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El pasado 2 de abril se llevó a cabo una Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), durante la misma los gremios empresariales que forman parte del espacio lograron imponer modificaciones respecto al proceso de aprobación y financiamiento de los diferentes proyectos de investigación. La medida es rechazada por la Sociedad Científica del Paraguay y por diversos Centros de Investigación que señalan que estas modificaciones apuntan a coartar la libertad de pensamiento y la producción científica.

Según consta en el Acta 525 del Consejo del CONACYT durante la reunión los miembros del Consejo resolvieron por mayoría modificar los procesos de aprobación de los proyectos de investigación que serán financiados por el Programa ProCiencia. Hasta el momento, siguiendo estándares internacionales en la materia, los proyectos de investigación eran primeramente evaluados por científicos extranjeros para luego recibir el visto bueno del pleno del Consejo; sin embargo a partir de este cambio el Consejo deberá brindar primeramente su acuerdo al Proyecto de Investigación para que recién después de esta aprobación la propuesta sea evaluada por los científicos.

Otro punto cuestionado por las organizaciones científicas es que el Consejo resolvió parar la financiación de proyectos de investigación que se encuentran en plena ejecución, sin existir ningún tipo de denuncia formal, ni aclarar cuáles son estos proyectos. Esta resolución se dio a partir de una llamativa propuesta del Abogado José Matto, representante de las Centrales Sindicales ante el Consejo; Matto es abogado y miembro del Sindicato Autentico de Trabajadores Municipales, además es Convencional Titular del Partido Colorado por la Seccional 39 de dicha agrupación política.

La Sociedad Científica del Paraguay manifestó su preocupación por estas decisiones y calificó de insólito que se suspenda la financiación a proyectos de investigación sin existir una denuncia formal y sin la evaluación de pares científicos que revisen la pertinencia metodológica de los proyectos. “Estas decisiones quebrantarán la transparencia del proceso y dejarán líneas de investigación y proyectos competitivos totalmente fuera del sistema, sin argumentaciones y fundamentos que justifiquen tal acción. Además, el CONACYT estaría exponiendo la adjudicación de proyectos de investigación a intereses externos desconocidos” mencionó la SCPy.

Por su parte los Centros de Investigación pertenecientes al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) coincidieron en lamentar las últimas decisiones tomadas por el Consejo del CONACYT y destacaron que el mecanismo de aprobación de los proyectos utilizado en los últimos años fue riguroso, transparente e independiente, lo que permitió a los científicos paraguayos investigar “sin más restricciones que la rigurosidad metodológica y la calidad de los resultados”. Los Centros señalan también que “los miembros del Consejo Directivo del CONACYT representan a varios sectores de la sociedad paraguaya. Algunos de ellos tienen intereses que se contraponen a las conclusiones de los estudios, especialmente aquellos realizados desde la perspectiva del pensamiento crítico”.

El Consejo Directivo del CONACYT está integrado por: Secretaría Técnica de Planificación de la Presidencia de la República(STP), Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG),Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), Sociedad Científica del Paraguay, Universidades Estatales, Universidades Privadas, Unión Industrial Paraguaya (UIP), Asociación Rural del Paraguay (ARP), Federación de la Industria, la Producción y el Comercio, Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas, Centrales Sindicales, Asociación Paraguaya para la Calidad (APC), Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), como puede observarse los gremios empresariales y del agronegocio ocupan cuatro lugares en el espacio.

¿Quienes impulsaron esta decisión?

Desde hace semanas se inició un fuerte ataque contra los proyectos de investigación financiados por CONACYT, principalmente contra aquellas investigaciones vinculadas a las Ciencias Sociales y otras cuyos resultados generaron molestias en sectores vinculados a partidos conservadores y al agronegocio. Entre estos casos podemos citar el estudio “Cálculo de la magnitud del aborto inducido en el Paraguay” (ejecutado por el CEPEP) y el estudio Exposición potencial a plaguicidas y evaluación de daño en el ADN (a cargo de la Universidad Católica).

Los primeros ataques contra estos estudios provinieron del Abogado José Milciades Benítez Yambay, miembro y apoderado del Partido Patria Querida, organización ligada y financiada principalmente por empresarios del agronegocio. Según el político CONACYT estaba “financiando propaganda ideológica” en referencia a las investigaciones elaboradas por diferentes Centros y Universidades que fueron adjudicadas con los fondos.

En la sesión del Consejo de CONACYT donde se tomaron estas decisiones intervinieron principalmente los representantes del Empresariado y el agronegocio, además del dirigente sindical ligado al Partido Colorado, José Matto, cuyo caso mencionáramos anteriormente.

El responsable de plantear que se incluya en el orden del día la suspensión de financiamiento a proyectos en curso por supuestamente carecer de rigor fue el Lic. Juan Manuel Brunetti Marcos, representante de las universidades Privadas ante el CONACYT y Presidente del Consejo de Administración de la Universidad San Carlos, casa de estudios ligada directamente a los sectores más potentados del agronegocio y dedicada a la formación de profesionales en dicho ámbito. Su propuesta fue secundada por el Dr. Mario Clari, representante de la Asociación Rural del Paraguay, otro gremio del agronegocio, reconocido por ser uno de los sectores más conservadores y poderosos dentro de la sociedad paraguaya.

Otro de los responsables de los cambios en la metodología de aprobación y control de los proyectos es Ricardo Felippo, representante de la Federación de la Industria, la Producción y el Comercio (FEPRINCO), otro gremio empresarial con representación en la instancia que debe resolver sobre Ciencias. Felippo, fue el responsable de proponer que el Consejo de CONACYT evalúe los proyectos antes de que lo hagan los científicos extranjeros; esta moción fue secundada, según el acta 525, por Rodolfo Grau, también representante de la ARP, con esto quedan dudas respecto a la doble representación de esta entidad en la reunión del Consejo.

Las intervenciones reflejadas en el acta de la reunión extraordinaria del Consejo de CONACYT dejan a la vista que los sectores políticos conservadores, articulados con el agronegocio y el empresariado actuaron con el claro fin de proteger sus intereses y buscando imponer un filtro ideológico a lo que se investigará de ahora en adelante con fondos públicos. Estas maniobras podrían generar un grave daño a las políticas públicas de promoción de la investigación, privando al país de conocimiento y producción científica que puede contribuir a mejorar la calidad de vida de la población.

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