Hace un par de semanas, en un comprometido encuentro y conversa en el IPDRS entre diversos actores motivados por la investigación desarrollada en el marco del proyecto Sustentabilidad alimentaria en Bolivia de la Universidad de Berna, sobre el incremento de la importación de plaguicidas en Bolivia, parte del equipo investigador recogió sugerencias, surgidas en el debate, a fin de fortalecer los argumentos desde otras miradas y experiencias de investigación sobre el tema.
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El equipo investigador, dentro de una de sus conclusiones, planteaba la urgencia de posicionar la necesidad de que las instancias pertinentes del Estado, actúen bajo el principio de precaución ante pesticidas con elevados niveles de toxicidad, que en Bolivia circulan y son usados muchas veces sin saber los riesgos que representan.
En este marco, este cinco de septiembre, el Área Nacional de Registro de insumos agrícolas, convocó al equipo investigador a una reunión con el Comité Técnico Nacional de Plaguicidas. Dicho comité, creado el 2016 bajo resolución multiministerial 001/2016, y que está conformado por representantes del Ministerio de Salud, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, se constituye en la instancia técnica-científica de toma de decisiones en relación a los plaguicidas.
En este sentido, el Comité, planteó algunas observaciones a los datos reflejados en el documento de investigación, pero a pesar de eso, señalaron que hay muchas coincidencias con un estudio desarrollado por el Ministerio de Salud, sobre el uso de plaguicidas en los nueve departamentos del país. Principalmente en cuanto a la poca protección y conocimiento de los riesgos de la manipulación de los plaguicidas, como de mezclas y aplicación de productos.
Por otro lado, además de comprometerse a hacer llegar observaciones y sugerencias escritas y formales a los investigadores, también señalaron que el comité está abierto a recibir y discutir investigaciones que les permita respaldar decisiones sobre la restricción de plaguicidas en Bolivia.
Esperamos que esta apertura sea una posibilidad de lograr incidencia desde distintos actores, entre ellos investigadores, consumidores, productores, e instituciones que vienen trabajando el tema con compromiso social y ambiental, apelando al acatamiento de la Constitución Política del Estado, en tanto se cumpla la seguridad alimentaria, a través de una alimentación sana y adecuada para la población, como también en su exigencia de que el Estado garantice la conservación, protección de los recursos naturales y el medio ambiente, además de la armonía y equilibrio con la tierra, base de la Ley marco de la madre tierra y el desarrollo integral para vivir bien.
