los periodos permitidos de quema, el fuego arrecia. Así lo evidencia un incendio descontrolado de desmonte que no es de gran magnitud, pero que aviva el calor que penetra a través de la paja encenizada al engomado de la suela de los zapatos.
Muchas de las propiedades privadas están dedicadas a la producción de granos, además de la ganadería. Por ello, la creciente cantidad de cultivos posiciona al municipio de San Andrés como el principal productor de arroz con cáscara del Beni con 8.520 de hectáreas hasta 2017, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
La actividad agrícola en Puente San Pablo convoca a diferentes tipos de propietarios, entre privados, campesinos, agricultores y personas oriundas del lugar. Incluso, la estatal Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) avanza en la construcción de un complejo arrocero cerca de la zona; sin embargo, esta actividad no solo dinamiza el flujo económico, sino que también cambia el ecosistema.
Puente San Pablo fue en esencia un distrito maderable, vasto de monte y humedales. Gilberto explica que esta última particularidad del suelo es favorable para los arroceros, al no demandarles mucha inversión económica, como el desmonte, porque la producción se hace sobre los curichis, que son los terrenos aguosos y con lodo.
El indígena notó que –como consecuencia del boom productivo– hay menos árboles altos llamados Paraíso, que los arroyos que eran como “oasis tropicales” ahora lucen opacos por la contaminación, y que el hábitat de aves y animales silvestres fue alterado.
Por ello, los animales salen a los caminos a buscar agua, y a la vez escapan del calor y el humo que produce el fuego. Hace un momento, el auto pasó al lado de un curichi donde un caimán se camuflaba en medio de la vegetación.
Lo que ya ocurría desde hace algunos años fue plasmado en el nuevo Plus 2019, pues ahora este sector cambió drásticamente el tipo de uso de suelo en comparación con el Plus 1999. En los mapas se evidencia que la tierra para uso agropecuario intensivo creció, al igual que el agropecuario extensivo, que actualmente es lo que más hay en el municipio. Estas dos áreas crecieron sobre el área forestal. Del Plus del 99 solo queda una pequeña franja con el límite sur con Santa Cruz. En cambio, en el este todo se volvió intensivo. Pese a estos datos, se creó un área natural protegida y se perdió la categoría de agrosilvopastoril.
A medida que el carro se acerca a la comunidad Exaltación de la Santa Cruz, en los laterales del camino se imponen árboles –a diferencia de kilómetros atrás–, y la brecha caminera es mucho más corta.
“Esta es nuestra comunidad”, presenta orgulloso Gilberto mientras él y su familia bajan del vehículo. Todos saludan a sus vecinos que los esperan.
Este lugar, dirigido por el Cabildo Indigenal Puente San Pablo, tiene una titulación aproximada de 2.800 hectáreas. La mayor parte de su territorio aún se mantienen virgen porque los habitantes requieren poco espacio para plantar los productos que van a su autoconsumo. Se trata del otro lado de la moneda del desarrollo productivo de Puente San Pablo. Los indígenas mojeños, que se encuentran lejos de la actividad agrícola intensiva, conviven y observan de cerca sus efectos.
“Somos cinco familias. Sufrimos del agua. No hay agua. Este monte es de nosotros, los indígenas, porque este monte es titulado, es comunitario. Ya son tres años que estamos aquí”, cuenta Mercedes, desde el cobijo de su vivienda que está hecha con hojas de motacú.
Su vida fue de constante desplazamiento. Hace 20 años llegó junto a otros indígenas a San Andrés desde San Lorenzo de Mojos. Los mojeños intentaron conformar sin éxito una Tierra Comunitaria de Origen (TCO), pero después de varios años al menos lograron obtener un título comunitario, con el fin de evitar la venta de las tierras y en concordancia con sus usos y costumbres.
El hogar de Mercedes no es el mismo al que llegó en 2001. Aún con añoranza recuerda que a unos 30 minutos de este lugar habitaba a orillas de un amplio arroyo de aguas dulces donde había peces, pero una empresa arrocera instalada muy cerca armó un dique de contención para construir un puente, por lo que tapó el flujo del agua y de a poco esta se fue estancando.
“El agua quedó sucia, se murieron los peces. Nosotros, para no fregar nuestro estómago, nos salimos. Lo fregaron y quedó así nomás”, dice con tristeza.
A diferencia de sus vecinos, ella se resistía al traslado, pero aquel día en el que se bañó en el arroyo y sintió una comezón alarmante en todo su cuerpo, decidió abandonar el sitio. Pese a que el agua se mantenía clara, los efectos contaminantes de los químicos eran evidentes.
Ese arroyo ahora luce como un pantano. Con el dique que impidió el flujo, el agua permanece estancada y tiene un tono café; además, carece de vida acuática y solo se puede ver la maleza sumergida y la vegetación opaca a su alrededor.
“De este mismo arroyo sacan (ahora) agua para fumigar. Hace una década esto era todo un manantial de agua, hermoso”, dirá más tarde Clarisa, la esposa de Gilberto, al borde del arroyo.
