“La reforma agraria posible se hace con bandera y machete en mano”
Aníbal Delgado Fiallos, Ministro-director de INA
El Panorama de la Pobreza Rural en América Latina y el Caribe 2018 de la Organización de las Naciones Unida para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ha prendido las alarmas sobre el aumento de la pobreza y la pobreza rural, en una coyuntura de grandes desafíos económicos, políticos y sociales, donde varios gobiernos (Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Honduras, Guatemala, Perú), para citar unos cuantos, asumen que las políticas de corte neoliberal en el agro son las solución no la causa que explica en gran medida el aumento de la pobreza.
La FAO y organizaciones como OXFAM ha reconocido además la importancia de la agricultura familiar campesina (AFC), para enfrentar el problema de la pobreza, y varios países han adoptado políticas de apoyo a este tipo de agricultura; sin embargo, la tierra se ha reconcentrado y miles de campesinos, campesinas e indígenas han sido expulsados de sus territorios, incluso criminalizados como delincuentes, encarcelados y muchos asesinados.
El 18 de diciembre de 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGONU 73) adoptó la Declaración Universal sobre los Derechos Campesinos y demás personas que laboran en el campo, específicamente los que dependen del trabajo agrícola para la manutención de sus familias. Es el resultado de una lucha de largo tiempo, donde merece destacarse el trabajo realizado por la Vía Campesina y organizaciones defensoras de derechos humanos.
La declaración fue aprobada por 117 votos a favor, 49 abstenciones y 7 países que votaron en contra. En la región centroamericana Honduras y Guatemala se abstuvieron, aun cuando son dos de los países con mayor población campesina e indígena en la región; igual sucedió con Colombia, Argentina y Brasil.
Esta declaración debe ser vista como un mandado para los Estados miembros, a efecto de ejecutar acciones destinadas a garantizar a los campesinos y campesinas el acceso a medios y recursos productivos (tierra, crédito, semillas, agua, bosque, tecnología y conocimientos), en forma irrestricta y respetando los valores ancestrales y culturas. En general, las políticas públicas vigentes en la mayor parte de los países latinoamericanos, son contrarias a una práctica institucional que recoge derechos a población rural históricamente despojada, explotada y marginada de las llamadas acciones del desarrollo, incluso cuando se pensó que el principal instrumento para lograrlo eran las reformas agrarias impulsadas desde el Estado.
Ello abre varios frentes de trabajo para cumplir con la declaración y las acciones que se ejecuten por los gobiernos. El primero, tal como lo manifiesta la Vía Campesina, es el fortalecimiento de las organizaciones de hombres y mujeres del campo, tanto a nivel de región como de países. El trabajo no ha sido ni será fácil, ya que muchas de estas organizaciones operan como apéndices de las políticas de gobierno, recibiendo recursos del Estado para ejecutar programas y proyectos de beneficio propio (¿dirigentes?) y afiliados, bajo el compromiso de no participar en marchas de protesta pública en contra de la violación de derechos adquiridos históricamente.
En Honduras, por ejemplo, dirigentes de organizaciones como la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH) y la Unión de Campesinos de Honduras (UNC), celebran la política de gobierno de venta del territorio nacional y privatización de ríos y bosques, incluso cuando varios de sus compañeros de base, familias y comunidades campesinas y étnicas son perjudicados. Es más, aunque todavía está vigente la Ley de Reforma Agraria en lo que respecta al reclamo de los sobre techos agrarios, no exigen su cumplimiento ni la derogación de acuerdos y decretos parciales emitidos por las instituciones de gobierno.
El segundo tiene relación con las acciones de denuncia y protección frente a las violaciones de derechos adquiridos por los campesinos, campesinas y pueblos étnicos. Los desalojos violentos y criminalización de la protesta es la repuesta de los gobiernos y grupos de poder frente a la demanda, por lo que la documentación de las denuncias y violaciones es una tarea inmediata. En Honduras hay evidencia de campesinos presos al ser acusados de criminales (defensa de los territorios y recursos naturales), sin que exista evidencia plena que la persona participó de dicha protesta; o, en caso de haber participado, las evidencias han sido construidas desde las instituciones de Seguridad del Estado. Hay que conformar el Observatorio de Defensa de Derechos Campesinos a nivel de la región centroamericana, con una subsede en cada país.
La declaración también exige mayor compromiso de las Oficinas de los Comisionados de los Derechos Humanos, y de aquellas creadas con tales propósitos en los países de la región. Implica que, desde las organizaciones regionales y nacionales de campesinos y campesinas comprometidas con la reivindicación de derechos humanos, se conforme una veeduría social sobre las actuaciones de estas oficinas y funcionarios, con evaluaciones periódicas. En el tema campesino, varias de las organizaciones de derechos humanos creadas desde la sociedad civil han sido copadas por el gobierno, sin que exista un mecanismo que permita la denuncia permanente de sus actos. Supone un mayor acercamiento con aquellas agencias de cooperación externa que ejecutan proyectos con y para campesinos y campesinas, ya que destinan cuantiosos recursos para el funcionamiento de estas ONG “tarifadas” desde el Estado.
Las organizaciones que defienden los derechos campesinos y de población indígena, han tenido poca capacidad de incidencia en las políticas de gobierno a favor de estos sectores y población. En países como Honduras y Guatemala, este tipo de políticas emanan del gobierno, especialmente del presidente de la República. Los espacios que quedan, caso del Congreso de la República, son mal aprovechados, en tanto se avalan proyectos de ley que en la práctica no resuelven los problemas de falta de acceso a tierra productiva, crédito e inseguridad alimentaria, más bien lo agravan. En Honduras destacan dos experiencias: La aprobación de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), y la conformación de los fondos de inversión para la reactivación del sector agropecuario (FIRSA); ambos proyectos deben ser eliminados.
En la región centroamericana, la vigencia de la declaración de los derechos campesinos (as) y de los pueblos étnicos, implica una fuerte alianza entre organizaciones del campo, gremiales, institucionales y políticas, ya que el cumplimiento de dichos derechos está condicionado a la vigencia de espacios de participación social en democracia.
Tegucigalpa, 15 de enero de 2019
