Una masiva movilización de organizaciones campesinas, territoriales, pueblos originarios y ambientales reclamó al Poder Legislativo que trate las leyes de Acceso a la Tierra, Envases y Emergencia Territorial Indígena. El Gobierno prorrogó las sesiones ordinarias, pero las negociaciones parlamentarias demoran el tratamiento de los proyectos a días del recambio legislativo.
“Una vez más la ciudadanía es tomada como rehén de una oposición irresponsable que le da la espalda al pueblo al negarse a dar quorum para sesionar”, sentenciaron organizaciones campesinas, de la economía popular y ambientales que se movilizaron este mediodía hasta el Congreso de la Nación para exigir que se traten las leyes de Acceso a la Tierra, de Envases, de Cannabis Industrial y la Prórroga de la Emergencia Territorial Indígena, entre otras. El Gobierno extendió las sesiones ordinarias hasta fin de año, que formalmente hubiesen finalizado el 30 de noviembre, pero aún siguen las negociaciones sobre cuáles serán las iniciativas a tratar en el último mes del año.
La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT), la Federación Argentina de Cartoneros, la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados y la UTEP fueron algunas de las organizaciones convocantes que buscaron durante los últimos días que la Cámara baja sesionará este jueves para tratar, entre otras, dos leyes que consiguieron dictamen de comisión tras las elecciones legislativas: la Ley de Acceso a la Tierra y la Ley de Envases.
Tractores que llegaron desde las colonias agroecológicas y hortícolas del periurbano bonaerense –donde se producen las frutas y verduras que llegan a las meses de las grandes urbes–, ropa de trabajo y pecheras que identificaban a los recuperadores urbanos –que recogen 10.000 toneladas diarias de residuos reciclables en el AMBA–, banderas Wiphala y mapuches presentes para reclamar que Diputados apruebe por ley la prórroga de la Emergencia Territorial Indígena, jóvenes luchadores contra el cambio climático y organizaciones de cannabis que impulsan un desarrollo industrial y medicinal. Ese fue el variopinto universo de luchas que se encontraron este mediodía frente al Congreso Nacional.
Mamá Cultiva Argentina, Alianza por el Clima, Jóvenes por el Clima, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, y el Frente Darío Santillán fueron otras de las organizaciones convocantes. “Necesitamos que se legisle de forma urgente para poder tener políticas públicas orientadas hacia la sustentabilidad y la agroecología en medio de la crisis climática y sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial”, exigieron los convocantes a la marcha.
La agroecología es el modelo de producción que impulsa la Ley de Acceso a la Tierra. Tiene como principal objetivo la creación de un Fondo Fiduciario Público de Crédito para la Agricultura Familiar, que facilite el acceso a las tierras a través de un crédito blando, un “Procear rural”, para comenzar a resolver el problema de la tenencia de la tierra. Los pequeños productores producen la mayor parte de los alimentos consumidos a nivel nacional, pero sólo el 13 por ciento de la tierra está en sus manos, mientras que el 1 por ciento de las empresas agrarias controlan el 36 por ciento de la tierra cultivada en Argentina.
La iniciativa, impulsada por la UTT desde 2016, recibió dictamen de comisión el jueves 18 de noviembre, después de pasar varios meses sin tratamiento legislativo, a pesar del compromiso asumido por el gobierno nacional, entre ellos el presidente Alberto Fernández. Tras las elecciones legislativas, el oficialismo se encargó de impulsar el dictamen del proyecto, junto a otro denominado Marcha al Campo, pero la agenda legislativa es amplia para el último mes del año –acuerdo con el FMI mediante– y la oposición, que presentan resistencias ante los proyectos reclamados en la movilización de este mediodía, tendrá más poder de negociación después del 10 de diciembre, cuando se realiza el recambio legislativo.
“La ley es muy necesaria para los productores y productoras, para todo el sector campesino, sobre todo para los que producen en la periferia de las grandes ciudades, donde el 85 por ciento no son dueños de las tierras”, resaltó el referente de UTT Agustín Suárez a Tierra Viva tras el dictamen de comisiones.
