El Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas observó al gobierno de Bolivia la falta de procesos de consulta a los pueblos indígenas que se verán impactados por los proyectos hidroeléctricos El Bala-Chepete y Rositas, incluyendo a los guaraníes, mosetenes, tacanas, tchimanes, lecos, ese ejjas y uchupiamonas.
Al concluir el evento realizado entre el 16 al 27 de abril en Nueva York, Estados Unidos, el Foro pidió al Comité Económico y Social que adopte medidas y tomen atención sobre estos procesos.
El encuentro internacional también insta al gobierno de Bolivia a respetar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, y a asegurarse de que éstos ejerzan sus derechos de acuerdo con los estándares internacionales sobre derechos humanos.
El Foro Permanente reitera su llamado a los Estados Miembros a establecer mecanismos y procesos para lograr diálogos comprensivos y consultas con los pueblos indígenas, con el objetivo de obtener su consentimiento previo, libre e informado, en relación a proyectos susceptibles de afectar sus territorios y recursos.
El proyecto El Bala-Chepete se encuentra ubicados en el norte de La Paz y en el departamento del Beni, donde las mancomunidades indígenas expresaron sus temores por el impacto ambiental la afectación a los pueblos que viven en los alrededores.
En el caso de Rositas, se encuentra en el departamento de Santa Cruz donde está pendiente de resolución una Acción Popular interpuesto por dirigentes indígenas y un juez de Lagunillas abrió competencia, ordenando paralizar momentáneamente el proyecto.
La semana pasada el ministro de Gobierno Carlos Romero tomó contacto con los representantes de la Área Natural de Manejo Integrado de Río Grande y Valles Cruceños (ANMI) y dirigentes de los pueblos, posiblemente afectados, para darles una explicación sobre los alcances y beneficios del proyecto Rositas.
El representante de ANMI Gary Rodríguez dijo que a partir de este encuentro se establecerá mesas de diálogo para profundizar el debate, pero días después del ministro de Energía Rafael Alarcón restó importancia al acuerdo que supuestamente reconoció a la vigencia de un Comité de Defensa Tierra y Territorio de Comunidades, asegurando que el gobierno tiene contacto con directo con los pobladores.
El proyecto busca inyectar 600 megavatios al Sistema Interconectado Nacional (SIN), con una inversión inicial de 1.000 millones de dólares. El pasado martes, el presidente Evo Morales dejó en manos de Santa Cruz, el destino del proyecto Rositas.
“No puedo entender que algunas familias y algunos pequeños grupos se opongan sobre los sueños de un departamento, dejo en manos del departamento, superemos los problemas. Algunas personas que tienen hotelería y empresas turísticas del oriente boliviano, van a Estados Unidos a protestar contra el proyecto Rositas o el Bala y mi queja: yo no escucho ni cómo responder y defender nuestro proyecto”, dijo Morales durante un acto en Santa Cruz.
