Comunidades de Apurímac presentaron demanda por la falta de concesiones de sus fuentes de agua hace tres años, pero Jueza Mixta de Aymaraes aún no se pronuncia.
La comunidad campesina de Quishque Choccemarca, región Apurímac, exigió a la Jueza Mixta de Aymaraes emitir sentencia sobre una demanda presentada en defensa del agua, en 2019.
La comunidad demandó hace tres años a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) por no consultarle la concesión de sus fuentes de agua para fines mineros a la empresa Southern Perú.
Advierten que, si no se pronuncia pronto, recurrirán a la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (ODECMA) para denunciarla por inconducta funcional ante este retraso.
Demanda retrasada
La demanda de amparo en cuestión fue presentada con el apoyo del Instituto de Defensa Legal (IDL) y reposa sobre el expediente N° 00037-2019 desde hace tres años.
La comunidad considera que su derecho “está siendo violentado continuamente”, ya que, según la jurisprudencia, este recurso debe ser atendido de manera sencilla, rápida y efectiva.
En su demanda, denuncian el otorgamiento de licencia de uso de agua de ojos manantes de las comunidades a la empresa Southern Perú CC, sin haberles consultado previamente.
Esto, pese a que la consulta previa a los pueblos afectados por una medida administrativa es exigida por el Convenio 169 de la OIT, indicaron en un pronunciamiento que hicieron llegar a Servindi.
La denuncia es respaldada por la Junta de Usuarios de Agua de Choccemarca, Quishque y Chawanapata que rechaza la presencia de la empresa, encargada del proyecto minero Los Chancas.
Demanda contra Autoridad Nacional del Agua fue presentada en 2019, pero hasta ahora no se resuelve en primera instancia. Foto: El Comercio/Carlos Peña
Movilizaciones
Para manifestar su indignación, las población indígena de la comunidad, ubicada en el distrito de Tapairihua, provincia de Aymaraes, y miembros de la Junta de Usuarios de Agua, se movilizaron el 25 de enero.
La movilización llegó hasta las puertas de la Municipalidad Distrital de Tapairihua, donde fueron recibidos por el alcalde, su plana de regidores y otros líderes comunales que les expresaron su apoyo.
Producto de este gesto, la empresa minera Southern emplazó mediante una carta notarial al alcalde, Edwin Carpio, a rectificarse públicamente por sus declaraciones vertidas durante este recibimiento.
“Se le recuerda que la controversia a la que alude su discurso se encuentra judicializada, por lo que, correspondería atenerse a lo que resuelva el Poder Judicial”, señala la empresa en su carta.
Las comunidades y la Junta de Usuarios de Agua de la zona consideran que esta es una “muestra de la prepotencia y el abuso de poder” de la empresa minera para callar a la autoridad edil.
Pese a ello, precisaron que la movilización por el derecho al agua y la consulta previa presentes en este caso, continuará este 9 de febrero, en la capital provincial de Chalhuanca.