La Asociación de Productores Joaju, de la Comunidad campesina 1° de marzo, ubicada en el distrito de Ybyrarobana, Departamento de Canindeyú, se movilizaron hoy exigiendo la regularización de las tierras que ocupan desde hace más de 8 años. Las más de 400 familias campesinas que ocupan unas 4.500 hectáreas exigieron también políticas de apoyo a la producción de alimentos.
Durante toda la jornada los pequeños productores se manifestaron sobre la Ruta 10 realizando cierres intermitentes expresando sus exigencias. Los organizadores de la movilización señalaron que es fundamental que el gobierno brinde respuestas a los reclamos de las familias campesinas, quienes desde el 2012 vienen reivindicando las tierras que ocupan, incluso han resistido varios desalojos y ataques de civiles armados, según indicaron las tierras deben ser destinadas a las familias campesinas ya que son tierras públicas que la dictadura militar entregó irregularmente a una familia acaudalada vinculada al régimen.
Además del aseguramiento de las tierras los campesinos y campesinas también reclaman que el gobierno impulse políticas para apoyar a la producción campesina, entre ellas la aprobación del Seguro Agrícola que podría significar un importante apoyo para los pequeños productores que a causa de eventos climáticos muchas veces durante los últimos años han visto perder su producción.
Los campesinos indican que a pesar de la falta de asistencia estatal siguen produciendo miles de hectáreas de alimentos de forma ecológica y que el Asentamiento 1° de marzo es un ejemplo de resistencia campesina ante el avance del modelo de agroneogocios; según diferentes informes en el Departamento de Canindeyú el agronegocio ha crecido más de 169% en los últimos 15 años y alrededor del 60% de las tierras están en manos de extranjeros generando graves impactos sociales y ambientales.
Los referentes de la comunidad indicaron que continuarán movilizados hasta recibir respuestas por parte del gobierno, señalan que es urgente una mesa de trabajo con diversas instituciones a fin de garantizar el acceso a la salud y la educación de los pobladores del asentamiento, para garantizar el arraigo de las familias campesinas. También rechazan la permanente criminalización de la que son víctimas campesinos y campesinas que luchan por la tierra.
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