Según la Oriap, cerca de 600 indígenas permanecen en el lote 192 reclamando a Pacific por el pago de la servidumbre legal. En los pasados días tomaron el lote para exigir a Pacific una compensación por uso de tierras. Ejecutivo propuso diálogo pero no avanza.
El conflicto social por el lote 192 no tiene solución a la vista. El Ejecutivo aún no concreta la mesa de diálogo que propuso entre las comunidades nativas de Los Jardines y Nueva Alianza Capahuari y la empresa Pacific Stratus, luego de que estas ingresaran a las instalaciones el pasado 22 de abril para exigir a la petrolera que les pague una compensación por el uso de tierras comunales.
La pasada semana, tras el anuncio de las comunidades indígenas de desmantelar el campamento petrolero debido a que "el Ejecutivo no contestaba sus demandas", la Oficina General de Gestión Social (OGGS) del Ministerio de Energía y Minas (Minem) envió un oficio a la Organización Interétnica del Alto Pastaza (Oriap), que agrupa a Los Jardines y a Nueva Alianza Capahuari, para invitarlos a "sostener un diálogo directo bajo la facilitación de la representación del Gobierno Nacional" con la empresa Pacific a fin de buscar una solución al conflicto.
"Estuvimos dispuestos a ir a Iquitos, pero el Ejecutivo no ha respondido al pedido de las comunidades. Ahora, Los Jardines y Alianza Nueva Capahuari ya dieron marcha atrás e insisten de que el gobierno vaya a Andoas. Lamentablemente, igual siguen callados", explicó Susana Huatuco, vocera de la Oriap.
Fuentes del Minem indicaron a El Comercio que el sector "está tomando decisiones sobre el particular". Este Diario solicitó a Pacific su versión, pero la empresa petrolera señaló que no declarará nada respecto a este tema hasta que el Ejecutivo resuelva el proceso de servidumbre legal que tienen pendiente con las comunidades, por el cual se debe establecer el monto a pagar como compensación por el uso de tierras comunales.
−Servidumbre sin conclusión−
Desde marzo del 2016, Pacific y las comunidades de Los Jardines y Alianza Nueva Capahuari sostienen un proceso de servidumbre legal, el cual fue iniciado por la empresa para que se tasaran las tierras comunales que utiliza para la explotación del lote 192 y se estableciera el monto a pagar como compensación.
No obstante, el proceso ha tenido numerosas idas y venidas, ya que se han realizado hasta tres tasaciones distintas sobre siete hectáreas de los terrenos (una de la propia empresa, la segunda del Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú y la última del Ministerio de Vivienda) pero todas han sido rechazadas por los indígenas, quienes argumentan que no han tomado en cuenta "la totalidad de su territorio en servidumbre" (130 hectáreas).
Según informó el Minem a El Comercio, los plazos legales para emitir una resolución final para este procedimiento aún se encuentran vigentes y, por tanto, “no es lógico” que se tome una medida de fuerza.