El mismo 18 de noviembre también obtuvo dictamen la Ley de Envases, que basada en el principio de Responsabilidad Extendida al Productor (REP) busca generar un fondo para mejorar los sistemas de reciclado a nivel municipal –en los que actualmente trabajan 150.000 cartoneros y cartoneras en todo el país– y crear nuevo en las regiones del país donde aún no existe política para recuperar los residuos.
En la Argentina se producen todos los días 50 mil toneladas de residuos. La mitad de ellos termina en alguno de los 5000 basurales a cielo abierto que hay en el país, o en un relleno sanitario. Del total de residuos, alrededor del 20 por ciento de los residuos sólidos urbanos generados son envases post consumo y solo se recuperan, como máximo, un 10 por ciento de los residuos generados.
Tras la presentación de la ley en el Congreso a mediados de año, el presidente de Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (Conarcoop), Ramiro Martínez, adelantó a Tierra Viva que esperaban resistencia de parte de las empresas porque quienes gestaron el proyecto de ley “van a fondo con una propuesta de distribución de la riqueza ”. Eso ocurrió en los últimos días, cuando la propia Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham) inició un fuerte lobby para frenar su aprobación.
Otra norma fundamental es la prórroga de la Ley 26.160, de Emergencia Comunitaria Indígena. La norma fue aprobada en 2006 y el 23 de noviembre pasado venció su tercera prórroga. Casi un mes antes, la Cámara de Senadores le dio media sanción y la giró a la Cámara de Diputados, donde recibió dictamen de comisiones la misma semana que las leyes de Acceso a la Tierra y Envases, pero aún no fue tratada. El Gobierno —en medio de la nueva campaña antimapuche en la Patagonia y el hostigamiento a la Lof Quemquemtreu, que finalizó con el crimen de Elías Garay— decidió prorrogar la ley por DNU para evitar el avance de desalojos de comunidades en conflicto ante el vencimiento de fines de noviembre.
Sin embargo, las comunidades originarias llevan días de acampe frente al Congreso para exigir que la norma sea aprobada por Ley. «El DNU tiene que pasar por la comisión bicameral donde podría ser rechazado. Mientras tanto tiene valor de ley. Por eso la ley debería salir porque tiene esa mayor estabilidad que el DNU pues no depende de una segunda validación; y en segundo lugar porque el debate parlamentario en sí mismo es una oportunidad para que los pueblos indígenas puedan visibilizar sus demandas y concientizar sobre la conflictividad en los territorios», explicó Fernando Kosovsky, abogado especializado en derecho indígena, esta semana en una nota publicada por la periodista Adriana Meyer.
En la masiva movilización al Congreso también se reclamó por el tratamiento de la Ley de Cannabis Industrial, que fue presentada como uno de los ejes innovadores en producción por el Gobierno, pero aún se demora su tratamiento. Para impulsar el reclamo estuvieron presentes organizaciones que llevan años trabajando el tema como Criacann, Acción Cannábica, Cecca y las emblemáticas Mamá Cultiva. La norma abre todo un abanico productivo que hasta podría servir para recuperar territorios contaminados por otras industrias y fortalecer una actividad productiva no contaminante en zona de explotaciones mineras, como proponen de la asamblea El Retamo, en Chilecito, La Rioja, en la cruzada para defender el Cerro Famatina.
Otras de las normas que se exigieron frente a un Congreso que demora entre negociaciones fueron la Ley para Personas en Situación de Calle y Familias Sin Techo —que impulsa el primer censo nacional de personas en situación de calle y la creación de una red de centros de integración—, la Ley de Tierra, Techo y Trabajo —propone la creación de tres millones de puestos de trabajo en la construcción dando respuesta a la emergencia habitacional— y la Ley Bety Quispe —para crear la figura de promotoras y promotores territoriales de género y diversidad—.