Un pronto desplazamiento aguarda a Mercedes y a sus vecinos en este año. Y es que, al ser pleno agosto de época seca, se ve en la necesidad de ir a Puente San Pablo porque no solo se queda sin agua para su consumo, sino que las plantaciones de donde obtiene sus alimentos no crecen como antes.
“No aguantan. La tierra está seca”, dice. Cuenta que, desde que se incrementaron las deforestaciones alrededor del cabildo, la siembra, sea plátano, yuca, maíz, limón o toronja, no rinde como antes o demora en crecer.
Este cabildo demandaba 10 mil hectáreas, pero debido a la fuerte demanda de tierras y pleitos agrarios el INRA solo les tituló 2.800 hectáreas, lo demás fue titulado a nombre de pequeños campesinos y a su vecino ganadero que cuenta con 2.000 hectáreas, estas están a la mitad del cabildo. Por ello, para ir a donde anteriormente era su comunidad, ahora deben pedir permiso para atravesar parte de la hacienda.
Jesús Tubé, de 59 años y conocedor de esos lugares, lamenta los problemas que existen por la tenencia de tierras, falta de personería jurídica de algunas comunidades y asentamientos ilegales. Estima que ahí hay cerca de 40 comunidades campesinas que se encuentran establecidas al margen de la legalidad, por lo que cuestiona la labor de las instancias del Estado involucradas.
Para el director departamental del INRA, Ramiro Ortiz, el tema de la tierra en Beni es complejo debido a que la región es extensa y de fuerte representatividad mediante pueblos indígenas, comunidades campesinas e interculturales. Informa que, desde su dirección, a la fecha (finales de 2020), se autorizó el asentamiento de unas 190 comunidades afiliadas a distintas organizaciones en el departamento.
Ya de retorno a Puente San Pablo, donde vive la familia de Gilberto hasta que llegue la época de lluvia para trasladarse al cabildo, se ve en el borde de los extensos cultivos de soya y arroz bidones de químicos de entre 20 y 100 litros abandonados o apilados, que pueden ser de fertilizantes o plaguicidas utilizados para fumigar.
Clarisa comenta que, cuando llegan las lluvias, el agua ingresa a esos bidones desechados y el químico que queda impregnado en ellos se desparrama y contamina los sedimentos y el agua del lugar. “Entonces, la tierra se va secando por el uso de tanto veneno”, afirma. Por eso cree que la deforestación y las quemas continuarán con más fuerza.
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Beni, entre la apuesta por la agroindustria y la pérdida de bosque
Lo que ocurre en Río Negro y Puente San Pablo es parte de un panorama más amplio que viven los bosques de San Javier y San Andrés, respectivamente.
Si bien Beni cuenta con más sabanales de bosque, tiene la segunda mayor superficie de bosque en el país. Después de Santa Cruz, que alcanza casi 48% de la superficie total, Beni tiene 17%, según la Memoria técnica. Actualización del mapa de bosque, gestión 2016, del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas (MMAyA).
Hasta 2016, este departamento contaba con 8.788.901 hectáreas distribuidas en tres tipos de bosques: amazónico, yungas y llanuras inundables, siendo el primero con mayor presencia. Este limita con La Paz, Pando y Santa Cruz. Una parte del que colinda con tierras cruceñas está en San Javier y San Andrés, además de Baures.
Los bosques de Beni sufrieron una significativa pérdida de su biodiversidad en los últimos diez años. De 2012 a 2020 se perdieron 130.289 hectáreas, de acuerdo con datos de la ABT, siendo 2015, 2016, 2018 y 2019 los años con más superficie deforestada.
La ABT no cuenta con la información de deforestación por municipio, como por departamento. Sin embargo, el documento Deforestación en el Estado Plurinacional de Bolivia, periodo 2016-2017 —elaborado por esta institución y el Ministerio de medioambiente y Agua, muestra que San Andrés deforestó 2.820 hectáreas, siendo 2.705 ha de forma ilegal.
En el caso de las quemas, si bien en 2014 hubo un incremento importante de cicatrices por quemas en relación con el año anterior (85.183 hectáreas), la cantidad subió a más del doble en 2016: 194.189 ha. La ABT no cuenta con los datos por municipios de los años 2018 y 2019; sin embargo, pese a esa ausencia estadística, según lo registrado, en San Andrés se quemó al menos 556.575 ha en seis años.
Esta conversión de uso de suelo tiene relación con la propuesta que hizo la ABT en 2017 titulada “Con la apertura de la frontera agrícola y la modernización de la ganadería, el Beni puede convertirse en la región más rica de Bolivia”. En esta se plantea cuatro complejos productivos exclusivamente para Beni y tres áreas más para la ampliación de la frontera agropecuaria: noroeste, noreste y sureste. En esta última menciona expresamente a San Andrés.
