Será una represa de 162 metros de altura y tiene un costo de $us 1.000 millones. ENDE paralizó el proyecto ante la oposición férrea de dos comunidades guaraníes y 12 comunidades de Vallegrande. Sus habitantes aseguran que no se moverán, pero viven una situación de alerta, stress y de inseguridad. La consulta previa e informada no se hizo.
Por: Hernan Cabrera
El silencio del bosque y el murmullo del río ya no se escuchan; fueron suprimidos por los poderosos ruidos de grandes máquinas. El susurro del viento fue reemplazado por los motores de volquetas, cisternas y tractores. El cantar de los tordos, chaicitas, pavas y patos ya no se escucha. El diálogo, con poro en mano, de los mburuvichas (capitanes grandes) y las kuñas (mujeres) se silenció por las órdenes que gritan los capataces de la hidroeléctrica. El bramar del río Grande fue despojado por el pito de las turbinas que ya arrancaron.
De pronto, Ely Zarate, una mujer guaraní, despertó de una pesadilla. Soñaba un futuro que podrían tener las comunidades indígenas de Yumao, Tatarenda Nuevo, Masicurí, Vado del Yeso, La Junta, Arenales, ubicadas en las provincias Cordillera y Valle Grande, de Santa Cruz.
En su rostro las lágrimas empezaron a escurrir. En su mente estaban incrustados el inicio y el fin de la construcción del proyecto Hidroeléctrico Rositas, propuesto por el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS). Paradójicamente, escuchaba, a lo lejos de su casa, la canción “Rosita Pochi”, que acompaña las fiestas y cumpleaños de los guaraníes y que es una especie de himno de los pueblos chaqueños.
“Mis padres viven hace más de 45 años en esta comunidad, nos criamos acá, junto al río y a los animales. El río Grande es el agua, es vida que nos sustenta, no solo por los peces que podemos sacar. Con la represa Rositas será muy dañino para el medio ambiente y para nosotros. No la queremos. Nos afectará, nos dejará sin territorio, sin casa, sin nada”, se queja Zarate, mientras prepara una comida en común para otros guaraníes que se dieron cita a Yumao, una de las comunidades que serían afectadas con más fuerza de concretarse el proyecto.
“No sabemos de la Rositas que está pensando (el presidente Luis) Arce”, dice con voz fuerte y aguda la abuelita Telma Tihuayo, que a sus 82 años no se pierde las asambleas o acciones de protesta que realiza la capitanía de Tatarenda Nuevo. Ella vive más de 30 años en la comunidad que significa “tierra de fuego”, de la cual está orgullosa.
En plena asamblea —que reúne a comunarios de Masicuri, Peñones, Vado del Yeso, Laja, Toco, Arenales, Yumao, Tatarenda Nuevo y La Junta— doña Thelma afirma que se opondrá con su vida y de su familia a la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Rositas, que pretende generar entre 400 a 600 megavatios (MW).
Rosita es un nombre que los pueblos guaraníes lo tienen afincado y, además, es parte del acervo musical nacional. Rosita es una melodía muy antigua, pero siempre actual que se la escucha y baila en las comunidades guaraníes y en las ciudades cruceñas, como Camiri, Santa Cruz, Charagua, Villamontes y otras.
Mientras que Rositas, ya con la “s”, tendrá otras connotaciones para el pueblo guaraní: muerte, destrucción, miedo, inundación, desplazamiento y dinero. Todo eso es lo que se le viene a la mente a doña Thelma cuando escucha esa palabra.
Los comunarios calificaron a Rositas como la “represa de la muerte”, por lo que mantienen una resistencia directa, total y hasta las últimas consecuencias. Así lo determinaron las 22 comunidades amenazadas por sus posibles impactos, anunciaron que no permitirán que se construya el proyecto hidroeléctrico en la confluencia del río Grande y río Rositas, en un enclave entre dos cerros y que fue anunciado en 2012.
De acuerdo con el proyecto, esta represa tendrá una altura de 162 metros; su área de embalse de será de 449 kilómetros cuadrados y su área de influencia de más de 45.251 hectáreas. Estas dimensiones no solo implicará la afectación de la dinámica de la cuenca sino también la deforestación y la pérdida de cinco ríos, de los cuales consumen las comunidades peces y agua, según el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib).
Por ello, los comunarios temen que vaya a ocurrir lo que pasó con las represas de Santo Antônio y Jirau, en Brasil o en el río Cauca, en Colombia, donde los Estados insistieron con hidroeléctrica que al poco tiempo causaron problemas de inundaciones y desplazamientos a los pueblos indígenas cercanos.
Asimismo, les asusta las afectaciones que causen en sus comunidades el arribo de más de 1.000 trabajadores, para formar el campamento central de Rositas en las diferentes áreas. Así lo anticipa el estudio de diseño final de la consultora EPTISA S.L.
