Ante el elevado número de asesinatos, que va en una espiral ascendente en los últimos años, la Oficina de Derechos Humanos pide al Gobierno de Colombia que haga un esfuerzo contundente para prevenir los ataques contra quienes defienden los derechos fundamentales, principalmente de indígenas, afrodescendientes y mujeres.
“Estamos profundamente preocupados por la impactante cantidad de defensores de derechos humanos asesinados en Colombia durante 2019”, aseguró la portavoz de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Marta Hurtado.
Según las cifras esta Oficina, que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet, 107 activistas fueron asesinados el año pasado. Además, siguen en proceso de verificación 13 casos adicionales que fueron reportados a lo largo de 2019, los cuales, de ser confirmados, aumentarían el total anual de muertes a 120 asesinatos.
La preocupación de la Oficina de Bachelet fue dada a conocer apenas unos días más tarde de que el responsable la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, alertara al Consejo de Seguridad sobre cómo la violencia generalizada “sigue amenazando la consolidación de la paz”.
Los ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos ya se habían intensificado durante el 2018, cuando 115 asesinatos fueron confirmados por la citada Oficina de la ONU en Colombia. Y esta terrible tendencia no muestra desaceleración en el 2020, en donde al menos 10 personas, según información preliminar, habrían sido asesinadas durante los primeros 13 días de enero.
Al menos 10 personas, según información preliminar, habrían sido asesinadas durante los primeros 13 días de enero.
Desde la firma del Acuerdo de Paz, la Oficina de la Alta Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos había verificado 303 asesinatos de defensores y defensoras de las garantías fundamentales y líderes sociales hasta diciembre del año pasado.
“Reiteramos nuestro llamado al Gobierno de Colombia para que lleve a cabo un esfuerzo enérgico con el fin de prevenir los ataques contra las personas que defienden los derechos fundamentales, para que se investiguen todos y cada uno de los casos y para enjuiciar a los responsables de estos hechos, incluidos los responsables de instigar, ayudar o incitar a su comisión. El círculo vicioso y endémico de violencia e impunidad debe detenerse. Las víctimas y sus familias tienen derecho a la justicia, la verdad y la reparación”, afirmó Hurtado.
Indígenas, afrodescendientes y mujeres los más afectados
La gran mayoría de los 107 asesinatos en 2019 tuvieron lugar en áreas rurales, casi todos ellos, alrededor del 98%, en municipios donde se llevan a cabo actividades ilícitas y operan grupos criminales o armados.
Además, el 86% tuvo lugar en zonas con tasas de pobreza por encima del promedio nacional.
Si bien más de la mitad de los asesinatos ocurrieron en sólo cuatro departamentos (Antioquia, Arauca, Cauca y Caquetá), los asesinatos se registraron en 25 departamentos diferentes.
El grupo más afectado fue el de los defensores y defensoras de derechos humanos del ámbito comunitario y de grupos étnicos específicos, como los pueblos indígenas y los afrocolombianos.
Los asesinatos de mujeres defensoras de derechos humanos aumentaron en casi un 50% en 2019, en comparación con el año 2018.
Foto: ONU Colombia/ Aumentan las represalias contra los activistas de los derechos humanos.
Un ataque a la democracia
Las cifras reflejan la gravedad del problema, pero ocultan las causas estructurales que sostienen la violencia contra los defensores y defensoras de derechos humanos, explicó la portavoz quien destacó que la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos reitera que “cualquier ataque contra los defensores y defensoras de derechos humanos es inaceptable y constituye un ataque en contra de la democracia, menoscabando la participación y el acceso de las personas a sus derechos humanos”.
Hurtado destacó que también ha habido “una serie de factores adicionales que contribuyeron a esta situación” como la penetración de grupos criminales y de grupos armados vinculados a actividades ilícitas en áreas desocupadas por las FARC-EP y el favorecimiento por parte del Gobierno de una respuesta militar para controlar la violencia.
Además, se mantienen los desafíos en la implementación del Acuerdo de Paz, especialmente en lo relacionado con el desmantelamiento de grupos herederos de las organizaciones paramilitares, la seguridad de las comunidades afectadas por el conflicto, la restitución de tierras y la reforma rural, los programas de sustitución de cultivos ilícitos y el cumplimiento de los derechos de las víctimas.
