Durante los últimos cuatro años, las organizaciones sociales de Ecuador han caminado de puntillas sobre una serie de obligaciones impuestas para su subsistencia por los decretos 16 y 739, promulgados por el gobierno del expresidente Rafael Correa. Condiciones que limitaban sus actividades, permitían su disolución por diversas causales y establecían una serie de obligaciones calificadas como injerencistas por directivos de organizaciones indígenas, ambientalistas y de derechos humanos. Una sombra que comienza a disiparse con la derogatoria de dichos decretos por parte del presidente Lenin Moreno.
En su cadena nacional de los lunes, Moreno aseguró que con el nuevo decreto 193, que reemplazó a los ya derogados en la regulación de las organizaciones sociales, “respondimos a una sentida demanda de diversas organizaciones sociales, que expresaron su malestar por el excesivo control que contenían esas normas”. Dijo que querían un pueblo activo y que “pensar que con ello se va a promover la violencia es creer en un estado policial y autoritario. Todo lo contrario, en un estado de derecho se promueve la libre asociación”, y agregó que la participación organizada de la ciudadanía es fundamental para la democracia.
Voluntad política
“Lo que nosotros vemos es que están quitando un decreto que de alguna manera obligó a que muchas organizaciones en lugar de hacer el trabajo para el cual están constituidas, tengan que autodefenderse”, asegura a Mongabay Latam Esperanza Martínez, integrante de Acción Ecológica, organización que estuvo a punto de desaparecer en diciembre del 2016 por la aplicación del decreto 739. Entonces el Ministerio del Interior acusó a la organización de apoyar acciones violentas que se atribuían a los indígenas de la nacionalidad shuar que se oponían a proyecto de minería a cielo abierto San Carlos Panantza, en la provincia amazónica de Morona Santiago. “Estamos contentos porque pensamos que se está superando esta forma de censura a las organizaciones, encubierta con estas obligaciones que eran tan antipáticas de forma y de contenido”, añade. Aunque en esta ocasión Martínez prefiere ver el vaso medio lleno, reconoce la preocupación que despierta el nuevo decreto 193. “Queremos creer en la buena fe y queremos creer que se está superando esa visión de verles a las organizaciones como enemigas”, apunta.
Representantes de organizaciones sociales consultados para este reportaje sostienen que la emisión del nuevo decreto es una muestra de voluntad política del gobierno de Lenin Moreno. Aunque tienen varios reparos. “Es un triunfo a medias de la presión social”, señala Harold Burbano, asesor jurídico de la Fundación Regional de Asesoría de Derechos Humanos (INREDH), quien habla de algunos avances y preocupaciones que trae la nueva resolución: “Lo que hace este decreto 193 es facilitar a la sociedad civil la creación de organizaciones o la obtención de personería jurídica mas no arregla en el fondo los problemas y los vicios que tenían el decreto 16 y el decreto 739”.
Burbano explica que se reducen sustancialmente los requisitos para generar una organización sin fin de lucro, lo cual es algo importante porque promueve la organización legal. Además se reduce la injerencia que tiene el Ejecutivo sobre las discusiones que se realizan en el marco de las asambleas de las organizaciones y también sobre el uso y la recolección de fondos. “El decreto 16 establecía la obligación de remitir todas las actas integras de las discusiones de las asambleas de las organizaciones a la Secretaría de Gestión de la Política y a la institución rectora de su personería jurídica (el ministerio del ramo referente), lo cual era violatorio al derecho a la intimidad de las organizaciones. Esto el decreto 193 sí lo ha cambiado”, sostiene en conversación con Mongabay Latam.
Pese a estos cambios, el nuevo decreto despierta en Burbano más incertidumbres que certezas. Primero porque se mantiene la regulación de las organizaciones sociales a través de un decreto cuando la Constitución establece que los derechos tienen que ser regulados a través de una ley. “El derecho a la libertad de asociación de todas las personas que está siendo regulado por un simple decreto ejecutivo que de la noche a la mañana se cambia y vamos a quedar en la misma situación de antes o peor”, indica. “Si bien es una muestra de voluntad, pensamos que fue completamente insuficiente porque lo que esperábamos es que desde el Ejecutivo se tome una iniciativa participativa para poder crear finalmente una ley de libertad de asociación que pueda regular de manera efectiva el derecho de la libertad de asociación de todos”, añade.
