Por Alejandro Raymond, Área de Comunicación de Fundapaz
Muchos ambientalistas ven el Protocolo de Kyoto como la última esperanza para contrarrestar el calentamiento global, pero un número considerable de críticos de la sociedad civil señalan que los mecanismos de mercado "flexibles" del Protocolo, permiten a los contaminadores corporativos evadir sus obligaciones de reducir sus emisiones mediante la compra y venta de sumideros o activos de carbono.
Contrariamente a la creencia popular, el Protocolo de Kyoto no compromete a los países industrializados a recortes sustanciales en sus emisiones de carbono, causantes del efecto invernadero, sino que deben reducirlas solamente en un 5.2% debajo de los niveles emitidos en 1990 a más tardar en 2012.
Esta es una meta insignificante en comparación con lo que los expertos del clima dicen que se necesita para evitar una catástrofe planetaria.
Bajo el Protocolo, la ONU distribuyó derechos a contaminar a 38 naciones industrializadas, cuyos gobiernos están silenciosamente repartiendo estos derechos de manera gratuita a los mayores contaminadores corporativos, en sectores como generación de electricidad, petróleo, acero, cemento, química, pulpa y papel.
Estos derechos de contaminación son comerciables, teniendo en cuenta que bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio, una corporación puede comprar un sumidero de carbono para compensar sus propias emisiones. Por sumidero de carbono nos referimos a cualquier cosa que mantenga gases invernadero fuera de la atmósfera, al prevenir su escape o al secuestrarlos.
Los bosques y plantaciones de árboles son los sumideros preferidos, ya que los árboles remueven carbono de la atmósfera y lo secuestran en su madera.
Por lo tanto, la inclusión de los bosques en el mercado de carbono conocido como REDD (Reduciendo Emisiones de Deforestación y Degradación) ha causado protestas y rabia en muchas partes del mundo. Unos 60 millones de pueblos indígenas dependen de los bosques para su sobrevivencia y se consideran los más amenazados por REDD, ya que las empresas podrían expropiar los bosques e impedirles el acceso a los mismos.
Por lo tanto, los líderes indígenas son los críticos más destacados. Así, el Foro Internacional de los Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático declaró que "REDD robará nuestras tierras, los Estados y comerciantes de carbono tomarán control de nuestros bosques".
En el Documento Marco del Programa de la ONU sobre REDD se evidencian estas contradicciones, ya que afirman que este proyecto podría "quitar las aspiraciones legítimas de las comunidades a desarrollar la tierra; socavar los avances que se ganaron con tantísimo esfuerzo en las prácticas de manejo forestal; causar que el aprovechamiento de los bosques sea exclusivamente para captura de carbono y que se divorcia del desarrollo; o socavar los valores de conservación arraigados en culturas y no en ganancia".
Como si fuera poco, el documento también reconoce que REDD podría causar graves violaciones de los derechos humanos y ser un desastre para los pobres porque podría "marginar a los sin tierra y a aquellos con derechos colectivos de uso de la tierra."
Eso es casi el equivalente a que la ONU reconozca que REDD podría socavar los derechos de Pueblos Indígenas y comunidades locales para el uso y propiedad de sus tierras. ¿Podría ser que la ONU esté abriendo camino para que naciones industrializadas puedan hacer una expropiación masiva de tierras?
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