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Naciones Unidas insta al gobierno a asegurar los derechos a las tierras de los PP. II.

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas insta al gobierno peruano a asegurar los derechos a las tierras de los pueblos indígenas y proteger a los defensores de los derechos humanos

FPP, 8 de junio, 2018.- El Comité de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (ONU-CERD) publicó sus observaciones finales sobre el desempeño del Gobierno peruano. (1)

En su respuesta del día 11 de mayo de 2018, el Comité destacó su preocupación acerca de la “falta de mecanismos efectivos de protección de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos, en parte, debido a la falta de un procedimiento adecuado de reconocimiento y titulación de tierras… lo cual continúa generando graves conflictos sociales”.

Exhortó al Gobierno peruano a que a) “(e)stablezca un mecanismo adecuado y eficaz que permita la reclamación y restitución de tierras y territorios ancestrales…” y a que “[g]arantice la protección de los derechos que tienen los pueblos indígenas a poseer, utilizar, desarrollar y controlar con plena seguridad sus tierras, territorios y recursos, incluso mediante el reconocimiento legal y la protección jurídica necesarias de conformidad con los estándares internacionales”.

Estas observaciones se hicieron a la luz de las presentaciones hechas por las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo un informe paralelo (2) presentado por una coalición de organizaciones como la FECONAU (Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes), el CEPKA (Consejo Étnico de los Pueblos Kichwas de la Amazonía), el IDL (Instituto de Defensa Legal), la CNDDHH (Coordinadora Nacional de Derechos Humanos) y el FPP.

El informe resaltó violaciones continuas y sistemáticas de los derechos de los pueblos indígenas en las regiones de Ucayali y San Martín, entre las cuales se incluyen:

  • La creación del área protegida de la Cordillera Escalera en las tierras tradicionales del pueblo indígena Kichwa por el Gobierno regional de San Martín, sin su consentimiento libre, previo e informado.
  • Las restricciones impuestas a los derechos de las comunidades Kichwa de poseer, utilizar y acceder los recursos forestales, incluso a través de la emisión de derechos a la tierra en la forma de un “contrato de arrendamiento” en lugar de un título de propiedad.
  • La apropiación y destrucción de más de 6000 hectáreas de tierras tradicionales de la comunidad Shipibo – Conibo de Santa Clara de Uchunya por parte de las empresas de aceite de palma en complicidad con el gobierno regional de Ucayali.

El caso de Santa Clara de Uchunya destacó además la amenaza constante que enfrentan los defensores de derechos humanos y del medioambiente en Perú, en gran parte debido a la falta de reconocimiento legal de sus tierras por parte del Gobierno peruano.

El informe paralelo detalla cómo la comunidad y su organización FECONAU siguen sufriendo la difamación, las amenazas de muerte y la criminalización de su resistencia.

El informe muestra además que el Gobierno peruano no ha implementado las medidas efectivas y necesarias para proteger sus tierras y sus vidas, y que algunos funcionarios en la agencia agrícola regional siguen expidiendo declaraciones discriminatorias y racistas, e ignoran las reclamaciones de los derechos a la tierra de la comunidad.

En San Martín, mientas tanto, el informe paralelo resalta cómo los líderes de la comunidad han sido amenazados con acciones legales y perseguidos por funcionarios del gobierno regional de San Martín (GORESAM) debido al uso de sus tierras tradicionales dentro del área protegida de la Cordillera Escalera.

Al mismo tiempo, una acción legal presentada por la comunidad de Nuevo Lamas en julio de 2017 (3), que buscaba asegurar el reconocimiento de sus derechos a la tierra superpuesta con el área protegida, provocó la destitución de los representantes comunitarios de las posiciones ocupadas dentro del Gobierno.

También se realizó una campaña pública, liderada por organizaciones ambientales locales y promovida por el gobierno regional, para difamar e intimidar a los líderes comunitarios y sus organizaciones de apoyo. Peor aún, dio origen a la suspensión de un programa de titulación de tierras en curso en la región, como una forma de represalia por parte de GORESAM.

En su respuesta oficial, el comité del CERD expresó su preocupación de que si bien el Gobierno ha establecido recientemente un plan nacional de derechos humanos, no cuenta aún con un “protocolo de protección de defensores de derechos humanos, no (ha) creado un mecanismo independiente y que, además, su creación esté supeditada a la disponibilidad de recursos”.

Recomendó al Gobierno peruano a que, entre otras,

“a) Adopte medidas efectivas y oportunas para prevenir actos de hostigamiento, intimidación, represalia y violencia en contra de los defensores derechos humanos…b) Establezca un mecanismo nacional de protección de defensores de derechos humanos independiente… y prevea la asignación de recursos humanos, financieros y técnicos adecuados para su funcionamiento efectivo” y “e) Realice campañas de información y sensibilización sobre el trabajo fundamental que realizan los defensores de derechos humanos… a fin de propiciar un ambiente de tolerancia que les permita llevar a cabo su labor, libres de todo tipo de intimidación, amenazas y represalias”.

En una respuesta conjunta, Robert Guimaraes Vásquez y Gider Sangama Tapullima, presidentes de FECONAU y CEPKA respectivamente, dijeron:

“Acogemos con beneplácito las resoluciones del comité del CERD que confirmaron nuestras preocupaciones. Sin embargo, los miembros del comité del CERD y otros organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas no le deben “quitar el ojo de encima” al Perú si se quiere cumplir con estas aspiraciones. Las organizaciones internacionales, incluidos los Gobiernos de Noruega y Alemania, el PNUD y el Banco Interamericano de Desarrollo, que apoyan el programa de titulación de tierras del Gobierno peruano y la estrategia de cero deforestación, deben tomar nota y responsabilizar al Gobierno peruano por no respetar nuestros derechos a la tierra ni proteger las vidas de nuestros pueblos. ¿Cuándo se titularán y estarán libres de plantaciones de palma aceitera las tierras ancestrales de la comunidad de Santa Clara de Uchunya? ¿Cuándo se reconocerán los derechos a las tierras de los pueblos Kichwa, ahora categorizadas como el área protegida de la Cordillera Escalera? Hasta entonces, FECONAU y CEPKA permanecerán vigilantes para asegurar la implementación de estas recomendaciones”.

Notas:

  • El informe del CERD se basó en una revisión periódica del cumplimiento por parte del Gobierno peruano de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
  • El cumplimiento del Perú se examinó mediante la evaluación de las presentaciones formales del Perú ante el Comité, las presentaciones y sesiones informativas de la sociedad civil y una audiencia en Ginebra (25-26 de abril de 2018) donde miembros del Comité cuestionaron a una delegación del Gobierno.
  • El informe completo se encuentra disponible en (únicamente en español): http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/PER/INT_CERD_COC_PER_31205_S.pdf y hace una serie de recomendaciones al Gobierno peruano sobre asuntos que incluyen la consulta previa, el acceso a la justicia y el uso de la fuerza.

(1) Disponible en español en: http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/PER/INT_CE…

(2) Ver: https://www.forestpeoples.org/es/node/50234

(3) Ver: https://www.forestpeoples.org/en/responsible-finance-palm-oil-rspo/pres… (disponible en inglés)

 

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