El segundo vicio que mantiene el decreto 193, señala Burbano, es la posibilidad de disolver a las organizaciones por causales abiertas. “Es algo que no ha cambiado y el decreto sigue siendo inconstitucional en ese sentido”, sostiene. En esa línea expresa otro reparo: la falta de un procedimiento que respete los derechos de las organizaciones durante el proceso de disolución. “Si bien el decreto 193 establece la posibilidad de volver a obtener la personería jurídica, es decir, de revivir a una organización, tanto en el decreto 16 como el 739 y este decreto actual 193, no se establece un procedimiento en el cual la organización pueda tener derecho a la defensa”, asegura el asesor jurídico de INREDH.
Las mismas preocupaciones las comparte Juan Auz, quien era director ejecutivo de la Fundación Pachamama cuando el gobierno de Rafael Correa la disolvió de forma unilateral a finales de 2013. Entonces los acusaron de participar en una protesta violenta y desviarse de sus objetivos estatutarios. “Una de las cuestiones más graves del decreto nuevo es que se mantienen las causales de disolución problemáticas, incluso algunas de las cuales fueron utilizadas para disolver a Fundación Pachamama. Por ejemplo la causal de desviarse de los fines para los cuales fue constituida y la causal de intervenir en actividades reservadas para partidos políticos”, indica en conversación con Mongabay Latam. Auz sostiene que estas causales son bastante ambiguas y pueden sujetarse a una aplicación discrecional por parte de algún funcionario. “Pueden ser potencialmente utilizadas para seguir disolviendo organizaciones”, resalta.
“El problema es que no nos pueden prohibir (hacer política)”, reclama el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Jaime Vargas, electo en septiembre pasado. Pero lo tienen prohibido. “Pongamos que una organización se creó para una ayuda social, tiene que hacer eso, no puede meterse en espacios políticos. Ese es el problema porque en toda organización, hasta la familia se hace política”, continúa Vargas. “Creo que en la sociedad democrática, en un país libre, democrático, socialista, debe existir esa libertad de hacer política como organizaciones sociales, organizaciones campesinas, de agricultores, de jóvenes, de trabajadores, de sindicatos, de pueblos indígenas… Eso nos va a permitir generar propuestas bien claras desde las bases para poder construir un estado plurinacional”, asevera.
Jaime Vargas asegura que se usaron los decretos 16 y 739 para deslegitimar la lucha de las organizaciones sociales y crear división en las bases del movimiento indígena, y que las cosas no han cambiado mucho. Indica además que el gobierno de Rafael Correa se valió de dichas normas para impulsar organizaciones indígenas oficialistas. “Imagínese que casi nos desconocieron y querían crear otra CONAIE parecida, que esté bajo los criterios del correismo. Entonces eso sí nos causó mucho daño porque se crearon algunas organizaciones fantasmas, no representativas de los pueblos y nacionalidades”. Jaime Vargas también recuerda a la desaparecida Unión Nacional de Educadores (UNE), el principal gremio de docentes del Ecuador con 66 años de vida jurídica, que fue disuelta en agosto de 2016 por el Ministerio de Educación, tras alegar que había incurrido en varios incumplimientos como el registro de su directiva.
Buscando puentes
Jorge Yunda, asambleísta del movimiento de gobierno Alianza País, es receptivo a las preocupaciones de los dirigentes de las organizaciones. Y está dispuesto a ser un vínculo que permita continuar el diálogo promocionado por el presidente Lenin Moreno para resolver las diferencias que subsistan. “Creo en el derecho pleno de los ciudadanos para organizarse, para su libre asociación. Mientras más libres, mejor”. Igual que las otras personas consultadas, piensa que lo realizado con el nuevo decreto por parte de Moreno, ya es un avance en la nueva política instaurada por el presidente. “Pero las organizaciones pueden seguir luchando por su plataforma. Yo puedo ayudar en ese propósito, tratar de ser un puente con el gobierno”, afirma a Mongabay Latam.
