Retirada la reforma tributaria, la movilización ahora exige la renuncia del Gobierno de Iván Duque. Organismos de derechos humanos estiman que la policía ha asesinado a más de 35 personas.
Por:
Berta Camprubí
@bertacamprubi
Tras las fuertes jornadas de movilizaciones de noviembre de 2019, volvió el Paro Nacional en Colombia y esta vez es indefinido y busca ir hasta la raíz. Convocado el 28 de abril para detener una reforma tributaria que pretendía subir al 19% el IVA de productos como los huevos o la gasolina, una vez el presidente Ivan Duque ya ha anunciado que retira esta reforma —para después “tramitar de manera urgente un nuevo proyecto”—, la población movilizada ha anunciado que ahora el objetivo pasa a ser la renuncia de Duque y su Gobierno. Por ahora ha renunciado el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Según el líder del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) Hermes Pete, portavoz en este momento de organizaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas, mientras “la reforma de la salud siga en pie, al igual que la reglamentación de la consulta previa, de las pensiones, (la vuelta de) fumigaciones de glifosato, la corrupción y la guerra”, seguirán “en lucha”. Una lucha sin embargo, que en seis días de movilizaciones ya ha dejado 35 personas asesinadas según denunció la ONG Human Rights International.
La caída de la estatua del colonizador español Sebastián de Belalcázar en Cali en manos del pueblo originario misak dio el disparo de salida al paro general del 28 de abril, cuando apenas salía el sol. Decenas de miles de personas dejaron de ir a trabajar o apagaron las clases virtuales para salir a la calle en una movilización que acumula malestares de todo tipo. Las protestas han sido durante ya seis días, masivas y pacíficas durante el día. A pesar del toque de queda que aplican la mayoría de municipios debido a los altos índices de ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos por la pandemia de covid-19, las calles han seguido concurridas por las noches y la criminalización de la protesta por parte de medios de comunicación comerciales y la represión por parte de la policía y el ejército colombiano han ido in crescendo desde el primer día hasta la noche de este lunes 3 de mayo en que, según denuncian activistas de Cali, el ejército ha entrado con tanques a la ciudad.
La Alta Comisionada de la ONU Derechos Humanos de Colombia Juliette de Rivero, tuiteó este martes 4 de mayo a las 12 de la noche (hora colombiana): “Estamos sumamente preocupados por la información que estamos recibiendo a esta hora sobre un número no confirmado de personas muertas y heridas en Cali. Llamamos al respeto a la vida de todas las personas (...)” y ha denunciado que sus unidades habían recibido disparos y agresiones por parte de la fuerza pública. Con esta, las calles de decenas de ciudades de Colombia, en especial la de Cali, han vivido ya cuatro noches de terror.
El 30 de abril, el ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez publicaba en Twitter el siguiente mensaje: “Apoyamos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad (...) de la acción criminal del terrorismo vandálico”. Automáticamente la sociedad colombiana movilizada en redes activó cadenas de mensajes explicando cómo denunciar el mensaje en Twitter por incitación a la violencia y diez horas después Twitter lo eliminó.
Aun así, uno de los hombres más poderosos del país, investigado por vínculos con la creación de grupos paramilitares, ya había dado la orden. Durante las siguientes tres noches no han parado de ser publicadas en redes sociales, con el #NosEstanMasacrando o #UribeDioLaOrden, imágenes terroríficas de la violencia policial aplicada contra grupos de manifestantes en las calles de varias ciudades. La noche del 2 de mayo cualquier persona en el mundo pudo ver a través de una retransmisión en directo del perfil de Instagram de Juan de León el asesinato por parte de la policía del joven Nicolás Guerrero en la ciudad de Cali. Al día siguiente, De León denunciaba que amigas y familiares habían recibido llamadas preguntando por su ubicación y que sus páginas de Instagram y Facebook habían sido hackeadas. “Me veo obligado a abandonar Cali”, añadía en un mensaje en Twitter.
Militarización del territorio, persecuciones en moto, ráfagas, disparos, torturas y agresiones sexuales han sido denunciadas por doquier en todas las latitudes del país y las defensoras de derechos humanos exclaman que la confusión general imposibilita la tarea de verificación del número de personas muertas, heridas, detenidas y desaparecidas. “Existe un subregistro y está siendo muy difícil verificar en campo porque la policía agrede a observadores de derechos humanos y comunicadores, incumple totalmente los protocolos que le obligan a respetar la vida de las manifestantes, utilizan munición real”, asegura Diego Chávez, miembro de la Comisión Colombiana de Juristas. El senador progresista Iván Cepeda le preguntaba al Gobierno colombiano el 3 de mayo a través de Twitter: “¿Cómo es posible que aún no conozcamos un informe oficial sobre cuántos muertos, heridos, desaparecidos, mujeres violadas habría dejado la acción del ESMAD? ¿Es necesario imponer el silencio propio de regímenes de terrorismo de Estado?”
