Proteger al Parque Nacional Yasuní de toda actividad extractiva vuelve a ser uno de los temas de discusión centrales para el Ecuador. El pasado 2 de octubre el presidente Lenín Moreno anunció que dentro del referéndum que se organiza en el país, y que forma parte de una política de diálogo nacional, se incluirían siete preguntas y que una de ellas se centraría en preguntarle a la ciudadanía sobre el destino de esta área protegida.
El gobierno nacional se ha enfocado en el área de explotación y en la zona de intangibilidad valiéndose de la siguiente pregunta: ¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona de intangibilidad en al menos 50 000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1030 hectáreas a 300 hectáreas?. La pregunta alude a las actividades petroleras que se desarrollan dentro de este parque nacional, donde se encuentra el bloque del ITT (llamado así por sus campos de Ishpingo, Tiputini y Tambococha), el cual se ha convertido en un símbolo de resistencia a la explotación petrolera.
“El espíritu de esta consulta debería ser detener en este mismo momento todo este proceso de exploración y explotación petrolera”, aseguró David Fajardo, vocero del colectivo Yasunidos. “Es algo que simplemente no se puede negociar”. Los bloques 31 y 43, ubicados en la frontera norte del parque y ambos operados por PetroAmazonas, empezaron sus operaciones en julio de 2016 luego que fracasara la Iniciativa ITT, impulsada por el gobierno del ex presidente Rafael Correa, que pretendía conseguir que la comunidad internacional compensara al país con 3600 millones de dólares, a cambio de mantener el petróleo bajo tierra para conservar el Yasuní. Luego del inicio de las operaciones en la zona, Correa dijo que las actividades petroleras generarían un mínimo impacto ambiental y que solo se afectarían 1000 hectáreas de las casi un millón que tiene el parque.
Los pueblos indígenas de la Amazonía se oponen a la explotación petrolera y quieren que todas las actividades se detengan. Por esta razón, el grupo ambientalista le propuso al gobierno de Moreno retomar la pregunta que en el 2014 respaldaron con más de 600 000 firmas, en un intento por salvar al Yasuní: ¿Está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo?.
“Lo que buscábamos era que se realice la consulta tal como si se estuviera proponiendo por primera vez y que la consulta sea tal y como se había planteado anteriormente”, explicó Fajardo.
La biodiversidad del Yasuní
Ubicado en el corazón del bosque húmedo tropical, entre Orellana y Pastaza, el Parque Nacional Yasuní es el área protegida más grande del Ecuador continental. Su impresionante riqueza natural lo ha convertido en uno de los lugares más biodiversos del mundo, donde se han registrado hasta el momento 2274 plantas vasculares, 567 especies de aves, 173 especies de mamíferos, más de 100 de especies de anfibios, un centenar de reptiles y más de 100 000 insectos por hectárea. Incorporada a la Red Mundial de Reservas de Biósfera en 1989, este parque forma parte de la zona de vida del Bosque Húmedo Tropical, “de gran variedad de ecosistemas, desde ríos, esteros y complejos sistemas lacustres, hasta formaciones vegetales que incluyen diferentes bosques siempreverdes de tierras bajas inundables por aguas blancas y negras, inundables de palmas y bosques increíblemente diversos de tierra firme”, según la Estación Científica Yasuní. El Parque Nacional Yasuní se extiende desde la zona sur del río Napo hasta el norte del río Curacay, y también es parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador (SNAP), que ya suma 54 zonas que abarcan , un poco más de 18 millones de hectáreas.
Las voces de la oposición
Las preguntas planteadas por el ejecutivo se encuentran en revisión en la Corte Constitucional, máximo órgano de justicia del Ecuador, que deberá aprobarlas en un plazo de treinta días. Al margen de ello, los integrantes del Colectivo Yasunidos no han dudado en calificar la pregunta como “ambigua, insuficiente e incompleta”. Fajardo sostuvo, además, en una entrevista con Mongabay Latam, que la pregunta permite que la zona del Ishpingo, donde ya existen pozos petroleros, se explote sin tener un real estudio sobre el impacto de estas actividades en la biodiversidad, los ecosistemas y las fuentes de agua del lugar.
