La dirigencia indígena de Colombia anunció el jueves el fin de una protesta de 11 días contra el gobierno, que dejó decenas de heridos en bloqueos y enfrentamientos con la fuerza pública.
Los manifestantes alcanzaron acuerdos con autoridades en torno a exigencias como el cumplimiento del pacto con la guerrilla y ahora partido de las FARC, que prevé mayor inversión social en zonas castigadas por décadas de conflicto armado.
"En un acto de buena fe y compromiso con la paz, los pueblos indígenas quedamos a la espera que el gobierno nacional cumpla con su palabra con los pueblos", dijo en rueda de prensa el dirigente Luis Fernando Arias.
El portavoz de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) agregó que la "minga nacional" (movilización) dejó en evidencia el incumplimiento oficial de compromisos asumidos en el marco de otras protestas, y señaló que las comunidades esperan que esta vez el Ejecutivo cumpla con lo pactado.
"El gobierno ha sido complaciente con la violencia contra nuestros pueblos y ha permitido que la desidia y abandono sigan siendo la principal política pública que nos aplica", sostuvo Arias.
Los voceros oficiales se comprometieron a atender los reclamos en educación, salud y medio ambiente, así como a respetar la autonomía de los territorios aborígenes.
Durante la protesta, los indígenas se enfrentaron a palos, piedras y explosivos con la fuerza pública en varios puntos del país, y bloquearon la vía Panamericana que conecta a Ecuador y Colombia.
Las comunidades dijeron que entre sus filas hubo "más de 40 heridos" y que otros 20 fueron procesados judicialmente.
De su lado, el gobierno denunció que hasta el martes había 52 uniformados heridos, tres de ellos de gravedad.
Además, 49 vehículos sufrieron daños y siete de ellos fueron incinerados, según el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas.
El gobierno de Juan Manuel Santos y la ONIC acordaron crear un mecanismo de monitoreo de lo pactado que conformarán la Iglesia católica, Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA).
Los indígenas representan el 3,4% de los 48 millones de colombianos, según estadísticas oficiales, y son junto con los negros la población más azotada por la violencia y la pobreza.
El gobierno logró desactivar la protesta de la ONIC mientras avanza en la eliminación concertada o forzosa de narcocultivos, que alcanzaron la cifra de récord de 146.000 hectáreas en 2016.
Los campesinos e indígenas alegan la falta de alternativas para cambiar de actividad, pero el gobierno denuncia la presión de grupos armados dedicados al narcotráfico.