La especialista e ingeniera ambiental, Sandra Quiroga, explica que la presencia de este millar de personas a la vez generarán varios impactos ambientales, como: el consumo de 100.000 litros de agua por día, para tomar, aseo personal, lavado de enseres, etc.; cada persona generaría 0,55 Kg. de basura, o sea residuos sólidos, lo que implicaría 550 Kg. por día. Además, no está considerado un sistema de relleno sanitario, sino que se construiría un botadero, afectando en gran magnitud a la naturaleza y a los ojos de agua.
Incertidumbre
La encargada de la ejecución de este proyecto es la Empresa Nacional de Electrificación (ENDE Corporación), que en su informe en la audiencia de rendición pública, realizada el 23 de abril de 2021, tiene contemplado en su apartado Proyectos Ende Matriz: Pequeña central hidroeléctrica Rositas, con un costo de Bs. 1.666.000.000, en etapa de estudio y para que concluya el 2022.
Pero hasta el momento no se iniciaron las obras y el proyecto está totalmente paralizado, por la oposición férrea que sostuvieron y lo siguen haciendo representantes de las comunidades que serían afectadas directamente por la represa. Incluso la comunidad guaraní de Yumao presentó un recurso de acción popular contra el proyecto.
Los comunarios no tienen información sobre las acciones de ENDE en relación al proyecto, lo que ahonda más la desconfianza y la tensión entre estas.
Para conocer cuáles son los pasos a seguir La Brava requirió la información oficial, vía cartas y comunicación telefónica, a ENDE y al Viceministerio de Energías e Hidrocarburos; sin embargo, no obtuvo respuesta.
Pero no solo las comunidades desconocen los detalles del proyecto, también instancias estatales. La Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación informó que este proyecto cuenta con Certificado Categoría 4, otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente y que la Gobernación de Santa Cruz —que está liderado por un partido opositor al Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS)— no fue invitada a ninguna campaña de información o socialización.
Millonarias inversiones
Yumao, una de las comunidades que serían anegadas por el agua de la represa, ubicada a 270 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, no cuenta con los servicios básicos necesarios. Las 22 familias que habitan este lugar no tienen agua potable, ni energía eléctrica, ni postas de salud.
Ante esa precaria situación, los comunarios del lugar cuestionan que el Estado no haya cubierto sus derechos fundamentales y que en cambio destine gastos millonarios para la futura hidroeléctrica.
El Proyecto Hidroeléctrico Rositas es una prioridad para el gobierno del MAS, por eso previó un costo de 1.000 millones de dólares para su construcción. De este monto, el 85% será cubierto por créditos y el resto por contrapartes locales.
Hasta el momento, el Estado boliviano ya desembolsó Bs 76.583.470, en la elaboración de estudio para el diseño final, gestión ambiental y evaluación de impacto ambiental.
La voz de los mburuvichas
Benito Changaray, capitán grande de Tatarenda Nuevo y Demetrio Patrio Colque, mburuvicha de la comunidad Yumao —ambos vivientes hace más de 35 años en estos lugares— denunciaron que la dirigencia de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), sin consultar a las capitanías zonales, firmaron un acta de consentimiento, entregado ENDE, para que acepten el proceso de construcción de la represa Rositas.
Ambos dijeron que no fueron consultados y que no aceptan esa acta, que no cuenta como la consulta previa e informada, prevista en la Constitución Política del Estado y normas internacionales. “Ahora ya están a destiempo de hacerlo, tampoco lo aceptaremos”, dice Changaray.
El experto en temas indígenas y director del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales (CEJIS), Miguel Vargas, explicó que debido a que no se cumplió la Constitución se trata de un “proyecto inconstitucional” y que pone en riesgos a las comunidades guaraníes.
“Es claro que si el proyecto se mantiene sin realizar la debida consulta previa, libre e informada, que en el marco de la Constitución Política tiene carácter obligatorio, el Estado Plurinacional de Bolivia, pone en una situación de mayor indefensión y vulnerabilidad a las familias y comunidades indígenas que habitan el territorio en el que se emprenderá el proyecto Hidroeléctrico Rositas”, precisó.
Por su parte, Patrio teme que su comunidad quede inundada y anuncia que, por ello, los comunarios están dispuestos a oponerse hasta las últimas consecuencias.
Changaray va un poco más lejos y dice que “agradece a Dios por lo que está pasando en el mundo y Bolivia”, lo que ha permitido que sigan postergando la decisión de iniciar las obras del proyecto.
“Mire usted vino la pandemia, los conflictos políticos, las elecciones; hicimos una demanda judicial y el gobierno tuvo cierto miedo y no se animó a seguir adelante con la obra, que para nosotros nos causará grandes daños, afectando a nuestros cultivos, cultura, historia y a la vida misma de los humanos y de los seres vivos de la naturaleza”.
La capitanía de Tatarenda Nuevo está ubicada en la provincia Cordillera, a 200 kilómetros de la capital cruceña, donde viven 95 familias, con alrededor 500 personas, quienes —asegura Changaray— “todos estamos decididos a resistir y evitar que nos trasladen a otro lugar”.