Con respecto a la zona intangible del Yasuní, donde habitan los pueblos en aislamiento voluntario Taromenane y Tagaeri, aún no se ha anunciado hacia donde se extendería esta superficie de 50 000 hectáreas y que se buscaría proteger con esta medida. Los Yasunidos esperan que sea el Ministerio del Ambiente quien aclare estos puntos para entender mejor la pregunta, aunque ven este detalle con mucha preocupación. Sin embargo Sebastián Valdivieso, director del programa WCS en Ecuador, cree que utilizar el concepto de zona intangible para limitar la frontera petrolera al norte, hacia el bloque 43, es importante ya que este es un lugar en muy buen estado de conservación.
“En la Reserva de Biósfera, que viene a ser la zona de protección más amplia que abarca al Parque Nacional Yasuní, a la Reserva Étnica Waorani, a la zona intangible Tagaeri-Taromenane y también a algunos territorios Kichwas, Shuaras y Sáparas, lo importante es entender cómo en su conjunto estas amenazas operan sobre la biodiversidad, no solo en el bloque 43 y 31”, explicó Valdivieso. Estas amenazas no equivalen a la actividad petrolera solamente, sino sobre todo a la construcción de carreteras que transforman la forma de vida de la gente local, con cambios socioeconómicos que alteran la vida de las comunidades una vez que se les conecta con caminos. “Ninguna de estas preguntas aborda de ninguna forma este tipo de problemas”, precisó Esteban Suárez, profesor investigador de la Universidad San Francisco de Quito, quién sumó a la lista de amenazas la colonización, la deforestación masiva y la dinámica entre las petroleras y las comunidades. “Suelen ser mucho más nocivas que cualquiera de los otros cambios asociados con la explotación petrolera”.
La Constitución del Ecuador habla sobre la conservación de áreas protegidas y zonas intangibles en su artículo 407, con el cual “se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal”. Además especifica que “dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular”. A esto se le suma el artículo 406, el cual regula la “conservación, manejo y uso sustentable, recuperación y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados, entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos, ecosistemas marinos y marinos-costeros”. Para Fajardo, se debe tomar en cuenta también el principio de precaución ambiental que protege los derechos de la naturaleza y el de indubio pro natura, el cual puede ser aplicado en ciertos escenarios para reconocer a la naturaleza como un sujeto de derecho.
A pesar de ello, Petroamazonas publicó un estudio de impacto ambiental donde especifica que el campo Ishpingo Norte del bloque 43, dentro de esta zona de intangibilidad, tendrá 9 plataformas con 35 pozos de explotación en cada una de ellas. El Ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, anunció que las actividades en este campo empezarán en 2018 y que su punto más extremo estará ubicado a 60 km del área intangible. Además aseguró, en entrevista a un medio local, que la zona intangible crecerá a 62 188 hectáreas, 12 000 hectáreas más de las planteadas en la pregunta. En el área del Tiputini, el bloque 43 alcanzó ya una producción de 50 000 barriles diarios, este pasado mayo, según un comunicado publicado por el Ministerio de Hidrocarburos, donde la cartera de estado asegura tener ya 40 pozos perforados. “De cierta forma, que gane el Sí en esta pregunta es entrar a un proceso de negociación de las áreas que se van a explotar”, dijo el vocero de Yasunidos. “Estamos legitimando de alguna forma que haya explotación en el Yasuní”.
Minería, a consultarse por primera vez
Entre las siete preguntas propuestas por el presidente Moreno, hay una más que aborda el tema ambiental y que está destinada a consultarle a la ciudadanía sobre el desarrollo de actividades mineras dentro de las áreas protegidas. Esta ha sido planteada de la siguiente manera: ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos de conformidad con lo establecido en el Anexo 5?
