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Chile, Colombia, México y Perú solicitaron hoy en la XX Conferencia de las Partes (COP20) sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, que se efectúa en Lima, la aprobación de un acuerdo global vinculante para reducir la pobreza con desarrollo sostenible.
 
Los presidentes Ollanta Humala (Perú), Michelle Bachelet (Chile), Juan Manuel Santos (Colombia) y Enrique Peña Nieto (México), cuyos países conforman la Alianza del Pacífico, urgieron a alcanzar una base sólida y vinculante, bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, en el borrador que se enviará a la COP21 de París en 2015.
 
Los mandatarios de Perú, Chile y Colombia expusieron sus puntos de vista al inaugurar la Sesión de Apertura del Segmento Presidencial Intervenciones de los Jefes de Estado y de Gobierno de la COP20 y la Décima Sesión de la Conferencia de las Partes que sirve como reunión para el Protocolo de Kioto (CMP10), que concluirá el 12 de diciembre.

Los defensores del derecho a la tierra nunca se han visto tan afectados por la represión, según denuncia el Observatorio en un informe que se ha publicado hoy en Filipinas, México, Honduras, Sudáfrica e Indonesia, y que se presentará mañana en el marco del Foro Anual de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. La presión en torno a la tierra se ha hecho insostenible y movilizarse para exigir que se respeten los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades afectadas se ha convertido en una actividad de alto riesgo. 

«Este informe ilustra la lucha diaria de los defensores del derecho a la tierra, que a menudo se enfrentan a verdaderos “depredadores económicos” ávidos de un desarrollo desenfrenado. Los defensores del derecho a la tierra a menudo viven en zonas aisladas y alejadas de los actores influyentes, lo cual facilita que se ejerza violencia en su contra; una violencia a la altura de las sumas desmesuradas que están en juego» , ha declarado Karim Lahidji, Presidente de la FIDH. 

Entre 2011 y 2014 el Observatorio documentó 43 casos de asesinatos de defensores del derecho a la tierra y 123 de hostigamiento judicial, en ocasiones acompañado por detenciones arbitrarias. Estos números solamente reflejan una parte ínfima de una realidad que afecta a todas las regiones del mundo y perjudica especialmente a Asia y Latinoamérica. 

Amnistía Internacional (AI) denunció hoy un incremento de la violencia contra los defensores de los derechos humanos en Latinoamérica y exigió a los Gobiernos que tomen medidas para garantizar su protección.
 
En el informe "Defender los derechos humanos en las Américas: necesario, legítimo y peligroso", la organización documenta ataques, represión e intimidación de los activistas "que son constantemente perseguidos y atacados en represalia por su trabajo", según la directora de AI para el continente americano, Erika Guevara.
 
"En varios países hemos visto un preocupante y vergonzoso aumento de la violencia y la represión por el mero hecho de defender los derechos humanos y la justicia", declaró Guevara.

Con motivo del Día de los Derechos Humanos, Survival International, el movimiento global por los derechos de los pueblos indígenas y tribales, advierte sobre la creciente crisis humanitaria que sufren los pueblos indígenas por todo el mundo destacando cinco casos de indígenas asesinados que luchaban por su tierra y sus derechos:

– El pasado mes de noviembre una portavoz guaraní de Brasil, Marinalva Manoel, fue brutalmente apuñalada y arrojada a la cuneta de una carretera. Marinalva luchaba por la restitución de las tierras guaraníes, que ahora ocupan en su mayor parte terratenientes ganaderos.

– Cuatro líderes asháninkas de Perú fueron asesinados a punta de pistola el pasado mes de septiembre. Todos ellos eran conocidos por su trabajo contra la tala ilegal en la selva amazónica, que los convirtió en un blanco principal.

Las acciones de incidencia son una valiosa herramienta de la ciudadanía para conseguir cambios en las instituciones oficiales de gestión de la tierra y el territorio.
 
Por lo general, las acciones de incidencia con mayor notoriedad comprometen la adopción, reforma o aplicación de normas y políticas públicas, pero junto a estas iniciativas existen otros esfuerzos para mejorar las condiciones de vida o las posibilidades de desarrollo de sectores específicos de la población de un país. Tanto las iniciativas de incidencia con alcance general como las que persiguen fines particulares, son igualmente laboriosas porque en el núcleo de la acción existe un problema de relaciones de poder.
 
En las zonas rurales de América Latina las relaciones de poder tienen un matiz especial porque allí se expresan con mayor nitidez los factores estructurales que intervienen en la desigual distribución de las oportunidades, los recursos y la riqueza de un país. Incluso en países donde se aplicaron reformas agrarias radicales como Bolivia, Chile y Perú o donde existen movimientos campesinos importantes, perdura una estructura bipolar de tenencia de la tierra: por un lado, un número relativamente pequeño de inversionistas y capitalistas controlan grandes extensiones de territorios o las tierras más ricas; y por otro lado, un inmenso número de indígenas, campesinos o agricultores empobrecidos controlan minifundios o territorios con barreras de todo tipo (económicas, geográficas, culturales, etc.), forzados con frecuencia a servir a establecer relaciones de subordinación para subsistir.

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