Según el exdirector de Pachamama Juan Auz, la promulgación del decreto 193 por parte de Lenin Moreno obedece a un intento de legitimación. “El decreto ejecutivo 16 era la sombra del gobierno anterior, entonces cuando se lee en los medios que se deroga el decreto 16 ya es motivo de aplausos al nuevo gobierno, pero cuando uno lo revisa bien, lo analiza bien, no debería ser motivo de congratulaciones, sino más bien de preocupaciones”, sostiene y recuerda el trabajo de la Fundación que presidía. “Éramos un agente de cambio importante, desde la sociedad civil nosotros influíamos mucho en las discusiones de política pública a nivel nacional y tratábamos de desarrollar proyectos específicos a favor de las nacionalidades”. Entre los que estaba la capacitación en derechos humanos y derechos de la naturaleza en comunidades indígenas “que estaban y siguen siendo amenazadas por proyectos extractivos en sus territorios”, además de proyectos de desarrollo de turismo comunitario para que dejen de depender del petróleo y puedan surgir como economías de pequeña escala que sean capaces de suplementar sus necesidades básicas. “Todo eso se vino abajo con el cierre”, se lamenta Auz.
Aunque los integrantes de Pachamama abrieron una organización paralela llamada Terra Mater para sostener algunas de sus iniciativas, Auz asegura que no hay comparación con el alcance de su principal organización. “Que se restituya a Fundación Pachamama como una organización de la sociedad civil con una trayectoria importante, como un tema de reparación histórica. Con la connotación que fue el Estado, sin ningún tipo de proceso, sin ningún tipo de argumento legal valido, que nos extinguió”, dijo hace unas semanas en conversación con Mongabay Latam.
El gobierno escuchó las demandas de los integrantes de Pachamama y el 20 de noviembre pasado —poco después de la conversación de Mongabay Latam con Auz—, el Ministerio de Ambiente anunció la restitución de la personería jurídica de la extinta fundación. Dicho ministerio reconoció que la anterior administración no le dio a Pachamama la oportunidad de defenderse. “La Coordinación General Jurídica de esta cartera de Estado, resolvió extinguir el proceso administrativo iniciado por la Fundación Pachamama, pues la sanción Administrativa emitida en el año 2013 vulneró el debido proceso y el derecho a la defensa”, dicta el comunicado oficial.
Pachamana celebró la decisión gubernamental. “Esta es una victoria histórica de la sociedad civil organizada, incluyendo al movimiento indígena y ambientalista del país, quienes hemos trabajado incansablemente por la protección de los Derechos Humanos y de la Naturaleza”, refiere un comunicado del equipo de la Fundación bajo el título: “Fundación Pachamama vuelve a trabajar en el Ecuador”. Posteriormente, Belén Páez y Juan Auz, voceros de la Fundación, aseguraron que el gobierno no les puso condicionamientos para devolverles la personería jurídica y que de momento no presentarán acciones contra los funcionarios que los cerraron. Mientras que su abogado, Esteban Melo, sostuvo que la demanda que presentaron a la Comisión Interamericana de DDHH por esta causa, seguirá su curso. Todo esto se dijo en una rueda de prensa en la que estuvieron acompañados de dirigentes indígenas que los respaldaron.
Todos los entrevistados por Mongabay Latam coincidieron en que las organizaciones que defienden a la naturaleza fueron de las más afectadas por los decretos 16 y 739 que entraron en vigencia en los años 2013 y 2015 respectivamente. “El mismo hecho de su existencia era un mensaje claro de intimidación hacia las organizaciones que acompañamos la defensa del territorio”, asegura el asesor jurídico de INREDH Harold Burbano, quien resalta que “se establecía como una causal de disolución el incumplimiento a la normativa nacional entre los que estaba el plan nacional de desarrollo e irnos en contra de la industria extractiva lo que hacía era ponernos en riesgo”. Aunque Burbano puntualiza que el mayor peligro lo han enfrentado los pueblos que habitan en las zonas donde se desarrollan conflictos socioambientales, que han sufrido de restricciones y presiones.
En ese sentido Esperanza Martínez de Acción Ecológica tiene un planteamiento: “No es el tema de ahora mirarnos como si nuestra razón de existencia sea solo defendernos. Nuestra razón de existencia es defender la naturaleza. Aquí hay deudas por las zonas mineras, hay deudas por el Yasuní, hay deudas por las zonas petroleras, hay deudas por muchos proyectos de infraestructura que han provocado desplazamientos, hay muchas deudas que hay que saldar y justamente Acción Ecológica está trabajando una cosa que se llama La Ruta por la verdad para la naturaleza y los pueblos”, indica. “La idea es saber cuáles son esas deudas y poder proponer cómo deben ser saldadas”, finaliza.
FUENTE: MONGABAY