Esta interrogante surge luego que en agosto el Ministerio de Minería adjudicará 237 concesiones mineras, que generarán una inversión de 500 millones de dólares en los próximos cuatro años, la mayoría provenientes de empresas australianas. Solo en el Azuay se encuentran dos de los cinco proyectos mineros que el Gobierno determinó como estratégicos: el de Loma Larga en la zona de Quimsacocha, dentro del bosque protector Yanuncay-Irquis; y el de Río Blanco, ubicado en la parroquia de Molleturo, en el cantón Cuenca, dentro del bosque protector Molleturo-Mollepungo. Ya en el 2010, la ex Ministra del Ambiente, Marcela Aguiñaga, había otorgado mediante el acuerdo ministerial 009, un área de explotación minera dentro del bosque Yanuncay-Irquis, parte de la nueva zona de uso especial minero. Además, los proyectos de Loma Larga y Río Blanco mencionados previamente topan también la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cajas. A estas concesiones mineras se suman la de Fruta del Norte, Mirador y Panantza-San Carlos, ubicados en el sur de la Amazonia. “Tal y como se lo está planteando, no hay un avance real”, opinó Fajardo. Fueron precisamente los proyectos mineros de Mirador y Panantza-San Carlos los que encendieron el conflicto en la zona de la Cordillera del Cóndor, tras los enfrentamientos entre comunidades y filiales mineras, en especial tras el desalojo de los habitantes de la comunidad shuar de Nankints, conformada por 32 personas.
Expertos aseguran que la minería puede generar un gran impacto no solamente en la biodiversidad sino en las poblaciones también. Por su naturaleza extractiva, en especial cuando se habla de una mina de cielo abierto, esta actividad es una amenaza latente por las consecuencias que puede traer la remoción del sustrato y no solo vegetación. “Es por eso que (estos proyectos) tienen que estar bajo la lupa, tratando de que hagan las cosas bien”, dijo Juan Manuel Guayasamín, docente del Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad San Francisco. “Tiene que ser un proceso lleno de mecanismos de control”, agregó el experto y señaló que es necesario contar con un gran presupuesto para contratar, por ejemplo, un personal especializado que esté constantemente monitoreando la zona. Aunque Guayasamín ve las preguntas con optimismo, dijo que la interrogante sobre la minería ha dejado de lado la situación de las tierras comunitarias y el tema de la consulta previa, que cree debería ser vinculante para así dejar a las comunidades el pleno derecho a elegir sobre su territorio. En la misma línea, para Valdivieso, había una gran expectativa en que esta pregunta proteja los páramos, cuya función primordial es almacenar el agua de manera natural, a pesar de no estar en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. “(Las preguntas) nos permiten tener la expectativa de que va a haber un cambio de modelo de desarrollo en algún momento”.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) ha decidido apoyar el referéndum. “No estamos de acuerdo al 100%”, aseguró Jaime Vargas, nuevo presidente del grupo, ya que las preguntas no acogen el deseo del movimiento indígena de lograr consultas vinculantes con cada nacionalidad involucrada y de que se elimine la minería en el país por completo. “10 años de lucha nos han fortalecido para dialogar con el gobierno. Vamos a apoyar y a usar esto para seguir nuestra lucha”.
Algunos expertos, como Esteban Suárez, creen que las preguntas permitirán entender en qué tipo de modelos de desarrollo creen los ecuatorianos. “La pregunta es qué tipo de modelo de desarrollo queremos ahora”, dijo Suárez. “Queremos caer en el mismo modelo de dependencia o queremos basar nuestro desarrollo en recursos sustentables”. Guayasamín está en la misma línea y sostuvo que “lo que si no podemos tener es esta contradicción de que el Estado crea una reserva y el mismo Estado entra a extraer”. “Eso es un contrasentido. Estas preguntas le dan un poco de consecuencia a las mismas actividades del Estado”.
FUENTE: MONGABAY
