El Gobierno tuvo que retroceder ante el fuerte rechazo de las comunidades a la consulta indígena. La mala herencia que le dejó el exministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, al nuevo titular de la cartera, Sebastián Sichel, lo llevó obligadamente a “suspender temporalmente” el proceso. Pero desde el mundo indígena aseguran que detrás de las palabras del ministro está el fracaso de la consulta que el Gobierno no quiere reconocer. Los dirigentes siguen pidiendo su anulación.
El werken del Parlamento Koz Koz, Jorge Weke, recuerda una sesión de la consulta indígena, en la comuna de Los Lagos, donde descubrieron a un “falso lonko”. El supuesto dirigente estaba a favor del proceso. Pero el conflicto se desató cuando supieron que nunca contó con la validación de la comunidad mapuche que decía representar. “Era un ´palo blanco´ del Gobierno”, asegura Weke.
Relatos de este tipo abundan. Pero también los que dan cuenta de la intervención policial, incluso, militar –como ocurrió en Valdivia–, de las convocatorias parcializadas y de la información incompleta para desarrollar las sesiones.
Con todos estos factores jugándole en contra al Gobierno y la presión sostenida de las comunidades, el ministro de Desarrollo Social (MDS), Sebastián Sichel, se vio obligado a suspender la consulta, a tan solo dos semanas de haber asumido como titular de la cartera.
Pero las cosas venían mal desde antes. El exministro Alfredo Moreno fue quien lideró esta consulta, iniciada el 22 de mayo pasado, que buscaba conocer la opinión de las comunidades respecto a la modificación de la Ley Indígena, en particular, asuntos relacionados a la propiedad de las tierras.
Además, de las manifestaciones a nivel nacional, una serie de hechos a nivel político marcaron el fracaso de la consulta: la renuncia del director de la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas, Andrés Cortés –encargado de preparar el proceso–, las críticas desde el propio oficialismo, mientras que en el Congreso, en Valparaíso, se desarrolló una sesión especial donde representantes indígenas exigieron a los diputados el fin de la consulta.
La decisión de Sichel
Con cambio de gabinete, fue Sichel quien heredó algo que a esas alturas se había convertido en un verdadero “dolor de cabeza” al interior de la cartera, pero que el exvicepresidente de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) optó por meter al congelador hasta nuevo aviso. A fines de julio, posiblemente, se volvería a evaluar su proyección, según indicó.
El secretario de Estado justificó la medida por “errores comunicacionales” y ante la “violencia registrada” en distintos puntos donde se aplicó la primera etapa de la consulta. Pero el “mea culpa” quedó ahí y nada dijo sobre las críticas respecto a la imposición del proceso. “A nosotros nunca nos consultaron si queríamos esta consulta o no. Ha sido nefasto, de consulta no tiene nada, nunca hubo acercamientos”, acota Jorge Weke.
Mientras que el investigador del Observatorio Ciudadano, Hernando Silva, sostiene que “la falta de un diálogo previo a la consulta demuestra una vulneración a los principios de la buena fe, pero sobre todo la debilitación de los derechos respecto de la propiedad de las tierras”.
Con todo, se apunta al fracaso a una de las políticas clave para el Gobierno de Sebastián Piñera en la materia, vinculada al Plan Impulsa Araucanía que se lleva adelante, que se caracteriza por sus líneas de desarrollo económico ampliamente rechazado por las comunidades mapuche.
“La suspensión esconde el fracaso”
La presidenta de la comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara, Emilia Nuyado, insiste en que la consulta debe ser anulada.
“No puede haber una pausa indefinida, considerando que tampoco hubo un proceso previo respecto de las once medidas sobre las que consulta el Gobierno. Por otro lado, no sabemos de dónde sacó el ministro Sichel que un 70 por ciento participó en el proceso, considerando el alto rechazo por parte de las comunidades”, indica la parlamentaria.
Advierte, además, que esto no tiene relación con problemas comunicacionales ni de violencia, sino que por la falta de diálogo del propio Gobierno.
“Es una consulta arbitraria y, en el fondo, al Ejecutivo no le interesa quienes participen y eso es no haber generado el diálogo ni respetar los derechos fundamentales”, concluye.
Mientras que el exministro de Desarrollo Social del segundo Gobierno de Michelle Bachelet, Marcos Barraza, plantea que con esto el Gobierno se queda sin una política indígena clara. A su juicio, que Sichel hable de “suspensión” es un eufemismo para no reconocer el fracaso rotundo de la mala propuesta del Ejecutivo.
“El amplio rechazo se da por los efectos negativos que tendría sobre los derechos de la tierra”, resalta el exsecretario de Estado. Y a esto agrega que: “La consulta no se estaba ajustando a los estándares que fija el Convenio 169 de la OIT, ni tampoco al reglamento propio de la consulta, tanto porque estaba coaccionada por la intervención de la fuerza pública y se debilitan los derechos”, afirma.