Juan Diego Perdomo tenía 21 años y estudiaba educación artística. Marchaba pacíficamente por su ciudad, Neiva, cuando una fuerte carga de gases lacrimógenos del Escuadrón Móvil de Antidisturbios (ESMAD) le llevó a un fatal paro cardíaco entre la multitud. Él fue la primera víctima mortal de esta huelga general. El Instituto de Desarrollo y Paz (Indepaz) denunciaba el día 1 de mayo, jornada de movilización masiva en todo el país, que solo en la ciudad de Cali habían muerto en manos de la fuerza pública 12 personas, incluidos dos menores de 13 y 17 años. Líderes estudiantiles de la ciudad denuncian, sin embargo, que debido a la guerra por el narcotráfico y la desigualdad mueren jóvenes cada día en los barrios marginales de esta ciudad. Por eso, una de las pancartas más vistas durante estos días predica: “El Gobierno genocida de Duque es más peligroso que la pandemia”. Previamente entre los diez países con más desigualdad del mundo, la pandemia en Colombia ha hecho que hasta 21 millones de personas, un 42% de la población, esté viviendo en situación de pobreza, según el Departamento de Estadística (DANE). “La reforma tributaria es más violenta que cualquier protesta”, denunciaba otra pancarta en Cali.
La reforma tributaria, como se ha podido comprobar una vez retirada, ha sido sólo el detonante. En lo que llevamos de 2021 en Colombia han sido asesinadas 57 lideresas sociales, 20 de ellas indígenas, se han cometido 158 feminicidios y grupos armados paramilitares y disidentes de las FARC han perpetrado 35 masacres con un total 132 víctimas. La guerra que nunca ha terminado por la nula voluntad política del Gobierno de Iván Duque de implementar los acuerdos de paz ya acumula, en 60 años, más de 8,7 millones de víctimas entre asesinadas, desplazadas, víctimas de desaparición forzada, amputadas, torturadas, secuestradas, etc. La pandemia por coronavirus, con cifras también alarmantes, ha dejado por ahora 74.700 personas muertas en Colombia. El acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 garantizaba mecanismos para el fin del conflicto, la redistribución de la tierra, la sustitución de cultivos de uso ilícito, combustible del narcotráfico, y reparación para las víctimas. El Gobierno uribista de Duque ha ido por el camino contrario al de la paz. Y la revuelta social que vive Colombia desde hace seis días es también una respuesta a esta decisión.
Uno de los episodios más sangrientos de esta guerra fueron las ejecuciones extrajudiciales, los llamados “falsos positivos”. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en un informe sobre lo que en realidad son asesinatos ilegales de civiles indefensos presentados por la fuerza pública como muertos en combate, ascienden a la cifra de 6.402 personas. Y los picos de asesinatos son los años 2007 y 2008 durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, cuando Juan Manuel Santos, el Nobel de Paz, era ministro de Defensa. Es una cifra que supone más del doble que las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. La campaña que buscó visibilizar esta cifra escandalosa apareció en periódicos, paredes de grandes avenidas y redes sociales preguntando “¿Quién dio la orden?”. El #UribeDioLaOrden, precisamente hace referencia a este hecho y, lo que muchas activistas resaltan es que Colombia está perdiendo el miedo a denunciar al popularmente llamado “matarife”.
Después de la de Belalcázar, han caído otras estatuas, no sólo de colonizadores sino también de “próceres” de la independencia colombiana o antiguos presidentes. El Paro Nacional se ha convertido en una clase de memoria histórica para las que ignoraban las masacres que estos líderes han ocasionado durante los últimos 500 años. El Paro Nacional se ha convertido en espacios asamblearios en universidades donde profesores, estudiantes y comunidad en general debaten propuestas para vivir mejor. Se ha convertido en ollas comunitarias en cada barrio, en carreteras cortadas por cientos de camioneros, en primeras líneas integradas por jóvenes negros de la periferia urbana con indígenas que han llegado desde sus resguardos. Si bien, como afirma con tristeza la investigadora y antropóloga Camila Esguerra, “en un país donde el Estado es el enemigo más peligroso y en el que nos hemos acostumbrado a que así sea, la lucha es solo para sobrevivir a golpes”, existe también un clamor colectivo que quiere poner fin a esta cultura de la “mafiosidad estatal”. Y aunque ya han logrado lo que era su principal objetivo, las marchas continúan.
