Este dramático caso ha puesto en debate en Brasil y en todos los países donde hay actividad minera, cómo se construyen las represas que se siguen multiplicando e implican enormes riesgos para las poblaciones y todo el entorno. Lo que es más preocupante es que en Brasil y en toda América Latina se siguen debilitando las regulaciones ambientales.
El próximo 25 de enero se cumple un año más de la terrible tragedia de Brumadihno (municipio del estado de Minas Gerais), ocasionada por el colapso de un dique de la mina de Feijão (de propiedad de la empresa Vale). El colapso del dique de residuos mineros provocó la muerte de 270 personas y toda una tragedia ambiental en la zona.
Eran las 12:28 del viernes 25 de enero de 2019, cuando más de 13 millones de toneladas de residuos acumulados se desbordaron, generando un tsunami que arrasó todo lo que encontraba a su paso en la localidad de Brumadihno, a lo largo de más de 80 kilómetros. Las primeras víctimas fueron los propios trabajadores de la mina.
Según el procurador Carlos Eduardo Ferreira Pinto, quien había tenido a su cargo la investigación del caso Mariana (otro caso similar ocurrido años antes en la misma zona) lo ocurrido en Brunadihno tenía que pasar, era cuestión de tiempo, porque este tipo de represas continúan funcionando sin ningún tipo de control riguroso: “una presa se rompe porque le entra agua a sus estructuras y eso ocurre por el descuido de la empresa, la falta de fiscalización de las autoridades y las consultoras independientes”. Alessandra Cardoso, asesora política del Instituto de Estudios Socioeconómicos, dijo en una entrevista para la BBC, que el hecho de que la represa llevara inactiva tres años, sin recibir residuos, habría desgastado la estructura. Para Cardoso, cuando una mina o represa paraliza sus actividades, «la tendencia es que la empresa dé menos atención» a los criterios de seguridad.
La empresa “ocultaba de forma sistemática esas informaciones al poder público, a la sociedad, incluidos los inversores y accionistas”
Como se puede apreciar, los especialistas aluden a negligencias, ausencia de controles, fiscalización y normas que se han relajado en los últimos años. El procurador Ferreira Pinto que finalmente fue apartado de las investigaciones de Mariana, señala: “las autoridades continúan dando autorizaciones para la construcción de represas, al mismo tiempo que se flexibilizan los controles y las regulaciones”. Todo esto se ha ido comprobando con las investigaciones de la propia Fiscalía brasileña. Como señala recientemente el diario El País de España, los fiscales afirman que la empresa Vale operaba un arreglo turbio con el objetivo de mantener una falsa imagen de seguridad y que la cúpula directiva aparentemente sabía, al menos desde 2017 que la balsa que colapsó “había alcanzado un nivel crítico y que tenía información detallada sobre la seguridad en general de estos enormes depósitos para almacenar residuos de la minería”. La empresa “ocultaba de forma sistemática esas informaciones al poder público, a la sociedad, incluidos los inversores y accionistas”, señalan. Tremendas revelaciones de la Fiscalía.
Este dramático caso ha puesto en debate en Brasil y en todos los países donde hay actividad minera, cómo se construyen las represas que se siguen multiplicando e implican enormes riesgos para las poblaciones y todo el entorno. Lo que es más preocupante es que en Brasil y en toda América Latina se siguen debilitando las regulaciones ambientales.
