El partido Coalición Cívica ARI Santa Fe, a través de su presidente y diputado provincial, Ariel Bermúdez, rechaza el desalojo de la familia Barbieri en la localidad de Gato Colorado del departamento 9 de Julio y ratifica su compromiso con las familias de agricultores de la provincia que se ven sometidas a injustos procedimientos de desalojos por la falta de regularización de su condición de propietarios en el Registro respectivo, aun habiendo transitado toda su vida en el lugar, sus afectos, ancestros y sus proyectos por venir.
Luego de la década del ´90, los desalojos rurales se vienen incrementando en nuestro país, proceso que se agravó en los últimos años, afectando de modo grave a nuestra provincia, por la expansión de la frontera agrícola impulsada fuertemente por la sojización. En este sentido, el presidente de la CC-ARI provincial declaró que “hay que detener de modo urgente el proceso de expulsión que sufren los pequeños productores santafesinos. Nuestro partido presentó un proyecto de ley que evita estos desalojos, a través de la presidente del bloque de la CC-ARI en diputados, Susana García, que recibió media sanción en la Cámara de Diputados y espera el apoyo de los Senadores”, detalló el legislador.
El presidente de la CC-ARI Santa Fe, insistió en su reclamo al Estado provincial para que tome cartas en el asunto y evite estos casos de expulsiones en los que las fuerzas policiales actúan con brutales procedimientos e incluso, con quema de viviendas. “Apoyamos a la diputada Susana García en su demanda al ejecutivo de que no ignore lo que está pasando. Los desalojos implican el socavo de derechos humanos. Es por eso que pedimos la aprobación de esta ley para garantizar el acceso a la tierra como condición ineludible para el goce de otros derechos fundamentales", concluyó Bermúdez.
El referido proyecto prevé declarar, por el término de 5 años, la emergencia en materia de propiedad y posesión de las tierras ocupadas por los pequeños productores, familias de trabajadores rurales o campesinos que acrediten una ocupación efectiva, ininterrumpida y continuada del predio rural por un término superior a 10 años y suspender por el plazo de la emergencia, la ejecución de sentencias, actos procesales o resoluciones administrativas, o de cualquier otra índole, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación inmediata de tierras de campesinos.
“El acceso a la tierra, el respeto a la posesión de quienes viven en ella durante toda su vida, es condición para el desarrollo de la igualdad de oportunidades, la justicia social y el arraigo efectivo de los santafesinos en su lugar de origen, donde desean vivir, desarrollar sus proyectos de vida y ver crecer a sus hijos” puntualizó Ariel Bermúdez, al tiempo que insistió “esta ley es urgente para terminar con los excesos policiales y la connivencia entre sectores políticos, económicos y judiciales para favorecer negocios agropecuarios especulativos”.