Del total de las 2,7 millones de hectáreas que abarca la zona sureste, 1,1 millón de hectáreas (36%) están saneadas, es decir, poseen títulos ejecutoriados hasta 2017. Del total saneado, 705 mil hectáreas son de propiedad privada y 319 mil hectáreas son de propiedad comunitaria. En el documento de la ABT se precisa que el 28,1% que pertenece a las propiedades privadas, 18% está concentrada en propiedad empresarial. Por ende, se entiende que una buena parte de lo deforestado es en propiedades privadas empresarial, al igual que sucede en el resto del país.
Dentro del área sureste también se encuentra San Javier, donde en 2017 se deforestó 1.818 hectáreas, de las cuales 1.758 se hizo de modo ilegal.
Asimismo, allá hay importantes cicatrices de quemas: desde 2013 quemaron al menos 551.307 hectáreas, sin contar con los datos de 2018 y 2019.
A la par de la deforestación, las quemas en bosque en Beni también se incrementaron, pues una es resultado de la otra. En 2019 se registraron 81.730 focos de calor y al año siguiente, 91.666.
A partir de la aprobación del Plus 2019, las quemas van aumentando, según el monitoreo de la ABT.
“Estamos empezando a tener un incremento desde 2020, y creo que eso forma parte del Plan de uso de suelos. Si bien antes era restringida muchas categorías que se establecía como forestales, veo que en el nuevo Plus ha cambiado; entonces, se amplía la posibilidad de cambiar el uso de suelo. A partir de ello vamos a tener mayor incremento en superficie de áreas quemadas”, explica la jefa nacional de la Unidad de Monitoreo Informático y Geoespacial (Umigde) de la ABT, Rissel Flores.
Resalta que, el impacto y el cambio de uso afectan en la infiltración de agua en más inundaciones, y que por ello hubo regiones afectadas por ese fenómeno en la última década.
Como los datos lo evidencian, este cambio de uso de suelos se dio antes de la normativa departamental, y una de las muestras de ello son la gran cantidad de chaqueos que hubo en San Javier y San Andrés.
El Plus 2019 da luz verde a la ampliación de la frontera agrícola, pues amplía el uso de suelo agropecuario en 3% y el uso ganadero en 30% en 1999 a 44% en 2019.
Esta nueva normativa fue una propuesta de Fegabeni respaldada, además, por la Cámara Agropecuaria de Beni. Esta última institución considera que es importante volcar los ojos al desarrollo agrícola industrial porque es rentable y la afectación forestal es mínima, en relación con la ganadería.
El presidente de la cámara e impulsor del Plus, Alfredo Tababary, dice que el motivo de ampliar la actividad agrícola de siembra de arroz, soya y sorgo es porque se trata de un negocio que mueve millones y va a ayudar al crecimiento de la economía beniana.
Respecto a los 10 millones de hectáreas previstas a desmontar, Tababary negó que se tratara de áreas forestales y aclaró que son llanuras pluviales, es decir, que son pampas y están ubicados a orillas del río Mamoré a ambos extremos. Sin embargo, reconoció que existe afectación en la denominada franja que se inicia en el Puente
San Pablo (San Andrés) y termina en Casarabe (San Javier). “Esto está completamente intervenido y hubo una afectación forestal debido a la categoría de uso agropecuario intensivo”, revela.
Esta normativa tuvo varios cuestionamientos, no solo por parte los actores agrarios, por su no participación en la construcción de esta, sino también por ambientalistas y especialistas en la temática.
Entre las críticas más fuertes es que se amplió la frontera agrícola a costa del bosque, y que además este Plus legaliza la deforestación previa que se hizo a lo largo de los últimos 10 años.
“Es una tierra que era de vocación forestal, pero ahora dicen que como no hay bosque ‘cómo va a ser de vocación forestal si tiene vocación agrícola y pecuaria’. La han actualizado en favor de una actividad en lugar de la que había antes sin pensar en acciones de restauración o recuperación. Y si a 2030 deforestaran el remanente de 30 mil hectáreas de bosque, la pregunta es, ¿lo van a volver a cambiar?”, cuestiona el investigador del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca), Carmelo Peralta.
En la misma línea, el biólogo e investigador Vincent Boss explica que la normativa no cuenta con ninguna justificación clara ni respaldo técnico, y que en la aprobación de la norma los proyectantes admitieron que los suelos no eran aptos para la agricultura. Asimismo, considera que el Plus propone una visión agroextractivista de la frontera agrícola, que sigue el modelo de Santa Cruz, de Rondonia (Brasil) o de Paraguay, que, si bien genera un aumento en el PIB, causa afectaciones sociales y ambientales. Asimismo, dice que su fin es beneficiar a grupos de poder.
“Es para unos grupos de poder vinculados a los menonitas, al tráfico de tierra, al sector ganadero que quiere ampliar su área y el valor de sus tierras”, concluye.
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Foto portada: Mariana Pérez.
Editor invitado: Alfredo Meza.
Infografías: Rocío Condori.
*Este reportaje se realizó en el marco de la Convocatoria para apoyar Periodismo de Investigación en Bolivia, organizado por el Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR).