Las kuñas no se doblegarán
Las voces opositoras a la represa de las mujeres guaraníes se escuchan más fuerte. Ellas se constituyeron en el baluarte de esta lucha, iniciada hace seis años por las capitanías zonales guaraníes y comunidades de Vallegrande, que están alrededor del río Masicurí, uno de los que desaparecería con Rositas.
La historia de Zenobia Changaray, de 47 años, está unida al río Grande, en cuyas riberas nacieron dos hijas de las cinco que tiene, quienes ya grandes regresaron a Tatarenda para defender sus territorios. Esta guraní caminó por las arenas y el ripio de ese afluente, de donde, gracias a las enseñanzas de su padre, extrajo peces para su alimentación diaria.
“Nunca se sufrí por estos lados, el año redondo comemos pescado y teníamos tanta agua, que para tomarla habría que aclararla con karaguata (una planta del monte)”.
Zenobia tiene miedo que se haga la represa y siente que no les beneficiará en nada. “Nos quitarán nuestro hogar, vamos a luchar con todas las fuerzas que tengamos, voy a defender hasta que Dios me quite la vida. Esperamos que nuestro hermano presidente Luis Arce, al que hemos apoyado, nos escuche y no nos dé la espalda”, dice.
Por su lado, María Antonieta Zardán, mburuvicha-kuña (capitana grande) de Yumao, —quien hace 30 años hizo su hogar y su espacio de trabajo y de sueños— alerta que con este problema afecta psicológica, social y económicamente a todos los comunarios, porque no saben lo que harán, ni pueden planificar su futuro inmediato, pues aún está latente la amenaza de que el proyecto arranque.
“No queremos que nos lleven a ningún lado. Eso sería anular nuestra identidad, romper con nuestra cultura y la relación con el río que tenemos, despojarnos de nuestra tierra. Hemos vivido durante muchos años en esta zona y no nos pueden desalojar así nomás”, asegura.
Lourdes Miranda, quien vive hace 40 años en Ipitá, teme que las inundaciones, a su vez, causen enfermedades, y que desde la construcción de la represa se afecté la convivencia pacífica.
La concejala de Vallegrande, Magaly Morón, informa que recibe visitas de familias, que le dicen que está en juego sus vidas y de que saldrán muertos de sus comunidades. “La tierra hay que defenderla, es la vida que la quieren matar. Además, hablan de relocalizar, destrozar comunidades, desunir familias, hay mucha presión psicológica, estrés en la gente, y así no se puede seguir”.
Comité de comunidades afectadas
De esta resistencia, se conformó el Comité de Defensa de la Tierra y Territorios de las comunidades afectadas por el Proyecto Rositas que, a mediados de agosto de este 2021, tuvo una reunión de coordinación en la comunidad de Yumao. Allí los asistentes determinaron: “Nadie se mueve, el río no se toca”.
José Luis Sandoval Guzmán, presidente de este comité, prevé que 14 comunidades quedarían bajo agua, totalmente inundadas y más de 500 familias estarían seriamente damnificadas. Además, no conocen el plan de desplazamiento o reubicación, aunque las autoridades hablaron de compensación económica.
“Ese no es el problema, sino que esta zona está unida a sus vidas, a la tierra, la gente no lo aceptarán y no lo quieren, seguirán manteniendo su posición y están firmes en defensa de su hábitat. No se puede jugar con la vida de las personas”, dice, molesto.
Explica que el proyecto habla de sistemas de riego para los cultivos tradicionales, pero aclara que el agua del río Grande tiene mucho sedimento, además de una alta salinidad, y que no es apto para ese uso; aspecto que se tendrá que dilucidar de forma técnica.
“En todo caso, las cosas hablan a medias, el proyecto no es viable para todos nosotros, es rechazado por las comunidades guaraníes y de Vallegrande, porque de forma conjunta vamos a defender la vida de las personas, de los seres vivos de la Madre Tierra y la vocación productiva para el futuro de las generaciones que vienen”, finaliza.
Comunarios de Tatarenda Nuevo observando el río Grande. Foto: Mabel Pantoja.
Los conflictos políticos y la pandemia del COVID-19 lograron tranquilizar a los comunarios, ya que desde el gobierno no se habló más del proyecto millonario. Pero puede ser una pausa pasajera, así lo sienten los habitantes de las comunidades guaraníes, que desde el 2016 viven en zozobra y con el miedo constante de que las obras de la represa empiecen en cualquier momento.
“Es una pesadilla constante”, reflexiona Changaray, pero al igual que el resto de los guaraníes que cada día deben luchar por la vida y por el cultivo de su maíz, siente que esa pesadilla no se hará realidad, porque decidieron resistir.
*Este reportaje se hizo en el marco del proceso de formación “Taller de periodismo en profundidad y storytelling para periodistas en la Amazonía de Bolivia”, organizado por el Cedib.
*Hernán Cabrera Maraz es periodista hace 25 años. Trabajó en los diarios El Deber, El Día, La Estrella del Oriente. Fue representante departamental en Santa Cruz de la Defensoría del Pueblo (2010-2016). Actualmente colabora como articulista en varios medios nacionales.
